Una investigación de la Contraloría General de la República, cuyos antecedentes fueron revelados por la Unidad de Investigación de un medio nacional desató preocupación dentro y fuera de Chile tras detectar graves falencias en el ingreso de cientos de niños, niñas y adolescentes haitianos al país durante 2025, bajo la figura de reunificación familiar.
El informe reservado advierte que numerosos menores ingresaron en vuelos chárter acompañados por adultos cuya relación familiar no siempre fue verificada por las autoridades. En algunos casos, un mismo adulto habría ingresado al país en reiteradas oportunidades acompañando a distintos grupos de menores, situación que hoy forma parte de una investigación.
Uno de los antecedentes más preocupantes es que, durante las verificaciones realizadas en terreno, no fue posible establecer el paradero de parte de estos niños, lo que encendió las alarmas sobre una eventual vulneración de sus derechos y la necesidad de esclarecer qué ocurrió tras su ingreso al país.
El caso ya trascendió las fronteras. Deutsche Welle informó que la Fiscalía chilena investiga un posible caso de tráfico de menores luego de que se detectaran deficiencias en la comprobación del vínculo entre los niños y los adultos que los acompañaban.
Por su parte, El País de España publicó un reportaje señalando que más de 200 menores haitianos que ingresaron a Chile permanecen con paradero desconocido, indicando que los viajes se realizaron bajo el mecanismo legal de reunificación familiar, pero que posteriormente no existió rastro de muchos de ellos.
En Estados Unidos, Bloomberg también abordó el tema, destacando que un informe confidencial de Contraloría detectó fallas en los controles migratorios y en la verificación de los acompañantes. Según el medio, un mismo adulto aparecía reiteradamente como responsable de distintos grupos de menores, quienes posteriormente no pudieron ser ubicados por los fiscalizadores.
Los antecedentes han generado fuertes cuestionamientos sobre la eficacia de los controles migratorios y los mecanismos de protección de la infancia. Diversos sectores han solicitado que el Ministerio Público profundice la investigación para determinar si existieron delitos como tráfico de personas, trata de menores o negligencias administrativas.
Mientras la investigación continúa, el caso ya se transformó en uno de los episodios más sensibles en materia migratoria de los últimos años y mantiene bajo escrutinio el funcionamiento de los organismos encargados del control de ingreso y protección de niños, niñas y adolescentes.
Importante: Las investigaciones se encuentran en desarrollo. Hasta ahora, los antecedentes conocidos corresponden a informes de fiscalización y diligencias en curso, por lo que no existe una resolución judicial que establezca responsabilidades penales.
