Una solicitud ante Contraloría busca esclarecer los antecedentes expuestos en el Concejo Municipal de Teno, luego de que el alcalde Wildo Farías reconociera haber sostenido una reunión privada con una empresa interesada en la licitación del servicio de recolección de residuos domiciliarios de la comuna.
La presentación fue realizada por Matías Rojas M., quien solicitó formalmente que la Contraloría General de la República investigue y determine si existieron eventuales infracciones a las normas que regulan los procesos de contratación pública.
El caso fue expuesto durante la última sesión del Concejo Municipal, instancia en la que, de acuerdo con los antecedentes entregados por Rojas, el alcalde Wildo Farías reconoció haberse reunido en privado con representantes de una empresa interesada en adjudicarse el millonario contrato de recolección de basura.
Según la presentación, en respuesta a las consultas formuladas por el concejal Matías Díaz, el jefe comunal habría señalado que el tema abordado durante dicho encuentro correspondía precisamente a la licitación actualmente en desarrollo, destinada a cubrir el servicio hasta el año 2030, por un monto superior a los $2.800 millones.
Rojas sostiene que la situación debe ser esclarecida debido a las disposiciones de la Ley N.º 19.886, que establece normas destinadas a garantizar la transparencia, igualdad de trato entre los participantes y probidad en los procesos de contratación pública.
La solicitud también plantea dudas respecto de la forma en que se habría producido el encuentro y si este fue realizado mediante los canales formales establecidos para este tipo de situaciones, incluyendo las obligaciones relacionadas con la Ley de Lobby y eventuales conflictos de interés.
Desde la presentación se recalca que corresponde a los organismos fiscalizadores determinar si los hechos denunciados configuran o no alguna irregularidad.
La solicitud ingresó formalmente a la Contraloría General de la República bajo el N.º 369793/2026.
Ahora será el organismo fiscalizador el que deberá analizar los antecedentes y determinar si corresponde iniciar acciones de fiscalización o investigación respecto del proceso.
🔎 La pregunta que queda instalada en Teno es clara: ¿se respetaron todas las reglas de transparencia y probidad en una licitación que supera los $2.800 millones?
