La crisis financiera y administrativa que afecta al Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Río Claro continúa generando repercusiones, luego que la Contraloría Regional del Maule emitiera un contundente informe donde se acreditan responsabilidades administrativas de funcionarios municipales y del alcalde Américo Guajardo Oyarce.
Tras conocerse los antecedentes, el Concejo Municipal aprobó acudir al Tribunal Electoral Regional (TER) del Maule, en medio de cuestionamientos por el manejo de recursos públicos y eventuales vulneraciones al principio de probidad administrativa.
Contraloría aplicó sanciones a funcionarios del DAEM
El sumario administrativo instruido por la Contraloría concluyó con sanciones para diversos funcionarios ligados al área de educación municipal.
Entre ellos aparece José Hernández González, ex jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal de Río Claro, a quien se le aplicó una multa correspondiente al 25% de su remuneración diaria y una amonestación por escrito, de acuerdo con lo establecido en el Código del Trabajo y el reglamento interno municipal.
Asimismo, el organismo fiscalizador sancionó al ex director de Educación Municipal, Luis Jara Galaz, y al jefe de Finanzas del Departamento Comunal de Educación, Raúl Pinto Bravo, ambos también con multas y amonestaciones administrativas.
Según la investigación, las irregularidades estarían relacionadas con movimientos de recursos para enfrentar déficits financieros en educación, pese a que existían advertencias internas respecto de posibles incumplimientos normativos y riesgos legales.
Responsabilidad administrativa del alcalde
El informe de Contraloría además estableció responsabilidad administrativa del alcalde Américo Guajardo Oyarce en los hechos investigados.
De acuerdo con la resolución, al jefe comunal se le formuló un cargo administrativo derivado de los antecedentes recopilados durante el sumario, situación que deberá ser puesta en conocimiento del Concejo Municipal para los efectos que correspondan.
Funcionarios del DAEM habrían declarado durante la investigación que parte de los movimientos financieros cuestionados se realizaron mediante decretos alcaldicos y bajo instrucciones directas de la autoridad comunal.
Contraloría descartó delitos penales
Pese a la gravedad de las observaciones administrativas, la Contraloría precisó que en la investigación no se acreditaron responsabilidades penales ni civiles, señalando que no se detectaron hechos constitutivos de delito.
No obstante, el organismo sí concluyó que existió desorden administrativo y manejo irregular de recursos dentro del sistema educativo comunal.
El caso ahora podría escalar al TER
El caso podría tener nuevas consecuencias políticas, luego que el Concejo Municipal aprobara recurrir al Tribunal Electoral Regional del Maule para analizar los antecedentes y eventuales responsabilidades del alcalde.
La situación ha generado amplio debate en la comuna de Río Claro, especialmente por tratarse de recursos públicos destinados a educación y por el impacto financiero que habría provocado en las arcas municipales.
Mientras tanto, el informe de Contraloría vuelve a poner sobre la mesa las críticas respecto al control interno, la transparencia y la administración de fondos públicos en municipios del país.
