De forma exitosa se aprobó este lunes en la Cámara de Diputados y Diputadas el proyecto que modifica el Código del Trabajo y otras leyes en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarios de pensión de invalidez.
El texto, se aprobó de forma unánime en la Comisión de Hacienda para luego pasar a Sala, donde fue acogido de forma exitosa. Su objetivo es reforzar la inclusión laboral de personas con discapacidad, tanto en el sector público como el privado, además de establecer la obligación de la Dirección del Trabajo de mantener un registro público sobre inclusión laboral.
El proyecto, fue modificado por la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, donde se implementaron cambios vinculados principalmente a tres materias: multas en el sector privado, donaciones como forma subsidiaria de cumplimiento por empresas obligadas; y fiscalización en el sector público.
Respecto a lo anterior, la diputada Mercedes Bulnes, se refirió a las modificaciones, que son necesarias, pero no son todo lo que se deseaba desde la Comisión: “Las modificaciones son correctas, pero no son todo lo que esperábamos. Van en la dirección correcta, ya que las personas con capacidades diferentes necesitan el derecho al trabajo, necesitan poder aportar a la sociedad y recibir reconocimiento. Trabajar es un derecho, pues, nos permite formarnos una identidad, desarrollarnos como personas y luchar por nuestros sueños. Lamentablemente no se pudo evitar que el aumento de la cuota de inclusión en el sector público se vea supeditado a que se alcance determinado porcentaje de cumplimiento.”
Además, la diputada Bulnes expuso sobre el trabajo transversal que se realizó para aprobar estas modificaciones en la Cámara: “Este es un proyecto que trabajamos en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, y que reforzamos desde la izquierda hasta la derecha con la colaboración del gobierno, todos por una causa común que la de las personas con capacidades diferentes”.
Entre los fines de la propuesta se cuenta establecer una obligación para unidades laborales con más de 100 trabajadores. La idea es que se reserve, al menos, un 2% -que actualmente es un 1%- de sus puestos de trabajo para personas con alguna discapacidad física, mental o sensorial de carácter temporal o permanente o personas asignatarias de una pensión de invalidez. Adicional a esto, se propone equiparar los estudios en escuelas especiales con los de educación formal, para ingresar a la administración del Estado, entre otros aspectos..
