Desde hace cuatro meses que la Fiscalía de Cauquenes venía realizando diversas diligencias a fin de establecer el delito donde figura por ahora como única responsable, la encargada del Registro Civil de esa comuna Liliana Ríos Concha.
La investigación permitió establecer con claridad de que ella recibió el pago de más de 800 transacciones de vehículos que se realizaban en las notarías de la ciudad costera del Maule y cuyos documentos fueron encontrados al interior de su propia oficina. Sin embargo, nunca se cumplió con la tramitación de éstas en el Sistema de Vehículos Motorizados y no ingresaba ni el contrato al sistema ni los fondos al erario público. De esta forma no se le daba tramitación a la inscripción legal de los vehículos quedándose ella con una suma de dinero de 24 millones 207 mil pesos.
El fiscal jefe de Cauquenes Francisco Ávila quien encabezó la investigación y dirigió las actuaciones de la PDI, señaló que ”el Ministerio Público formalizó y comunicó cargos por el delito de malversación de caudales públicos y que consiste en la apropiación que la funcionaria efectuó del dinero proveniente de las notarías, en específico de las transferencias de vehículos que debían ingresar al registro civil y de esta forma efectuar la inscripción en el registro nacional de vehículos motorizados. Estas transferencias no efectuadas, no inscritas y con el dinero pagado por parte de los contribuyentes asciende a un total de 879 contratos y un monto de 24 millones de pesos. De esta forma la fiscalía de manera muy rápida y a penas conocidos los hechos, dispone la toma de declaraciones a notarios, funcionarios del registros civil y otros intervinientes, pudiendo establecer que la imputada había efectuado esta sustracción de los caudales públicos y por ende caía en la hipótesis de malversación y por la cantidad supera las 40 Unidades Tributarias Mensuales, lo que agrava el delito. Por todo ello el Ministerio Público pidió la prisión preventiva”.
El tribunal acogió cada uno de los argumentos presentados por el fiscal Ávila y dispuso la prisión preventiva de la oficial civil de este organismo público, fijando además un plazo de investigación de tres meses.
