Durante la revisión del proyecto de ley para permitirle a las municipalidades distribuir y comercializar gas licuado, el Ejecutivo presentó una reserva de constitucionalidad que le permitiría impugnarlo ante el Tribunal Constitucional en caso de ser aprobado. La Cámara de Diputados retoma hoy la discusión sobre la iniciativa y votará la idea de legislar al respecto.
La Sala de la Cámara de Diputados comenzó este martes la discusión del proyecto de ley que busca autorizar a los municipios para distribuir y comercializar gas licuado.
La iniciativa surgió a raíz de los altos costos del recurso y los cuestionamientos a las empresas del mercado del gas, donde un estudio de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) detectó una preocupante falta de competitividad y recomendó hacer cambios urgentes al respecto.
Por esto, en el Congreso se busca permitir el ingreso de los municipios como un actor de mercado que entregue una alternativa más barata a los consumidores. Sin embargo, el Gobierno ya busca torpedear la iniciativa.
El Ejecutivo presentó una reserva de constitucionalidad sobre el proyecto, con lo que adelanta que podrían recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para impugnarlo en caso de ser aprobado.
Fue en concreto la subsecretaria de Desarrollo Regional, María Paz Troncoso, quien hizo reserva de constitucionalidad por tratarse de una iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
La subsecretaria planteó que esta legislación podría generar nuevas distorsiones en una industria ya cuestionada por la FNE.
Durante el debate en Sala, algunos diputados también pusieron en duda la capacidad de los municipios de sostenerse como distribuidores y vendedores de gas licuado.
Este miércoles, la Cámara retomara la discusión sobre este proyecto de ley y votará la idea de legislar al respecto, tras lo cual, en caso de aprobarse, se pasaría a la revisión en particular de sus artículos.
