Hace poco más de un mes atrás la Municipalidad de Curicó informó a los ocupantes de la toma “Puerto Príncipe” en el sector Dragones Sur que tenían 30 días para desalojar el lugar de forma pacífica. El plazo ya venció, sin embargo ahora hay que esperar que la Corte Suprema resuelva un recurso de protección presentado a favor de algunos ocupantes.

La idea desde un principio fue hacer del desalojo un proceso pacífico, para lo que incluso se instalaron letreros en la entrada de la toma y se prometieron ayudas con el cambio a un nuevo lugar. Ahora con el plazo vencido correspondería proceder con el desalojo judicial, lo que implicaría la intervención de un ministro de fe, como lo sería un receptor judicial y apoyado por Carabineros.

Juan Barrera, Director Jurídico de la Municipalidad de Curicó comentó al respecto:

Además, las lluvias de los últimos días hacen que sea aconsejable esperar condiciones climáticas favorables para llevar a cabo el desalojo, esto es no poner en riesgo a las familias y a los menores de edad que viven en el lugar, aparte de electrodomésticos u otros aparatos electrónicos que se podrían echar a perder en contacto con la lluvia.

Este terreno está siendo ocupado ilegalmente desde el año 2022 principalmente por personas que se encuentran en estado irregular en Chile, situación que viene causando molestias en los vecinos del sector que han visto desde entonces afectada su calidad de vida.

A partir de hoy los pobladores de la toma “Puerto Príncipe” en el sector sur poniente de Curicó tendrán 30 días exactos para desalojar el terreno ubicado en el sector sur oriente de la ciudad, esto a raíz de un dictamen del Juzgado de Garantía de Curicó.

Desde la municipalidad recalcan el carácter pacífico de esta acción, que pudo también haberse realizado por “la mala”, es decir, notificar la ocupación e inmediatamente acudir al lugar de la toma con Carabineros para que las personas desalojen.

El director jurídico de la municipalidad, Juan Barrera, asegura la acción sólo busca dar cumplimiento al fallo del tribunal y que facilitarán los medios para hacerlo, por ejemplo, instalando letreros también en creole. 

“Disponen del plazo de 30 días para los efectos de que hagan abandono voluntario y pacífico de este terreno municipal, de no verificarse tal situación nosotros continuaremos con el procedimiento judicial establecido y, por lo tanto, ya ahí pasaríamos a la segunda etapa que ya implica la materialización a través de un receptor judicial y con el auxilio de la fuerza pública de desalojar a estos ocupantes “ comentó Barrera.

En el lugar se construyeron 247 viviendas, lo que significa una infracción  directa a la Ley General de Urbanismo y Construcción.

Se trata de un terreno municipal que desde el 2022 ha sido utilizado con fines habitacionales, en su mayoría por personas extranjeras y sin contar con las autorizaciones respectivas. La situación ha generado molestias a los vecinos del sector Dragones Sur, que desde entonces han visto afectada su calidad de vida.