los antecedentes fueron remitidos al Ministerio público, para su investigación.

Los hechos ocurrieron el día viernes 8 de noviembre del año en curso, en dónde el Alcalde de Sagrada Familia Osvaldo Jorquera, agredió al comunicador social Francisco Sotelo en un café centro de la ciudad de Curicó, La querella nace de la agresión sufrida por el comunicador social y director de Crónica noticias Curicó, no teniendo provocación alguna por parte del comunicador social

Se han realizado diligencias por parte de la SIP de Carabineros de Chile, por instrucción del Fiscal de Turno, quien tomo conocimiento del hecho, al momento de estampar la denuncia correspondiente por el afectado, quienes ya han recabado declaraciones de testigos y videos de cámaras de seguridad del lugar, donde se aprecian los hechos denunciados, esta agresión fue detenida por personas que acompañaban al Alcalde Jorquera el día de los hechos. Además se instruyo la detención del imputado Jorquera el mismo día d elos hechos, al no ser encontrado dentro de las 12 horas de fragancia, no pudo ser puesto a disposición de los tribunales de Justicia.
Investigación que se llevo por este medio, se pudo obtener la versión de la víctima y testigos, quienes manifestaron que el Edil se abalanzo sobre la víctima y lo agredió físicamente y verbalmente, además provocando daños silla del café Bigger, como un equipo celular de la víctima, hechos que fueron si provocación alguna.

Buscarán en tribunales revertir desvinculación laboral por motivos políticos

Ante el Tribunal laboral de Curicó fue interpuesta la demanda contra el FOSIS (Fondo de Solidaridad e Inversión social), acción legal que fue presentada por un ex funcionario de este servicio, quien acusó haber sido desvinculado en forma arbitraria y a su juicio por motivaciones políticas.

El abogado curicano Carlos Rozas patrocina la demanda contra el servicio público, argumentando que su defendido, Max Ramírez Ferrer, fue desvinculado el 31 de diciembre pasado, sin habérsele entregado explicación alguna, ni considerando el apoyo que este significó para esta repartición pública.

«Con esta demanda se está pidiendo el reconocimiento de la relación laboral existe entre mi representado y el servicio público en cuestión; se le está pidiendo el pago de indemnización por año de servicio, que asciende a casi 4 años, más el incremento del 50 por ciento de la indemnización sustitutiva, y la indemnización por no aviso previo de este despido injustificado del cual fue víctima mi representado», explicó.

Sostuvo el profesional que actualmente las desvinculaciones desde servicios público no deben estar vinculados a la confianza de los gobiernos de turno, agregando que «hay jurisprudencia sobre el tema, que ha cambiado el escenario en comparación con lo que ocurría en años y décadas anteriores, en que la desvinculación y contratación se regía por la confianza de las nuevas autoridades en torno a sus funcionarios».

«La verdad es que a mi representado no le dieron explicación específica, ni técnica del despido, no hay fundamento legal para el despido y a mayor ahondamiento hay que señalar que la jurisprudencia en el tema laboral ha cambiado, ya que cuando existe más de dos contratos y más de dos años de trabajo, hay un reconocimiento de una relación laboral, como ocurre en este caso», insistió el abogado.

En tanto, el afectado por la desvinculación, Max Ramírez, contó que «no se le entregaron razones técnicas para su desvinculación, ni siquiera explicación de la jefatura que había asumido diez días antes que fui sacado de mis funciones, por lo que claramente apuntamos a que la desvinculación correspondió claramente a motivaciones políticas».

El ex funcionario de FOSIS sostuvo que la idea de esta acción legal es “marcar un precedente frente a lo que ocurre siempre en los cambios de gobierno en que son afectados funcionarios y sus familias, al dejarlos simplemente sin trabajo a causa de razones políticas y no técnicas, ni de desempeño, ni de calificación, porque supuestamente para eso son las calificaciones”, acotó Ramirez.

Municipalidad de Vichuquén mantiene millonaria deuda, que por «expresa orden del alcalde Roberto Rivera y en forma unilateral, arbitraria e ilegal», dejaron de pagar.

Una querella por el delito de desacato, presentó el abogado Mauricio Murillo González, en contra del alcalde de la comuna de Vichuquén, Roberto Rivera Pino, tras el incumplimiento reiterado de sentencias judiciales que le obligan al pago adeudado a la vecina de la comuna, Eileen López López, por el arriendo de un inmueble que es usado como oficina municipal.

En mayo del 2017, firmó contrato de arriendo con la Municipalidad liderada por Rivera Pino, compromiso que tendría vigencia de 3 años; Es decir, el contrato se encontraba vigente hasta el día 30 de abril del año 2020.

Según la querella, a partir del mes de junio de 2019, a pesar de encontrase plenamente vigente el contrato de arriendo, la Municipalidad de Vichuquén, por expresa orden del alcalde Roberto Rivera, y en forma “unilateral, arbitraria e ilegal, dejó de pagar las rentas de arrendamiento pactadas”.
Tras el incumplimiento del pago correspondiente, Eileen López, interpuso en el Juzgado de Letras de Licantén una demanda de cobro de rentas y término de contrato en contra de la Municipalidad de Vichuquén. Esta demanda fue acogida favorablemente mediante en diciembre de 2020, la cual se encuentra en estado de causa ejecutoria. Sin embargo, la Municipalidad de Vichuquén nuevamente por “expresa orden del alcalde Roberto Rivera, se ha opuesto contumaz e ilegalmente a dar cumplimiento de la citada sentencia”.

En febrero de este año, el Tribunal condenó a la Municipalidad de Vichuquén a cumplir con la sentencia, mediante el dictamen del correspondiente decreto de pago y la entrega de inmueble en el plazo de 10 días, a contar del día 12 de febrero de 2021.

En resumen, dicho plazo ha vencido, sin que la Municipalidad de Vichuquén y su alcalde, haya dado cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal.

Fuente publico red

Una querella criminal POR INJURIAS Y CALUMNIAS se dedujo, y se declaro admisible, en contra de la fiscal María José Bowen y contra del director de Investigaciones Héctor Espinosa, por el Perito Cientista Criminalístico Francisco Pulgar, el cual es patrocinado por el abogado Lorenzo Morales Cortés, en donde se solicitan condenas por la declaraciones proferidas en contra de Francisco Pulgar, en el marco de la investigaciones por el Caso Ambar.

Proferidas el 6 de Agosto en de la tarde, en donde se indican un conjuntos de calificativos improcedentes en contra del querellante, los cuales se enmarcan dentro de DELITOS DE INJURIAS Y CALUMNIAS GRAVES, ilícitos previstos y sancionados en los artículos 412, 414, 416, 417 y siguientes del Código Penal. En relación a los delitos de Injuria y Calumnia. Querella ri 1985-2020 de Villa Alemana).