Hoy se publicó la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) correspondiente al año 2023, la que posicionó a la Región del Maule como una de las más seguras, manteniendo porcentajes de victimización por debajo del promedio nacional. 

En esta misma línea, en la séptima región un 4,4% aseguró que su hogar sufrió algún tipo de asalto, mientras que el promedio nacional se ubicó en el 8,1%, siendo una de las más seguras, solo por detrás de Coquimbo, Aysén y Magallanes. Respecto a la victimización de personas, el Maule se sigue ubicando bajo el porcentaje nacional, con un 3,3% respecto al 5,6% total. 

La ENUSC fue hecha de forma presencial a 49.813 viviendas a lo largo del país, desde julio del 2022 a diciembre del 2023 y arrojó que un 21,7% de los entrevistados sufrió algún tipo de delito, una disminución casi nula ya que para el 2022 el porcentaje fue de un 21,8%. En este mismo sentido, 87,6% de la población cree que la delincuencia aumentó, mientras que en 2022 esta estadística era de 90,6%.

El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, comentó que hoy “podemos poner a disposición información de extrema relevancia, información que queremos que se transforme en un elemento en la toma de decisiones. Las encuestas no cumplen con toda su función si solo gatillan y estimulan un debate público, sino que la idea es que los estudios tan grandes y serios como este sean útiles en la toma de decisiones”. 

Autoridades

La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana es un trabajo en conjunto entre la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) consiguiendo este año la mayor representatividad desde su creación hace 20 años.  

Estrategia Nacional 2024 Contra el Comercio Ilícito es el nombre del nuevo plan que busca disminuir el comercio ilegal, que entre otras cosas esconde el narcotráfico, la trata de blancas y otros delitos.

Ya en enero de este año el subsecretario de Prevención del delito y el presidente de la Cámara Nacional de Comercio se reunieron con delegaciones de Argentina, Bolivia y Perú para coordinar esfuerzos en el tema.

En esta instancia se prometieron dos líneas de acción, una operativa y otra legislativa. En la primera habrá más de 400 operativos de fiscalización a lo largo del país de aquí a fin de año y la recuperación de espacios públicos críticos.

En la segunda línea de acción, se acordaron los pasos a seguir para mejorar la normativa. El Ministerio Público fortalecerá la persecución de delitos contra comerciantes y trabajadores, por ejemplo grupos asociados al comercio ilícito que cometan extorsión.

Se consagrará el delito de robo, hurto y extorsión, tipificados en la ley de propiedad industrial, como base del delito de lavado de activos. Y por último, se prometió también enviar una propuesta de mejoras legales al Congreso en las siguientes semanas.

Comercio ilícito, ilegal, o en otras palabras contrabando: Vehículos, falsificaciones, mercaderías sin impuestos, etc. La cooperación entre países de la región será fundamental para frenar este problema.