La iniciativa nace a raíz del último informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), el cual da cuenta de graves problemas de competitividad en el mercado de distribución y comercialización de este combustible esencial para el desarrollo de diferentes actividades.

El informe de la FNE destaca 3 puntos esenciales: baja intensidad competitiva, factores que facilitan una coordinación entre los competidores y que los distribuidores mayoristas (Gasco, Abastible y Lipigas) no traspasan totalmente la reducción de sus costos al público.

El parlamentario que representa las provincias de Curicó y Talca Hugo Rey, explico «la Constitución establece que corresponde al Estado el dominio, absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiendo, entre otros, los depósitos de hidrocarburos y las demás sustancias fósiles. Y que es la ley la que determinará aquellas sustancias que podrán ser objeto de concesiones de exploración o de explotación, con la sola excepción de los hidrocarburos líquidos o gaseosos».

Es en razón de esta norma entonces, que el proyecto modifica la Ley N°9.618, que crea la Empresa Nacional de Petróleo, para autorizarla a intervenir en el mercado de la distribución y comercialización del gas, permitiendo a ENAP asumir una función preponderante en dicho mercado, para que pueda otorgar un servicio de gas domiciliario, o para todo tipo de consumidor final, con precios reales y competitivos, que impidan la coordinación entre oferente privados u otras distorsiones en el mercado debido a la integración vertical u horizontal que es denunciada.

“Hoy día estamos viendo esta alza de precios y vamos a trabajar para que eso cambie, también apoyo a a todos los municipios para que lo antes posible puedan ser distribuidores, con este proyecto de Ley y así lograr que el gas llegué a un precio justo a las familias, generando una disminución de sus gastos mensuales, señaló El parlamentario Hugo Rey Martínez.

Finalizando, el diputado Hugo Rey, reitero «hago expreso mi compromiso, con este proyecto, el que defenderé en todas sus partes y en todas sus etapas, con el fin de lograr la reducción del precio del gas que hoy afecta el presupuesto familiar y que atenta además con la calidad de vida de ellos»

Con una agenda enfocada en reforzar las acciones en materia de salud, el candidato a diputado por el Maule del partido Ciudadano, Mauricio Aguilera, promueve iniciativas como la Ley Niño Feliz; así como Nomás Cartón y Huincha Aisladora, buscando dar prioridad al bienestar colectivo.

Por su parte, la propuesta para crear la Ley Niño Feliz buscará modificar la Ley de Postnatal extendiendo su duración hasta un año, dándoles a los niños más tiempo y cercanía con su familia en su primera etapa de vida.

Por otro lado, las iniciativas Nomás Cartón y Huincha Aisladora se ven complementadas con la exigencia de aumentar el presupuesto para dotar a los centros de salud con equipos, insumos y medicamentos necesarios para brindar una excelente atención.

El abanderado naranja, también busca promover acciones positivas en lo que respecta a la salud mental, por eso propone la Ley Mente Sana y La Ley Chile SI Sonríe para que psiquiatras y odontólogos atiendan con bono Fonasa, aumentando su cobertura, también regulando para frenar los precios excesivos de esas atenciones.

A través de redes sociales y bajo el lema “Salud para el Futuro”, Mauricio Aguilera presentó dichas propuestas e invitó a la ciudadanía a sumarse a no votar por un político sino por un ciudadano.

El proyecto anunciado por el Presidente Sebastián Piñera, en el marco del Día de la Mujer, considera puntos centrales de iniciativa presentada por el parlamentario maulino el año 2018.

El Presidente de la República firmó, este 8 de marzo, un proyecto de ley para agilizar el cobro de deudas por pensiones de alimentos. Esta iniciativa crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, una nómina a cargo del Registro Civil e Identificación, que podrá ser consultado por toda persona con interés legítimo, es decir, deudores de alimentos, el hijo o hija, o representante legal, y las personas o entidades obligadas a consultarlo.

En el Registro estarán inscritas todas las personas obligadas judicialmente al pago de una pensión de alimentos y que adeuden, total o parcialmente, al menos tres cuotas consecutivas del pago de la pensión de alimentos, o cinco discontinuas.

Sobre esta iniciativa, el diputado de Renovación Nacional, Hugo Rey manifestó “estamos bastante contentos con el proyecto presentado por el Presidente de la República, el que  contiene gran parte de lo que nosotros presentamos el año 2018 como iniciativa, proyecto del cual soy autor, que justamente contemplaba la creación de un registro público para tomar algunas medidas respecto de aquellos padres o madres que deben pensiones de alimentos y que lamentablemente no las han pagado, no están al día y con ello perjudicando gravemente el bienestar de sus hijos, que es lo primero y lo más importante”.

El diputado Rey detalló que el proyecto incluye que: durante el proceso de devolución de impuestos, la Tesorería General de la República podrá retener parte del dinero que se adeude; si el deudor vende su inmueble o vende un vehículo, el Conservador de Bienes Raíces o el Registro Civil respectivamente podrán inscribir el traspaso, sobre la medida que se le acredite que con las ganancias se pagarán los alimentos; no se le otorgará al deudor licencia de conducir ni pasaporte -a menos que se acredite frente al Tribunal la necesidad de tales documentos-; se van a retener remuneraciones de los gerentes generales o directores de sociedades anónimas abiertas con transacción bursátil cuando tengan deudas alimenticias; se establece también la inhabilidad para recibir determinados beneficios económicos o bonos por parte de órganos de la administración pública; y si una persona es despedida de su puesto de trabajo y a la vez es deudora pagará la pensión alimenticia a través de la indemnización por años de servicio.

“Se presentan una serie de sanciones o limitaciones que van a afectar a los deudores, y harán más factible que se pongan al día. Son cientos de miles de niños y niñas de nuestro país que hoy día no están recibiendo las pensiones de alimentos que corresponden”, acotando el diputado Hugo Rey que “este proyecto de ley va encaminado a entregar mayor apoyo y dignidad a todos nuestros niños y niñas, por lo tanto, lo vamos a apoyar con toda la fuerza y esperamos que este proyecto sea ley prontamente”.

La Asociación Chilena de Casinos de Juego denunció que el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, está avalando un proceso que está al margen de la normativa vigente.

Ante la publicación de las bases para el próximo proceso de licitación de casinos por parte de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), la Asociación Chilena de Casinos de Juego declara lo siguiente:

Rechazamos de manera categórica el actuar de la Superintendencia de Casinos de Juego, que persiste en un actuar que atenta contra la ley vigente y que está siendo avalado por la Subsecretaría de Hacienda, pese a que se ha señalado la gravedad en la ilicitud en su proceder. En una resolución claramente ilegal, la superintendenta, Vivien Villagrán, aplica las normas fijadas en la ley de 2015, lo que contraviene la normativa dado que esa misma legislación señala expresamente que “los permisos de operación otorgados con anterioridad a la modificación de la presente ley se regirán por las normas vigentes al tiempo de su otorgamiento, salvo que las normas posteriores impliquen mejores condiciones para su operación” (inciso quinto del artículo 3º transitorio de la Ley).

Nuestra denuncia ha sido respaldada por expertos, ex autoridades del sector y parlamentarios, quienes en las últimas semanas han expresado sus críticas frente al proceder de la Superintendencia de Casinos, en el marco de la participación del regulador en distintas comisiones del Congreso.

Lamentablemente, la SCJ ha insistido en este camino errado, presionando indebidamente al sector. Nos llama la atención que la Subsecretaría de Hacienda, organismo del cual depende la Superintendencia, no haya instruido a la entidad técnica que enmiende el rumbo y, por el contrario, avale un proceso que no respeta la ley vigente.

El día de ayer, la Subsecretaría de Hacienda aseguró que el anuncio de un proyecto de ley para la industria se debía, en parte, “a las divergencias en la interpretación de las modificaciones a la ley de casinos de juego aprobadas por el Congreso Nacional en 2015”.

No existen tales divergencias, sino que una actitud de parte de la autoridad que no entiende la normartiva toda vez que la ley es clara respecto a que los casinos adjudicados con anterioridad al cambio legal se deben regir por normas vigentes al tiempo de otorgamiento de los permisos de operación. Creemos que para entregar “la necesaria certeza jurídica” hay que respetar la ley y así lo hizo ver la Comisión de Economía del Senado a la Superintendencia de Casinos, instancia que, además, ofició al Ministerio de Hacienda para que resguarde la certeza jurídica en el sector, tras conocer los alcances del nuevo proceso de licitación.

Asimismo, la Subsecretaría de Hacienda, tras anunciar el comienzo del proceso de licitación, indicó que iniciará una etapa de diálogo con los actores involucrados. Ciertamente es un llamado tardío, frente al cual todos los miembros de la Asociación Chilena de Casinos de Juego coincidimos en que hoy no están dadas las condiciones para sentarse a conversar, mientras exista un proceso de licitación ilegal en curso.

Esta ruta trazada por la SCJ y respaldada por la Subsecretaría de Hacienda tiene consecuencias muy negativas para nuestro sector. El llamado a conversar mientras se desarrolla el proceso licitatorio iniciado por la SCJ, que es un plazo breve, genera sin lugar a dudas una incerteza jurídica que pone en riesgo los US$ 1.400 millones de inversión y miles de empleos que hemos aportado en los últimos 15 años.

Nos parece inoportuno el llamado al diálogo, que más bien parece querer distraer la atención para ocultar una flagrante violación a nuestros derechos y a la legislación vigente. Por eso, a los operadores de casinos hoy no nos queda otra opción que iniciar acciones legales para defender nuestros derechos, lo que derivará en demandas contra el Estado de Chile ante tribunales internacionales, como el Ciadi, y tribunales nacionales y sus autoridades.

La propuesta, que será vista mañana por la Sala de la Cámara, fue aprobada primero por la Comisión de Trabajo y, luego, por Hacienda, en los mismos términos. En lo medular, se establecen beneficios, con motivo de la pandemia, a los padres o madres con permiso postnatal parental o que tengan el cuidado personal de niños o niñas nacidos a contar del año 2013.

En condiciones de ser visto mañana por la sala de la cámara de Diputadas y Diputados quedó el proyecto, en segundo trámite legislativo, que establece beneficios a los padres o madres que estén haciendo uso del permiso postnatal parental o que tengan el cuidado personal de niños o niñas nacidos a contar del año 2013, con motivo de la pandemia originada por el Covid-19.

Lo anterior, luego que fuera hoy aprobado íntegramente su texto por las Comisiones de Trabajo y de Hacienda, instancias que, para el tratamiento de la iniciativa, contaron con la participación del Subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro.

En Trabajo, las y los legisladores lamentaron que el proyecto del Gobierno no incluyera a las madres gestantes – con un postnatal extendido- y aquellas que tienen licencia por enfermedad grave de hijo menor de un año. Pese a estas observaciones, el texto fue aprobado sin modificaciones respecto de lo despachado por el Senado, con la idea de no retrasar la aplicación de la norma.

En todo caso, se acordó abordar los temas mencionados en otro proyecto que sería analizado prontamente y respecto del cual solicitaron el apoyo al Ejecutivo.

El debate en Hacienda, en tanto, se centró solo en los artículos de su competencia que contemplan la licencia médica preventiva parental por causa de la enfermedad Covid-19; los beneficios para los trabajadores al cuidado personal de niños o niñas; y los efectos de la suspensión por motivos de cuidado, respectivamente. El primer punto se zanjó por 13 votos a favor y los otros dos por doce preferencias afirmativas y una abstención.

En segundo término, también se ratificó, por unanimidad, otro grupo de artículos que establecen: la compatibilidad de las prestaciones de la presente ley con el Ingreso Familiar de Emergencia, así como también con otros beneficios económicos que se otorguen; abordan el cálculo, registro y pago de las cotizaciones previsionales y el financiamiento de las prestaciones; hacen extensiva la aplicación de esta ley a los funcionarios públicos; define el financiamiento fiscal de las medidas; y determina que la entrada en vigencia de la ley regirá desde el día de su publicación en el Diario Oficial.

La propuesta

El texto legal contempla una licencia médica preventiva parental por 30 días, prorrogable por dos veces, mientras dure la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe. Además, señala que, si ambos padres hubieran gozado del permiso postnatal parental, cualquiera de ellos, a elección de la madre, podrá optar a esta licencia médica en su beneficio.

Luego, indica que el subsidio derivado de la licencia médica preventiva parental será de cargo de la isapre a la que se encuentre afiliado el trabajador o de Fonasa, según corresponda. El único requisito para obtenerla será comprobar que se venció el postnatal.

Asimismo, se establece que aquellos trabajadores que hagan uso de este beneficio tendrán derecho a una extensión del fuero y se estipuló que será compatible con el ingreso familiar de emergencia, siendo la Superintendencia de Pensiones la encargada de fiscalizar la solicitud y el pago.

En tanto, las y los trabajadores que tengan a sus cuidados niños y niñas, mientras permanezca suspendido el funcionamiento de los establecimientos educacionales, jardines infantiles y salas cunas, por declaración de la autoridad competente para el control de la pandemia, tendrán derecho a solicitar la suspensión del contrato de trabajo, conforme a la Ley de protección al empleo.

La iniciativa también añade una norma que impide al empleador invocar como causal de término del contrato laboral, las inasistencias originadas en el cuidado de niñas y niños.

Finalmente, se precisa que el empleador deberá ofrecer a las trabajadoras embarazadas el adecuar su modalidad de trabajo presencial a otras más apropiadas para el cuidado de su proceso de gestación, en estos tiempos de pandemia.

El   Presidente Sebastian Piñera  promulgó este miércoles 3 de junio en La Moneda la Ley de Portabilidad Financiera, que facilitará los cambios de instituciones bancarias o servicios financieros tanto a las personas como a las pymes, beneficiando a más de 13 millones de personas, en el sector financiero.

Por lo anterior, el Gobernador de Curicó, Roberto González Olave, explicó que esta ley “va a reducir los costos, acortar los plazos y simplificar los trámites, para aquellos que quieran cambiarse de una institución financiera a otra, por ejemplo, en el caso que se le ofrezcan mejores condiciones para sus créditos. Recordemos que en el primer Gobierno del Presidente Piñera, se promulgó la Ley de Portabilidad en la Telefonía Móvil. Hasta antes de esa ley, el número telefónico era propiedad de la compañía, pero gracias a esta nueva normativa, el número pasó a ser de la persona y eso les dio libertad a los usuarios, terminándose así con los clientes cautivos, lo que se tradujo en millones de cambios entre compañías, produciendo finalmente costos menores y mejores, por lo que la portabilidad financiera apunta también en esa misma dirección” dijo González.

La ley establece un mecanismo que les permitirá a las personas comparar la totalidad de costos, intereses y comisiones que le cobran por todos los productos que contrate, facilitando de manera significativa la comparación de alternativas para el cliente.

Además, se le facilita al cliente el proceso de traslado de una compañía a otra, tal como ocurre con la portabilidad de telefonía móvil, siendo el nuevo proveedor quien realice la totalidad de las gestiones a nombre del cliente

La ley promoverá la competencia en el mercado de productos y servicios financieros, impulsando la inclusión financiera y reduciendo los costos de los créditos y de refinanciamiento de préstamos.

En ese sentido, el SEREMI de Hacienda, Alberto Cardemil, agregó que “el compromiso del Gobierno es combatir mejor los abusos y avanzar más rápido hacia una sociedad más justa y que proteja mejor a los consumidores.  Todos estos proyectos buscan una sola cosa: hacer que en nuestra economía y en nuestra sociedad no existan conductivas anticompetitivas, ni carteles, ni monopolio, además de fomentar la transparencia y la mejor información” dijo la autoridad regional.

La Ley de Portabilidad Financiera permitirá traspasar garantías de los créditos contratados desde un acreedor a otro de manera fácil y simple, abaratando el costo de refinanciar créditos en 60% y disminuyendo el tiempo de trámites en un 40%.  

Todos los productos financieros serán objetos de portabilidad y sólo en el caso de los créditos hipotecarios habrá condiciones especiales. Se podrán cambiar de proveedor financiero las cuentas de ahorro, cuentas vista, chequera electrónica, línea de crédito, tarjetas de crédito y débito, créditos de consumo y créditos automotrices, entre otros. 

La Ley entrará en vigencia transcurridos 90 días desde su publicación en el Diario Oficial. Por otra parte, la Ley establece que, en 45 días desde su publicación en el Diario Oficial, el Ministerio de Hacienda y el de Economía deberán publicar un reglamento que regulará todos los aspectos necesarios para la correcta aplicación de esta ley, incluyendo materias tales como los requisitos y plazos de las notificaciones, comunicaciones o aceptaciones.