El fundador de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Chile, Eneas Espinoza, calificó como “sospechoso” el lento avance de las indagatorias que encabeza la Ministerio Público, en el marco de una acusación por violación y amenazas que presentó hace dos años una joven contra el parlamentario del distrito 17.

Su preocupación por el lento avance de la investigación de la denuncia que presentó una joven contra el diputado Francisco Pulgar (IND-PDG), por violación y amenazas, manifestó el fundador de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Chile, Eneas Espinoza.

“Me preocupa que los mecanismos que tienen los abusadores para silenciar víctimas y denuncias estén funcionando”, afirmó.
Las indagatorias se encuentran en manos de la Fiscalía de Talca desde mayo de 2021, cuando la presunta víctima, hoy de 23 años, declaró haber sufrido los graves ilícitos ante la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI.

“Que la justicia no avance es profundamente sospechoso, sobre todo porque la justicia chilena ya tiene antecedentes de ser laxa, por no decir directamente una institución encubridora de otros abusos. Lo hemos visto en reiterados casos de abuso institucional, donde si la figura es poderosa las cosas empiezan a dormir”, señaló Espinoza.

“Yo en lo personal como sobreviviente de abuso sexual en la infancia he estado leyendo la información que circula sobre este caso y es preocupante. Hay que estar alertas respecto de cómo se va desarrollar esto, porque hablamos de alguien que se encuentra dentro de los poderes del Estado, en un lugar muy alto de nuestra sociedad, desde el punto de vista del poder que puede ejercer para conseguir impunidad. Eso es muy peligroso; una persona con una denuncia de este tipo debería inhabilitarse mientras dure la investigación y colocar todo a disposición de la justicia para que, si es realmente inocente como dice, se pueda llegar a una certeza jurídica”, agregó el también periodista.

La causa, que el parlamentario ha intentado sobreseer sin éxito tanto en el Juzgado de Garantía de Talca como en la Corte de Apelaciones local, se mantiene abierta, pero desformalizada. El tribunal de primera instancia cuestionó en su momento la aparente lentitud de la Fiscalía y declaró al organismo en rebeldía.

“Un golpe terrible”
Espinoza se convirtió en un referente en la búsqueda de justicia para sobrevivientes de violencia sexual en la infancia, tras dejar al descubierto los abusos que sufrió por parte de religiosos de la Congregación de los Hermanos Maristas en 2018. En el pasado, ha revelado cómo opera la llamada “cultura de encubrimiento”, que facilita a los victimarios actuar con impunidad.

“Los abusadores construyen un perfil de una figura impecable; son muy simpáticos, choros, buena onda, con una intachabilidad moral que les permite abusar infancias y luego decir que es mentira, que los están atacando o que es una operación política”, aseveró.

“Cuando la justicia deja una causa caída, dormida, -precisó- comienza un proceso de daño a la víctima, que dio un paso muy difícil. Tomar una mochila enorme que tenías sobre tus hombros y colocarla en manos de la policía, jueces y fiscales y que las instituciones no se muevan, es un golpe terrible, porque te das cuenta que uno de tus mayores temores se cumple; que la impunidad se activa, funciona y no pasa nada. Ver al abusador caminando libre en la calle, con acceso a otras víctimas, es muy doloroso, porque tú ya hiciste la denuncia, a un costo humano enorme”.

La supuesta víctima de Pulgar disponía de una orden de alejamiento contra el otrora panelista de televisión, que venció en noviembre de 2022. El primero de varios abusos, que el diputado habría cometido aprovechando una relación de amistad con los padres de la denunciante, ocurrió alegadamente cuando ella tenía 13 años.

El día de hoy, el Juzgado de Garantía de Curicó ABSOLVIÓ de todo cargo a Profesora curicana y su hija, injustamente acusadas de provocar incendio en casa del Ex Prefecto de Curicó ALDO BORRONI. Según sus abogados, Victor Bahamondez Segura y Oscar Vargas Silva, finalmente se hace justicia respecto de sus representadas, quienes desde el inicio de esta investigación alegaron inocencia y sufrieron importantes consecuencias físicas y sicológicas, al ser acusadas de un delito que no cometieron.

Noticia en desarrollo

La abogada Nicole Sepúlveda, que representa a la joven que denunció haber sido violada por
el candidato a gobernador cuando era menor de edad, adelantó que presentará una querella
contra el perito forense y solicitará medidas cautelares.

TALCA. – Una querella por violación y abuso sexual reiterado en grado de consumado interpondrá la defensa de la joven que aseguró haber sido violada por el perito forense y candidato a  gobernador por el Maule, Francisco Pulgar, a los 13 años de edad.
“Notamos una afectación grave a su estado emocional y psicológico y se tomó la decisión de  querellarnos en contra del presunto autor de los delitos (…). Le ofrecimos un equipo jurídico  compuesto por mujeres, para que se sienta acompañada y cómoda”, señaló la abogada Nicole  Sepúlveda, quien asumió la representación de la denunciante.

La jurista, quien es fundadora de la consultora “Defiende tus Derechos”, presentará la acción
legal el próximo viernes.

“Queremos acompañarla también psicológicamente, porque la idea es reparar el daño  psicológico que ella ha sufrido, porque se entiende aquí que desde los 13 años en adelante ella ha sufrido violaciones, abusos y amenazas”, precisó.

Según la denuncia ingresada el pasado 19 de mayo en la Brigada Investigadora de Delitos
Sexuales de Talca, el ex panelista de televisión habría amenazado a la joven con hacerle “algo” a ella o a sus padres si alguna vez relataba lo ocurrido.

“Nosotras queremos una medida de protección para ella y su familia, porque creemos que
efectivamente puede volver a ser amenazada por el presunto autor de estos hechos. Ella tiene  un embarazo bastante avanzado de seis meses y por lo tanto es una víctima de mucho cuidado”, sostuvo la abogada.

La joven indicó en su momento haberse atrevido a presentar la denuncia, precisamente porque  teme por la seguridad del hijo que viene en camino.

Llamado a otras mujeres
La jurista emplazó a quienes dispongan de antecedentes sobre el caso, a acercarse al Ministerio Público.

“Yo le haría un llamado no solo a las mujeres que tengan algún tema con el presunto autor de  este delito, sino en general a todas las mujeres que tienen este tipo de problemas.
Lamentablemente hemos sido vulneradas en nuestros derechos a lo largo historia, de distintas  formas, económica, psicológica, física y sexualmente, y es hora de que digamos no más. Somosiguales en dignidad y derechos”, enfatizó Sepúlveda.

El caso está a cargo de la Fiscalía de Talca, que ya habría ordenado algunas diligencias.

Nuevo escándalo enfrenta el Municipio de Molina.

Esta vez dice relación con una acción judicial en contra de su Edil, Doña Priscilla Castillo Gerli, demandada por parte del Consejo de Defensa del Estado en representación de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), causa que se encuentra con Sentencia en el Primer Juzgado de Letras de Talca, donde se declara el abandono de larga data por parte de dicho Municipio de la construcción del un jardin infantil y sala cuna que tenía por objeto beneficiar a 46 niños y niñas de la Población Don Enrique de la comuna de Molina.

Todo se remonta al año 2012, cuando se suscribe el convenio entre las partes, (JUNJI y Municipio de Molina), sin embargo posterior al año 2012, y en el primer periodo de la actual edil, a través de tres pagos, la JUNJI traspasa la suma de $66.506.811, equivalente a la mitad del monto total del proyecto, para que se concretara su construcción.

Sin embargo, debido a que la demandada persistiera en sus incumplimientos, con fecha 30 de diciembre de 2013, mediante Ord. No152320, la Directora Regional de Junta Nacional de Jardines Infantiles comunicó a la I. Municipalidad de Molina, en el ejercicio del derecho que se le otorgó expresamente en la cláusula Novena del convenio, el término unilateral del mismo, lo anterior, debido al escaso avance del edificio, incuplimiento de contrato y abandono de la obra, que hoy está convertida en un inmueble a medio terminar, que es utilizado para el consumo de drogas y acumulación de basura, en desmedro del bienestar de los vecinos y de su anhelado proyecto de contar con un jardin infantil.

La sntencia dictada por el Primer Juzgado de Letras de Talca, establece categóricamente “QUE SE ACOGE LA DEMANDA PRINCIPAL DE FOLIO 1, de conformidad con lo expuesto en el considerando undécimo de autos, y en consecuencia, se declara que en virtud de los incumplimientos de la demandada al Convenio de Transferencia de Fondos para la Ejecución de Obras suscrito entre ambas partes del juicio, y habiendo la demandante puesto término al convenio, se condena a la demandada, ya individualizada, a pagar a JUNJI, la suma de $66.506.811.- (sesenta y seis millones pesos quinientos seis mil ochocientos once pesos), suma que deberá ser reajustada a contar de la época en que fue realizada la transferencia de fondos a la demandada, con costas.«

De esta manera, el Municipio debe restiuir esta vez más de $66 millones de pesos que deberán salir de las arcas fiscales, considerando los escasos recursos con los que se cuenta en plena pandemia, situación que se encuentra en absoluto desconocimiento de los vecinos de la comuna que por muchos años insistieron en saber qué ocurría con esta obra detenida, sin haber tenido nunca una respuesta clara por parte de la Administracion Municipal

Por el delito de homicidio consumado, tres hechos por homicidio frustrado, el porte y tenencia ilegal de armas de fuego y el delito de daños, fue reformalizado de cargos el imputado José Fuenzalida Calvo, que se encuentra en prisión y que el día 21 de octubre del año pasado y portando una pistola, desde su camioneta – cerca de las 22 horas – disparó en contra de personas que se encontraban en la Alameda de Curicó, hiriendo de gravedad a tres de ellas. Tan sólo minutos después se dirigió hasta la Ruta Cinco, donde un grupo de manifestantes mantenía bloqueada la Carretera y en ese lugar nuevamente disparó su arma e hirió de muerte a José Miguel Uribe Antipani y causó daños a un vehículo que estaba detenido en el lugar.

La fiscalía de Curicó ya cuenta con todos los antecedentes en torno a estos hechos y también en contra de la imputación de un soldado quien fue formalizado por el delito de disparos injustificados, razón por la cual este jueves el Tribunal de Garantía cerro la investigación por todos estos delitos, dando paso así a nuevas instancias procesales en contra de ambos imputados.

“Hoy se llevó a efecto la audiencia con la finalidad de reformalizar investigación en contra de José Fuenzalida Calvo sobre los hechos ocurridos en 21 de octubre del 2019 donde el imputado efectuó disparos con claras intenciones de dar muerte a transeúntes que estaban en la Alameda de Curicó, logrando herir a tres de ellos. Luego se traslada a la Carretera Cinco Sur donde efectúa disparos contra unas personas que ahí estaban, provocando la muerte de uno de ellos José Miguel Uribe Antipani y daños a un vehículo que ahí se encontraba. Luego de un año de investigación y una gran cantidad de acopio de antecedentes, además de declaraciones de testigos, informes policiales y otras pruebas, la fiscalía logra acreditar los hechos con claridad y precisión los que se dieron a conocer en la audiencia de hoy y se reformaliza cargos.

Además se apercibió al Ministerio Público para el cierre de la investigación”, afirmó el Fiscal jefe de la comuna Miguel Gajardo

De esta forma a partir de este jueves la fiscalía cuenta con un plazo de 10 días para presentar acusación en contra de ambos imputados y de esta forma dar paso a la audiencia de preparación de juicio oral y posteriormente al juicio en contra de estas dos personas donde el Ministerio Público solicitará se dicte veredicto condenatorio y altas penas por los hechos acaecidos.

La acción judicial del CDE señala que Funcionario de alto cargo y además pareja de la actual alcaldesa de Molina Don SANTIAGO CORREA CORREA es “Demandado por el CONCEJO DE DEFENSA DEL ESTADO con mandamiento de ejecución y EMBARGO”, junto a otros cuatro funcionarios por el recordado caso NELSON TAPIA  y supuestas boletas ideológicamente falsas.

Todo se remonta a una denuncia realizada a Contraloria en el año 2012-2013  por la contratación del aquel entonces encargado de Deportes de Molina, Don NELSON TAPIA RIOS,  a quien le habrían pagado varios millones de pesos y que según se comentaba en ese entonces, no habrían  respaldos de sus labores deportivas en la Municipalidad  de Molina, denuncia de la cual se pensó que una vez más quedaría EN NADA.

Posteriormente, a través de investigación especial Nº 549 del año 2015 de la Contraloría Regional del Maule, determinó NO ha lugar el pago de honorarios de don NELSON TAPIA RIOS, de más de $18.000.000 (dieciocho millones de pesos), porque las labores no estaban acreditadas del connotado Arquero, como encargado de actividades extraescolares y deportivas de los colegios municipales de Molina. Involucrados en la irregularidad el en ese entonces Administrador Municipal  SANTIAGO CORREA CORREA y otros cuatro funcionarios más.

Así las cosas, y luego de no cumplir mandato de la Contraloría General de la República del año 2015, y luego de CUATRO AÑOS de juicios administrativos, ésta interpuso dos DEMANDAS CIVILES CON ROLES C-3788 Y C-38789 DE 2019 en el PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE TALCA.

Las actuales demandas se encuentran en la CORTE DE APELACIONES, y a pesar de haber usado ya el resquicio de apelar el demandado Sr. CORREA CORREA al TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, para detener el proceso judicial y dejarlo sin efecto, este Tribunal, recientemente y con fecha 30 de Agosto de 2020,  no acogió su solicitud de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, continuando su curso la actual demanda en el Juzgado de Talca.

Al respecto, quien demanda es EL CONCEJO DE DEFENSA DEL ESTADO, representando a LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, siendo Don Santiago Correa el PRIMER DEMANDADO de cuatro funcionarios más de alto mando en esos años. Lo que el Concejo de Defensa del estado pide es MANDAMIENTO DE EJECUCION Y EMBARGO de las propiedades del demandado, en las que se individualizan y llama tremendamente la atención una Propiedad tipo parcela de 5.000 metros cuadrados ubicada en San Jorge de Romeral de Molina y a nombre de Santiago Correa Correa (pareja de la actual Edil) y de Vanessa Castillo Gerli (hermana de la actual edil), además de un automóvil a nombre del demandado.

Así las cosas, se puede desprender, que efectivamente se han encontrado serias irregularidades al interior de esta administración y que luego de años, comienzan a salir a flote, no olvidemos que en dicho periodo las máximas autoridades de la comuna eran la actual alcaldesa Priscilla Castillo Gerli y su conviviente en ese entones Administrador Municipal, situación que fue denunciada anteriormente a  Contraloría regional del Maule, previendo situaciones como esta.

Estrategía electoral

La alcaldesa de Molina, Priscila Castillo, dijo a Cooperativa Regiones que «estamos a seis meses de las elecciones municipales y como soy candidata a la reelección esta es claramente una estrategia para perjudicar el trabajo que hacemos como equipo municipal».

La jefa comunal agregó que «somos permanentemente fiscalizados por la Contraloría y por el CDE y en siete años no hemos tenido problemas. Esta denuncia es del 2014 cuando Nelson Tapia trabajó con nosotros y se hizo porque él es figura pública. El proceso judicial aún no termina y tengo la confianza de que lo vamos a ganar».

Sobre estos dichos, el CDE remarcó que cumplen «con el imperativo legal de representarla judicialmente en el ejercicio de las acciones que procedan, en resguardo del interés público comprometido. (…) La demanda se funda en una sentencia del Tribunal de Cuentas del Órgano Contralor, fallo que goza del mérito jurídico suficiente para que este Consejo demande lo adeudado».

Desde el Concejo Municipal de Molina dijeron que la acción a seguir como cuerpo colegiado, es la acusación al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) en contra la alcaldesa por notable abandono de deberes.

(VIDEO TVN)

Organismo exigió millonaria devolución al verificar desorden financiero y falta de control en recursos traspasados a la administración del alcalde Roberto Rivera.

Concejales Natalia Ramírez y Matías Fuenzalida advirtieron en 2018 la existencia de problemas de gestión, asegurando no haber sido escuchados por el edil vichuquenino.

El director del Servicio de Salud del Maule, doctor Luis Jaime, informó al alcalde Roberto Rivera que la Municipalidad de Vichuquén debe reintegrar el 35 por ciento de los recursos transferidos durante los años 2018 y 2019, y que tenían como destino el reforzamiento de la Atención Primaria en Salud.

La decisión de la autoridad se fundamenta en una auditoría financiera realizada al departamento comunal de Salud, a raíz de una denuncia efectuada por los concejales Natalia Ramírez y Matías Fuenzalida, en uso de sus facultades fiscalizadoras.

El Documento Reservado número 723 que remitió el doctor Luis Jaime exclusivamente a Roberto Rivera determina que “la Ilustre Municipalidad de Vichuquén debe efectuar un reintegro de recursos por un monto que asciende a $106.321.203, correspondientes a la suma de los saldos por rendir al 31.12.2018 y 31.12.2019” de los programas Desarrollo Biosicosocial, Fondo de Farmacia, Imágenes Diagnósticas, Atención Odontológica, Odontología Integral, Resolutividad, Servicio de Urgencia Rural y Vida Sana.

“Me parece totalmente impresentable lo que está ocurriendo. Desde abril de 2018 empezamos a pedirle al alcalde los estados financieros, se demoraron meses en entregar la información con la que pudimos realizar la denuncia en Fiscalía, Servicio de Salud y Contraloría. Es una situación que no puede ocurrir con dineros públicos, que son de todos los vichuqueninos, en programas que buscan mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Por eso, no puede ser que un mal manejo, una mala administración, el desorden financiero que tiene el alcalde Rivera en el departamento de Salud, finalmente repercuta en los vecinos de nuestra comuna”, manifestó la concejala Natalia Ramírez.

“No somos nosotros quienes decimos que, en la municipalidad, en el departamento de Salud, tienen una crisis financiera, a pesar de que nosotros lo advertimos en varios concejos municipales. Es el alcalde el que tiene que ver la solución para poder cubrir y devolver esos 106 millones de pesos. La comunidad tiene que saber que esto es un mal manejo del tema financiero por una tozudez del alcalde. Roberto Rivera es un tozudo, no escucha a nadie, es una persona que no le interesa la comuna de Vichuquén porque si le interesara, habría aceptado las críticas, las inquietudes que como concejales le hemos presentado en estos tres años. Él ha hecho oídos sordos a nuestras ideas y apoyos”, afirmó el concejal Matías Fuenzalida.

La auditoría del Servicio de Salud del Maule observó “debilidades concretas”, como la ausencia de conciliaciones bancarias, inexistencia de comprobantes de ingreso, incumplimiento de los plazos para rendir cuentas, rendiciones sin respaldar con Decretos de Pago Municipal, inexistencia de cartolas bancarias, gastos rechazados, además del extravío de 19 rendiciones de cuentas.

“No es un caso aislado, esto viene ocurriendo desde hace tiempo no solo en Salud. Estamos constatando que en Educación también están ocurriendo problemas financieros y desórdenes administrativos súper complicados, sobre los que hay una investigación en curso a través de Contraloría y la Superintendencia de Educación. Obviamente el responsable es el alcalde Roberto Rivera, él conoce la situación de su municipio y por lo tanto no puede ser que no se haya percatado de esto antes porque él es quien firma todos los documentos. El alcalde no tiene administrador municipal hace años. Entonces, la situación es grave porque no estamos hablando de un poquito de plata que faltó en un programa y que no se pudo rendir. Son temas graves que repercuten en la gente más vulnerable de nuestra comuna”, agregó la concejala Ramírez.

“La responsabilidad es del alcalde, él lleva a cabo la administración de la municipalidad, Salud y Educación. Él es el único responsable de lo que está sucediendo. Es una pena porque nosotros somos vichuqueninos y los que se ven afectados con esto es la comunidad, los funcionarios, la administración pública por un mal manejo, por una tozudez del alcalde por hacer lo que se le da la gana. Nunca nos ha escuchado, nunca ha aceptado una crítica constructiva, le hemos prestado apoyo. Han pasado 3 años, se van a cumplir cuatro años de su administración. Han sido años en que el departamento de Salud está muy al debe y en un peligro financiero absoluto. Es una pena tremenda para nuestra comuna, para nuestros usuarios y para el departamento de Salud de la comuna de Vichuquén”, argumentó el concejal Fuenzalida.

Natalia Ramírez y Matías Fuenzalida manifestaron su plena disposición para apoyar una solución a los problemas generados: proveedores de medicamentos con facturas impagas, reducción de las atenciones médicas y falta de elementos de protección personal para enfrentar la pandemia, tal como han denunciado los funcionarios de Salud en la comuna de Vichuquén.