La medida presentada en la Comisión de Deportes tiene como objetivo asegurar la protección de los menores en el desarrollo de actividades deportivas y obliga a entrenadores y directivos a denunciar estos hechos.

A raíz de los casos de abusos que han ocurrido en el último tiempo en el ámbito deportivo, entre estos la denuncia de una violación grupal por cadetes de un equipo de fútbol nacional, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) presentó una iniciativa que busca establecer la obligación legal de denunciar los delitos contra menores en el contexto de actividades deportivos o dentro de recintos deportivos.

La iniciativa originada en la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, establece un sistema de denuncia, similar a lo que ocurre en los colegios, que obliga a los dirigentes deportivos, directivos, deportistas, personal de apoyo de los mismos, entrenadores, técnicos, oficiales, árbitros o personal administrativo de las Federaciones o de las organizaciones afiliadas a ellas, de esta manera no se deja a voluntad la denuncia y previene la comisión de delitos en estos contextos.

Al respecto, el diputado Jorge Guzmán indicó que “valoramos que la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados esté avanzando en un proyecto de ley de nuestra autoría, que busca salvar una omisión incomprensible. No podemos entender que en el Código Procesal Penal no exista obligación de denuncia respecto de delitos que afecten a menores de edad en el contexto del deporte o que se tomen conocimiento en razón de la actividad deportiva. Este proyecto nace producto de la situación grave que se vivió en el club Cobreloa, una violación masiva que afectó a una mujer y que nadie denunció”.

Asimismo, afirmó que “buscamos a través de este proyecto de ley que en el Código Procesal Penal exista la obligación de denunciar respecto de situaciones de delitos que afecten a menores de edad, ya sea en la actividad deportiva o que se tome conocimiento en razón de la misma a través de los entrenadores, los dirigentes o quienes se vinculen con un menor en la práctica del deporte. Con esto buscamos proteger a los niños, niñas y adolescentes y generar un entorno seguro a través de la actividad deportiva”.

Finalmente, la Comisión de Deportes se encuentra invitando a una serie de instituciones, como la Defensoría de la Niñez y al Fiscal Nacional, para abordar la discusión de esta iniciativa de manera integral y buscar la modificación del Código Procesal Penal en esta materia.

Tras darse a conocer la intención de arriendo y compra del edificio La Araucana por parte de la Municipalidad de Curicó, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) presentó un informe en Contraloría Regional para que se investigue la legalidad en la adquisición de dicho inmueble y que se cumplan los estándares establecidos por la ley.

En este sentido, el parlamentario espera una investigación del órgano autónomo de acuerdo a los actuales requerimientos para la compra de inmuebles, a raíz del intento de adquisición de la Clínica Sierra Bella en Santiago, donde la propia Contraloría detectó errores que objetaron su transacción.

El diputado Jorge Guzmán señaló que “la Contraloría emitió un pronunciamiento hace muy poco, después del caso de la Clínica Sierra Bella en Santiago, y estableció estándares sobre la forma de comprar, y dice que debe ser por licitación pública o eventualmente licitación privada o trato directo, pero que debe ser debidamente fundado. Ese antecedente no nos consta, al menos, de lo que nosotros tenemos a disposición”.

“Aquí se fija un precio de 5.800 millones de pesos, pero nada nos dice si este precio es lo que corresponde o no, sobre todo teniendo a la vista la tasación fiscal del inmueble, que son $1.600 millones. Qué nos dice si esta adquisición por 5.800 millones es un justo precio. Y, de hecho, la Contraloría ha señalado que tienen que existir tasaciones de distintos profesionales o especialistas que acrediten que este precio, en definitiva, es lo que corresponde”, argumentó Guzmán.

Asimismo, indicó que “la municipalidad ha señalado que hicieron una negociación directa con la empresa La Araucana. Sin embargo, nosotros hemos presentado un antecedente, el cual tenemos en nuestro poder, que acredita que aquí sí hubo una empresa dedicada al corretaje de propiedades que participó y que incluso está planteando el cobro de sus honorarios. Esa empresa es de Curicó, y entendemos que tiene vínculos con una ex autoridad de la comuna”.

Adicionalmente, entre los antecedentes, el parlamentario entregó un informe de un ingeniero, el cual señala que el edificio tuvo daños estructurales relevantes el 2010, que si bien fueron reparados y puede ser habitable la propiedad, en caso de repetirse un terremoto similar al de 2010, pueden existir daños muy significativos.

“El municipio ha señalado que esto es un buen negocio y nosotros no lo podemos poner en duda. Pero acá no se está haciendo un negocio con recursos privados, se está haciendo un negocio con recursos públicos y, por tanto, lo que ha establecido la ley y Contraloría es que cualquier adquisición, aparte de ser rentable económicamente, tiene que cumplir con los estándares de la ley de transparencia, de probidad y de compras públicas”, indicó el líder de la bancada Evópoli.

Por último, diputado Guzmán agregó que “si no se está cumpliendo, le pedimos a la Contraloría que pida los antecedentes, que suspenda cualquier decisión, porque hay algo que también es muy importante destacar, el alcalde que hoy día administra la Municipalidad de Curicó le quedan cuatro meses en el cargo y está tomando una decisión que puede afectar profundamente a la nueva administración. Creemos que esto se debe suspender y que, en definitiva, quien tome esta decisión sean las próximas autoridades evaluando con los antecedentes, como corresponde”.

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Tras enviar un oficio al Ministerio de Transportes en diciembre pasado, y reunirse con los equipos técnicos de la seremi de Transportes del Maule, para evaluar la situación que provocaría el cierre de tres plantas de revisión técnica en la región, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) valoró la reapertura de dichas plantas a partir del primero de marzo del presente año.

Durante enero y febrero, el parlamentario visitó los recintos que quedaron en funcionamiento, constatando el gran atochamiento de vehículos esperando atención, debido al cierre de las plantas en Talca, Curicó y San Javier. Por lo mismo, Guzmán agradeció la gestión de los equipos locales para subsanar este problema y evitar el colapso de las plantas por la alta demanda que se espera en marzo. Además, destacó que la actual administración de las plantas quedó a cargo de una nueva empresa.

“Es una buena noticia para nuestra región del Maule, porque este primero de marzo, se reabren las plantas de revisión técnica que fueron cerradas en el mes de diciembre. Con esto se repone toda la oferta de plantas de revisión técnica de la región, ya que reabren las plantas de Talca, Curicó y San Javier”, señaló el diputado Guzmán.

Asimismo, aseguró que “con esto, enfrentamos el problema que teníamos de atochamiento y congestión en las plantas de revisión técnica, con lo cual es un tremendo alivio para los usuarios que en el mes de marzo tienen que sacar la revisión técnica. Así que felicitamos y agradecemos el trabajo que ha hecho el Ministerio de Transporte y que también han escuchado los requerimientos de los ciudadanos y que hemos hecho nosotros también los parlamentarios”, agregó Guzmán, representante del Maule en el Congreso.

El parlamentario estuvo en la comuna costera conversando con los vecinos y visitó el recinto provisorio de salud, por lo que hizo un llamado urgente a las autoridades a mejorar las condiciones para usuarios y trabajadores.

El diputado por el Maule, Jorge Guzmán (Evópoli), se reunió con vecinos y vecinas de Licantén quienes le expresaron su profunda molestia y preocupación por la situación del hospital provisorio, donde usuarios y trabajadores han debido soportar condiciones adversas, tanto por las instalaciones como por las temperaturas, lo que ha perjudicado la atención de público.

Si bien se trata de un hospital de campaña, implementado luego de las inundaciones de junio pasado, tras seis meses la comunidad sigue esperando la instalación de un hospital modular. “Es una situación indigna, que no puede seguir esperando. A los vecinos de Licantén, el presidente Boric les prometió que no los va a dejar solos, pero los abandonó. No se cumplió con los plazos para un hospital modular ni con las expectativas”, comentó el diputado Guzmán.

Tras el recorrido por el hospital provisorio, Guzmán indicó que “este no reúne las condiciones mínimas para poder mantener de buena forma a los funcionarios y atender a la comunidad. Están con espacios reducidos, atendiendo a más de 35 grados de calor y, claramente, las condiciones no son ni las mínimas para poder entregar un buen servicio a la comunidad”.

“Les prometieron hace seis meses un hospital modular, que no ha llegado, y que tampoco se ve a corto plazo. Así que hacemos un llamado urgente a la Ministra de Salud, que se haga cargo de las promesas incumplidas con Licantén y entregue una atención digna tanto para funcionarios como también para la comunidad”, indicó el parlamentario.

El diputado Guzmán afirmó que los vecinos ya no pueden con esta situación, trasladándose a comunas cercanas para encontrar atención de salud, y que tanto usuarios y como trabajadores solicitaron urgentemente acelerar el hospital modular, con box clínicos y salas implementadas para hospitalización, rayos y laboratorio, pero principalmente con condiciones dignas para poder realizar esta labor. Asimismo, los vecinos expresaron que no estaría contemplado en el hospital modular una sala de estimulación para niños espectro autista , box IRA y ERA para patologías respiratorias, y cerca de 20 administrativos que no estarían incorporados en el recinto.

Frente a la preocupante crisis de seguridad, el parlamentario Jorge Guzmán (Evópoli), solicitó al Ministerio del Interior y Seguridad Pública una revisión exhaustiva de las cifras de homicidios en la región del Maule, desde la implementación del Plan «Calles sin Violencia». Los datos proporcionados por el ministerio, de carácter preliminar según indica el oficio, corresponden a las víctimas de homicidios consumados a nivel regional, informadas e ingresadas a la plataforma del Observatorio de Homicidios de la Subsecretaría de Prevención del Delito, por Carabineros y la PDI.

El documento señala que, entre el 1 de enero al 29 de octubre de 2022, se reportaron 26 homicidios, mientras que en el mismo periodo pero de 2023 se reportaron 40 casos, es decir, 14 homicidios más. Esta comparación da cuenta de un aumento de un 53,8% en las víctimas de este delito. Asimismo, se detalla el periodo previo y posterior desde la ejecución del plan. Entre el 10 de abril y el 29 de octubre de 2022, hubo 20 homicidios, mientras que, en el mismo periodo de 2023, cuando comenzó la implementación del plan en Talca, se reportaron 23, es decir, 3 víctimas más, lo que equivale a un 15% más en comparación al 2022.

El oficio firmado por la ministra Carolina Tohá añade que “si bien en ambos períodos hay un aumento de los homicidios, este es menor cuando analizamos los homicidios en el periodo desde el 10 de abril, lo que implicaría un posible efecto positivo del Plan Calles sin Violencia”, lo que a opinión del diputado Guzmán, este es un análisis equivoco de lo que ocurre en el Maule.

“Los datos que nos ha entregado el Ministerio del Interior respecto de la aplicación del Plan Calle Sin Violencia en la región del Maule nos dejan sumamente preocupados. Lo advertimos en un inicio, es muy necesario que los planes de seguridad sean integrales, que comprenda a las 30 comunas de la región del Maule y no enfocado en una comuna en particular. Eso ha demostrado que no ha sido una buena política. Tenemos hoy día más homicidios en nuestra región y vemos claramente que los índices de seguridad no van mejorando”, indicó Guzmán.

El documento detalla que “se considera prematuro evaluar la efectividad de las estrategias en la reducción de los delitos, en cuanto, por un lado, el Plan no se encuentra implementado en su totalidad”, dado que se están implementando cuatro ejes como; la Persecución penal efectiva (capacitación a 18 funcionarios para reacción temprana); Aumento de patrullaje y presencia policial (16.726 controles en 2023, 60 de estos con detención); Control y fiscalización de incivilidades (en 2023: 497 armas y 1.274 municiones fiscalizadas, 34 entregas voluntarias); y Prevención y espacio público (creación de fondo para dotar de tecnología a las comunas).

Finalmente, el diputado Guzmán complementó que el delito y las bandas organizadas han migrado desde la región Metropolitana y otras hasta el Maule, por lo que agregó que “le pedimos al gobierno y a la ministra Tohá, la implementación de un plan para nuestra región, que permita abordar la crisis de violencia y seguridad de una forma más integral, viendo la realidad y las necesidades de cada una de las comunas de la región del Maule”.

El parlamentario solicitó a la actual titular del MOP agilizar la incorporación de la doble vía para la ruta L-30-M en la carpeta de proyectos del ministerio, dado que, tras los cambios en el gabinete y el avance en los plazos, aún no había anuncios sobre la obra.

Una importante reunión sostuvo el diputado por la región del Maule, Jorge Guzmán (Evópoli), junto a la ministra de Obras Públicas, Jessica López, con el objetivo de aclarar la situación del esperado proyecto de doble vía para la ruta L-30-M, que une San Javier, Empedrado y Constitución.

Obra que fue anunciada y comprometida en noviembre pasado, pero que, tras los cambios en el gabinete de ministros, y luego de cumplirse los primeros plazos estipulados, no había anuncios sobre su incorporación a la carpeta de proyectos del MOP.

“Le planteamos (a la ministra) las dudas, la incertidumbre que existe en la región, producto del cambio de ministros, respecto a un proyecto que es muy importante para el Maule, que es la ruta L-30-M que une a las comunas de San Javier y Constitución, y donde hubo un compromiso del ministro anterior de hacer una doble vía en toda su extensión. Se han ido cumpliendo los plazos y, claramente, esperábamos que el ministerio prontamente avanzara en esta ruta”, argumentó el diputado Jorge Guzmán.

Asimismo, el parlamentario aseguró que “la ministra nos confirmó, nos ratificó, que se va a avanzar en los plazos y en la forma estipulada para lograr una doble vía en toda la extensión de la ruta L-30-M. Así que, nos vamos satisfechos con la información de la ministra, pero también nos vamos con la preocupación de seguir muy pendientes, revisando los avances y que lleguemos prontamente a tener una doble vía en toda la extensión de la ruta L-30-M, que une a San Javier, Empedrado y Constitución”, confirmó Guzmán tras la reunión.

Por su parte, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, afirmó que “estuvimos reunidos con el diputado Guzmán, quien nos estaba consultando sobre la situación de la ruta que une San Javier con Constitución, y le confirmamos que vamos a respetar naturalmente los compromisos que el ministerio ha hecho con anterioridad. Esta es una obra que se va a incorporar a nuestra carpeta de proyectos, ustedes saben que estos son proyectos largos, pero que la doble vía se va a hacer, se va a hacer. Así que vamos a mantener ese compromiso, en relación con esa obra tan importante para la región del Maule”, concluyó la titular del MOP.

El parlamentario llamó a constituir una mesa de trabajo de manera urgente para dar solución al problema del embancamiento que podría afectar a cientos de pescadores bacaladeros.

Tras reunirse con la Asociación Gremial Bacaladera del Maule, organización de pescadores artesanales que representa el 100% de las lanchas del puerto base del Río Maule en Constitución, el diputado Jorge Guzmán solicitó tomar acciones ante el eventual embancamiento en la desembocadura que podría cerrar la conexión entre el río y el océano.

Este cierre podría afectar a más de 500 personas, incluyendo tripulantes, capitanes, armadores, carpinteros de ribera, mecánicos, eléctricos, entre otros, que se vinculan directa o indirectamente con la actividad pesquera en el Río Maule.

“La desembocadura del río está amenazada por un embancamiento sin precedentes que podría cerrar definitivamente la conexión del río con el Océano Pacífico. Esto también pone en peligro la actividad pesquera artesanal del Río Maule, exponiendo a los trabajadores pesqueros a situaciones temerarias e inseguras que podrían resultar en accidentes mortales”, argumentó Jorge Guzmán durante su intervención en la Cámara de Diputados.

Asimismo, agregó que “a pesar de que el Director de Obras Portuarias fue notificado de la situación, este señaló que el proyecto de dragado del sector, donde se produce el embancamiento, se había aplazado y que no era una prioridad. Sin embargo, la protección de la vida de las personas, la actividad económica, la actividad turística y las consecuencias ambientales y sanitarias que resultarían del cierre de la boca del río Maule siempre deben ser una prioridad”, puntualizó el parlamentario por el Maule.

Ante esto, el diputado Guzmán solicitó oficiar al Ministerio de Obras Públicas para que “de forma urgente, se constituya una mesa de trabajo entre el MOP, la Dirección de Obras Portuarias, el Ministerio de Medio Ambiente, la Municipalidad de Constitución, la Asociación Gremial de Bacaladeros del Maule y otras instituciones pertinentes para tomar acciones urgentes a corto, mediano y largo plazo para resolver el problema del cierre de la desembocadura del Río Maule”.

Con gran alegría, organizaciones y parlamentarios celebraron la aprobación y despacho de la Ley TEA, que garantiza la inclusión, atención y protección de las personas con la condición de Trastorno de Espectro Autista u otra condición que afecte el neurodesarrollo, esto en el ámbito social, de salud y de educación.

Un respaldo unánime de la Cámara que también festejó y valoró el diputado Jorge Guzmán, quien durante su intervención destacó la gran labor de miles de familias y decenas de agrupaciones del Maule y del país que contribuyeron al trabajo pre legislativo y legislativo, con las cuales trabajó de cerca para sacar adelante este importante proyecto que quedó en condiciones de ser promulgada como ley de la República.

“A mí me gustaría que Chile entendiera que ser distinto es válido. Cualquier persona dentro del espectro autista, con los apoyos necesarios, tiene el derecho y puede lograr una buena calidad de vida y ser feliz. Porque el espectro autista sí es una discapacidad, pero esa discapacidad no está en la persona, sino que está en la interacción con el entorno que es discapacitante. Estas palabras las dijo Mariluz Jiménez; una mujer, madre, profesional, psicóloga, perseverante y luchadora, quien desde su experiencia como autista, y en conjunto con muchas mujeres y hombres, hoy ven materializado un sueño, que busca, de cierta forma, cambiar nuestra sociedad a través de una ley”, argumentó Guzmán en su discurso.

En Chile, uno de cada 54 niños y niñas nacen bajo la condición del Espectro Autista. Por ello, el parlamentario por el distrito 17 aseveró que “si nuestra sociedad valorara y respetara las diferencias, todo sería distinto. Porque las sociedades deben ser juzgadas por como tratan a cada uno de sus integrantes. Y nos encontramos aquí, para votar a favor de un grupo de personas que se han visto socialmente marginadas, invisibilizadas e incomprendidas por muchos años: las personas con la condición de Espectro Autista”.

“Hoy esta Cámara da un paso histórico, pues avanzamos en reparar una deuda con miles de compatriotas. No es justo que sean las familias las únicas que apoyen a las personas neurodivergentes. Cuantas madres y padres he conocido, que hacen esfuerzos admirables por sacar a sus hijos adelante. A todos ellos les digo, ya no están solos, porque haremos este camino juntos, porque cuando nuestra patria considera a todos sus habitantes es que logramos ser un país más justo, más democrático y más inclusivo”, puntualizó el diputado Guzmán.

Esta ley busca asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades y resguardo de la inclusión social de los niños, niñas, adolescentes y adultos con TEA y eliminar cualquier forma de discriminación. Además, entrega nuevas definiciones de conceptos para quienes presentan una diferencia o diversidad en el neurodesarrollo y se reconoce la existencia de personas cuidadoras de quienes presentan TEA.

El parlamentario celebró el fin de la prohibición y sanción de realizar actividades deportivas durante episodios críticos por mala calidad del aire, que se contemplaba en el PDA de Talca-Maule.

Contraloría y el Ministerio de Medio Ambiente informaron sobre la modificación oficial del artículo 61 del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) para Talca y Maule, que prohibía y sancionaba a quienes realizan deportes y actividad física en alertas ambientales, pre emergencia o emergencia, durante el periodo de Gestión de episodios críticos (GEC) entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de cada año.

Medida que el Diputado Jorge Guzmán Zepeda valoró, dado que ahora la normativa ya no prohíbe sino que recomienda no hacer deporte, eliminando así posibles sanciones y multas a quienes realizaban actividades físicas, lo que regía desde el 2016. Además, lo calificó como “un logro colectivo”, tras reunir más de 2 mil firmas junto a deportistas y agrupaciones, para visibilizar este problema y realizar las gestiones para modificar este decreto a través de la campaña #QueremosHacerDeporte.

Guzmán señaló que, “el Plan de Descontaminación Atmosférica de Talca y Maule tenía una discriminación evidente, ya que no permitía a los deportistas poder practicar deporte cuando habían episodios críticos, y no solo no lo permitía, sino que además lo fiscalizaba y lo sancionaba con multas. Eso lo visibilizamos en conjunto con los deportistas de la zona y le pedimos a la ministra del Medio Ambiente una actualización del PDA para dejar atrás esta discriminación”.

El parlamentario canalizó las denuncias de deportistas y agrupaciones, para posteriormente reunirse con autoridades nacionales, regionales y locales para solicitar apoyo para modificar el PDA y enfocar esfuerzos en fiscalizar agentes contaminantes. “Terminamos con una discriminación arbitraria hacia quienes practican deporte en Talca y Maule. Además de perjudicar la salud mental y recreativa de las personas, perjudicaba a quienes no podían entrenar ni realizar competencias en sus recintos, debiendo ceder su localía y gastando recursos para viajar y arrendar gimnasios en otras ciudades”, aseguró el Diputado por el distrito 17.

“Felizmente esto ya está publicado en el Diario Oficial, ya fue modificado, y este 2023 nunca más tendremos deportistas sancionados por practicar su deporte y actividad física. Agradecemos al Ministerio del Medio Ambiente, a los deportistas, y que, de una vez por todas, vamos dejar atrás esta discriminación que afectaba tanto a los deportistas de Talca y Maule”, finalizó el parlamentario por el Maule, Jorge Guzmán.

El diputado Jorge Guzmán, subjefe de bancada de Evópoli, junto a parlamentarios de Chile Vamos, presentarán el proyecto de ley y, de forma paralela, solicitarán un fiscal especial que investigue el polémico caso. 

Frente a la grave situación que quedó al descubierto, donde siete médicos extranjeros fueron detenidos y quedaron en prisión preventiva por ser los responsables de una organización dedicada a comercializar licencias médicas falsas en el país, diputados de Chile Vamos, anunciaron la presentación de un proyecto de ley que busca aumentar las sanciones a quienes otorguen y hagan uso de estos documentos de forma dolosa.

La propuesta, encabezada por el diputado Jorge Guzmán (Evópoli), acompañado del diputado de RN e integrante de la comisión de Salud, Andrés Celis, busca reforzar y endurecer las sanciones que establece hoy el actual Código Penal, en esta materia.

“Estamos proponiendo aumentar las penas y no sólo a los médicos, sino que también a quienes hacen uso de las licencias médicas falsas. Primero, tiene que haber cárcel efectiva y no puede haber penas sustitutivas para aquellos médicos que hagan mal uso de las licencias médicas. Segundo, que tengan inhabilidades perpetuas para el ejercicio de la profesión médica. Tercero, aumentar las multas, porque hoy día no superan el millón y medio de pesos o en casos más graves alcanza los 45 millones de pesos”, explicó el diputado Guzmán.

“También creemos que deben ser sancionados quienes hacen uso de las licencias médicas falsas con que existan causales de término de contrato (en el ámbito privado y público) y también que estos usuarios restituyan el total de los beneficios que obtuvieron de a través de forma fraudulenta” agregó Jorge Guzmán, parlamentario por la Región del Maule.

Entre sus ejes, se busca que quienes cometen este fraude cumplan su condena con cárcel efectiva, la cual hoy contempla una pena máxima de reclusión menor en su grado medio, dando paso a penas sustitutivas. Además, se solicitará establecer la inhabilitación absoluta o perpetua para los médicos, quienes hoy pueden recibir una sanción temporal para emitir licencias y siguen ejerciendo su profesión a pesar de su falta.

En cuanto a las multas, la ley contempla en algunos casos sanciones por un millón y medio de pesos y en los casos más graves por 45 millones de pesos. Sin embargo, este último caso emblemático de fraude por licencias médicas fue por más de 700 mil millones de pesos, por lo que se exigirá aumentar estas multas, proporcionales a la gravedad del hecho.

Asimismo, la propuesta busca que, tanto funcionarios públicos como trabajadores del sector privado que cometan este fraude, tengan consecuencias laborales, lo que hoy no es contemplado expresamente por la ley, como incluir una causal de término del empleo.

Por último, se exigirá aumentar la capacidad fiscalizadora de los servicios públicos encargados en la materia, junto con fomentar el buen uso de licencias médicas, dado que quienes usan sus licencias de modo legítimo, se encuentran con una excesiva burocracia en el pago de estas.