Diversas autoridades, entre ellas, el subsecretario de Transportes, Jorge Daza, comenzaron las fiscalizaciones en el Terminal Sur de Santiago respecto a la nueva normativa que obliga a las empresas de buses a entregar un comprobante por cada bulto o equipaje transportado con el nombre de la persona que viaja y su número de asiento.

Esta nueva medida implica que en los viajes de menos de cinco horas, las empresas de buses interurbanos deben entregar un comprobante por cada bulto o maleta, identificando en el mismo ticket el nombre del pasajero y el número de asiento. En tanto, en los traslados de más de cinco horas, deben otorgar un comprobante por cada bulto o maleta, identificando el nombre del pasajero y el número de asiento, y contar con una nómina de pasajeros que incluya el número de ticket de cada equipaje. Esta nómina de pasajeros debe quedar disponible por parte de las empresas durante 180 días para eventuales investigaciones del Ministerio Público.

El subsecretario de Transportes, Jorge Daza, afirmó que “como Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, estamos dando un paso concreto para brindar mayor seguridad en los viajes en buses interurbanos. Esta nueva normativa permitirá aumentar las condiciones de seguridad de los pasajeros, la tripulación y facilitar las fiscalizaciones de las policías y posteriores investigaciones del Ministerio Público, por cuanto establece una trazabilidad entre bulto y pasajero”.

Autoridades

En el caso de que las empresas no cumplan, se abrirá un proceso administrativo sancionatorio que puede culminar en una amonestación por escrito, suspensión o cancelación del servicio o del vehículo. También se exponen a multas entre 0,5 a 1 UTM.

La Municipalidad de Curicó, junto a Carabineros de Chile, realizaron intensas fiscalizaciones durante el fin de semana respecto al uso de hilo “curado” en el sector de Don Sebastián de Rauquén, lugar donde las últimas semanas se juntan grandes grupos de personas a elevar volantines. 

El hilo “curado” atraviesa un proceso con vidrio molido que lo deja más resistente, pero al mismo tiempo mucho más peligroso para la sociedad. Así lo detalló el alcalde de Curicó, Javier Muñoz, quien afirmó que ya han habido varios accidentes, algunos llegando a consecuencias casi fatales. 

“Nosotros vamos a seguir en este trabajo colaborativo ahí y en otros sectores de la comuna, pero lo importante es que la ciudadanía entienda que el hilo curado no está permitido por ley. Nosotros estamos desarrollando junto con Carabineros esta campaña, pero la labor de fiscalización por tratarse de un delito le corresponde a Carabineros y nosotros vamos a colaborar en todo lo que sea posible para que eso se siga desarrollando. Se debe denunciar al 133”, detalló la máxima autoridad de la comuna. 

Respecto a las fiscalizaciones, el mayor de Carabineros, Juan Díaz, explicó que “personal de Carabineros en conjunto con personal de la municipalidad, a través de una reunión que se realizó con vecinos del sector de Don Sebastián de Rauquén, durante el fin de semana se realizó un servicio de control y campañas preventivas respecto al uso del hilo curado al momento de elevar volantines, lo anterior con la finalidad de prevenir accidentes que habían ocurrido días anteriores manifestado a través de redes sociales, porque oficialmente no había ninguna denuncia. Afortunadamente no se generaron incidentes este fin de semana, lo que permitió también garantizar la seguridad de quienes residen en el sector”.

La Ley 20.700 sanciona como delito la venta del hilo curado con penas de presidio menor en su grado mínimo, de 61 a 540 días, y multas de 100 a 500 UTM. Mientras que el uso se castiga con multas de 2 a 50 UTM.

Estrategia Nacional 2024 Contra el Comercio Ilícito es el nombre del nuevo plan que busca disminuir el comercio ilegal, que entre otras cosas esconde el narcotráfico, la trata de blancas y otros delitos.

Ya en enero de este año el subsecretario de Prevención del delito y el presidente de la Cámara Nacional de Comercio se reunieron con delegaciones de Argentina, Bolivia y Perú para coordinar esfuerzos en el tema.

En esta instancia se prometieron dos líneas de acción, una operativa y otra legislativa. En la primera habrá más de 400 operativos de fiscalización a lo largo del país de aquí a fin de año y la recuperación de espacios públicos críticos.

En la segunda línea de acción, se acordaron los pasos a seguir para mejorar la normativa. El Ministerio Público fortalecerá la persecución de delitos contra comerciantes y trabajadores, por ejemplo grupos asociados al comercio ilícito que cometan extorsión.

Se consagrará el delito de robo, hurto y extorsión, tipificados en la ley de propiedad industrial, como base del delito de lavado de activos. Y por último, se prometió también enviar una propuesta de mejoras legales al Congreso en las siguientes semanas.

Comercio ilícito, ilegal, o en otras palabras contrabando: Vehículos, falsificaciones, mercaderías sin impuestos, etc. La cooperación entre países de la región será fundamental para frenar este problema.