La abogada Nicole Sepúlveda, que representa a la joven que denunció haber sido violada por
el candidato a gobernador cuando era menor de edad, adelantó que presentará una querella
contra el perito forense y solicitará medidas cautelares.

TALCA. – Una querella por violación y abuso sexual reiterado en grado de consumado interpondrá la defensa de la joven que aseguró haber sido violada por el perito forense y candidato a  gobernador por el Maule, Francisco Pulgar, a los 13 años de edad.
“Notamos una afectación grave a su estado emocional y psicológico y se tomó la decisión de  querellarnos en contra del presunto autor de los delitos (…). Le ofrecimos un equipo jurídico  compuesto por mujeres, para que se sienta acompañada y cómoda”, señaló la abogada Nicole  Sepúlveda, quien asumió la representación de la denunciante.

La jurista, quien es fundadora de la consultora “Defiende tus Derechos”, presentará la acción
legal el próximo viernes.

“Queremos acompañarla también psicológicamente, porque la idea es reparar el daño  psicológico que ella ha sufrido, porque se entiende aquí que desde los 13 años en adelante ella ha sufrido violaciones, abusos y amenazas”, precisó.

Según la denuncia ingresada el pasado 19 de mayo en la Brigada Investigadora de Delitos
Sexuales de Talca, el ex panelista de televisión habría amenazado a la joven con hacerle “algo” a ella o a sus padres si alguna vez relataba lo ocurrido.

“Nosotras queremos una medida de protección para ella y su familia, porque creemos que
efectivamente puede volver a ser amenazada por el presunto autor de estos hechos. Ella tiene  un embarazo bastante avanzado de seis meses y por lo tanto es una víctima de mucho cuidado”, sostuvo la abogada.

La joven indicó en su momento haberse atrevido a presentar la denuncia, precisamente porque  teme por la seguridad del hijo que viene en camino.

Llamado a otras mujeres
La jurista emplazó a quienes dispongan de antecedentes sobre el caso, a acercarse al Ministerio Público.

“Yo le haría un llamado no solo a las mujeres que tengan algún tema con el presunto autor de  este delito, sino en general a todas las mujeres que tienen este tipo de problemas.
Lamentablemente hemos sido vulneradas en nuestros derechos a lo largo historia, de distintas  formas, económica, psicológica, física y sexualmente, y es hora de que digamos no más. Somosiguales en dignidad y derechos”, enfatizó Sepúlveda.

El caso está a cargo de la Fiscalía de Talca, que ya habría ordenado algunas diligencias.

En la audiencia de formalización de cargos realizada la mañana de este lunes en el tribunal de garantía, la fiscalía imputó  cargos en contra de todos los detenidos tras las diligencia realizada por la PDI el pasado jueves y que nace de una investigación que encabeza hace algunos meses la que fiscal jefe de la comuna Carola D’Agostini quien ha dirigido el accionar de la policía civil.

Por los delitos de tráfico de droga, tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, además de infringir  el artículo 318 del Código Penal al no contar con permiso para desplazarse en horario de toque de queda, fueron formalizados todos los imputados. .

El fiscal del Ministerio Público,  Mario Villagra en la propia audiencia apeló a la resolución del tribunal que no acogió la prisión preventiva de un séptimo imputado, lo que deberá resolver ahora el máximo tribunal maulino, la Corte de Apelaciones de Talca.

“En la audiencia de formalización realizada hoy los siete sujetos fueron formalizados por tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas y municiones además el delito contra la salud público del artículo 318 del código penal. En cuanto a la cantidad de droga encontrada en poder de los imputados se cuentan más de tres kilos de cannabis sativa, cerca de 600 gramos de clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo superior a la suma de un millón de pesos. Además se incautó un auto en el que efectuaba la repartición de la droga.  Debido a la gravedad de los hechos y la multiplicidad de delitos formalizados, el tribunal acogió los argumentos de la fiscalía y decretó la prisión para seis de los siete imputados”, afirmó el fiscal Mario Villagra.

Se fijó como plazo de investigación tres meses fecha en que todos los imputados deberán estar privados de libertad a la espera de las siguientes acciones procesales en su contra.

Diligencia realizada por Carabineros de la zona permitió ubicar invernaderos con la droga, quedando los dos hijos en prisión preventiva tras ser formalizados por la Fiscalía.

El trabajo de acercamiento con la comunidad realizado por la policía uniformada, permitió este viernes detectar la plantación de cannabis sativa en el sector de Peralillo de la comuna de Hualañé. En el lugar y previo contacto con el fiscal de turno, se logró ingresar a dos inmuebles donde finalmente al interior de invernaderos se pudo incautar platas de este alucinógeno de una altura de 2 metros y medio y marihuana ya cultivada y envasada, lista  para su comercialización.

“Una denuncia anónima recibida por Carabineros daba cuenta que en el sector de Peralillo se comercializaba marihuana y se mantenía una plantación dentro de unos domicilios. Ante esto Carabineros se apersonó en el lugar logrando constatar que efectivamente en el patio posterior del domicilio existía un invernadero con plantación de esta droga. Así mismo los Carabineros lograron percatarse que en el domicilio contiguo había otro invernadero donde los propietarios realizaban la misma acción.  De esta forma se procedió a la detención de tres personas, la incautación de plantas de marihuana, 14 kilos de esta droga elaborada y diferentes elementos para la dosificación y entrega de la misma, como así mismo dinero en efectivo”,  afirmó el Capital Patricio Gamboa de la Segunda Comisaría de Hualañé, quien hizo un llamado a la comunidad a seguir confiando en Carabineros y entregando información de forma anónima  la que permitirá dar con los autores de diversos delitos.

Los detenidos Ana María Cruz Hevia de 61 años y sus hijos Eduardo y Mauricio Retamal Cruz de 35 y 38 años respectivamente, fueron formalizados de cargos este sábado por el Ministerio Público de Licantèn.

El fiscal Subrogante Jorge Aravena señaló que se formalizó un grupo familiar compuesto por una mujer y sus dos hijos adultos, los cuales se dedicaban en sus predio particulares ubicados en Hualañé al cultivo de especies vegetales específicamente marihuana, incautando por parte de Carabineros de Hualañé una gran cantidad de droga a lo menos 100 plantas y ceca de 15 kilos de marihuana destinada para los adictos del sector. Además, de una balanza digital y dosificación de dicha droga. Quedaron en prisión  preventiva los dos hombres y la mujer con arresto domiciliario total fijándose un plazo de investigación de tres meses”.

De esta forma y gracias al trabajo entre ambas instituciones, se logró erradicar de esta ciudad un importante centro de cultivo y comercialización de droga para los adictos de esa zona costera del Maule.

Municipalidad de Vichuquén mantiene millonaria deuda, que por «expresa orden del alcalde Roberto Rivera y en forma unilateral, arbitraria e ilegal», dejaron de pagar.

Una querella por el delito de desacato, presentó el abogado Mauricio Murillo González, en contra del alcalde de la comuna de Vichuquén, Roberto Rivera Pino, tras el incumplimiento reiterado de sentencias judiciales que le obligan al pago adeudado a la vecina de la comuna, Eileen López López, por el arriendo de un inmueble que es usado como oficina municipal.

En mayo del 2017, firmó contrato de arriendo con la Municipalidad liderada por Rivera Pino, compromiso que tendría vigencia de 3 años; Es decir, el contrato se encontraba vigente hasta el día 30 de abril del año 2020.

Según la querella, a partir del mes de junio de 2019, a pesar de encontrase plenamente vigente el contrato de arriendo, la Municipalidad de Vichuquén, por expresa orden del alcalde Roberto Rivera, y en forma “unilateral, arbitraria e ilegal, dejó de pagar las rentas de arrendamiento pactadas”.
Tras el incumplimiento del pago correspondiente, Eileen López, interpuso en el Juzgado de Letras de Licantén una demanda de cobro de rentas y término de contrato en contra de la Municipalidad de Vichuquén. Esta demanda fue acogida favorablemente mediante en diciembre de 2020, la cual se encuentra en estado de causa ejecutoria. Sin embargo, la Municipalidad de Vichuquén nuevamente por “expresa orden del alcalde Roberto Rivera, se ha opuesto contumaz e ilegalmente a dar cumplimiento de la citada sentencia”.

En febrero de este año, el Tribunal condenó a la Municipalidad de Vichuquén a cumplir con la sentencia, mediante el dictamen del correspondiente decreto de pago y la entrega de inmueble en el plazo de 10 días, a contar del día 12 de febrero de 2021.

En resumen, dicho plazo ha vencido, sin que la Municipalidad de Vichuquén y su alcalde, haya dado cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal.

Fuente publico red

Un considerable aumento de permisos falsificados se ha logrado detectar en las ciudades de Curicó, Talca y Linares. Se trata de las autorizaciones diarios que se obtienen a través de la aplicación Comisara Virtual y que han sido modificados por quienes buscan transgredir las normas sanitarias ante la pandemia y la ley en torno a “poner en riesgo la salud pública por infracción de las reglas higiénicas de salubridad debidamente publicadas por la autoridad”,  tal como lo señala el artículo 318 del Código Penal.

Sobre este delito el Fiscal Regional del Maule Julio Contardo,  señaló que “hemos sorprendido en el último tiempo, a través de los controles en las comunas que están en fase uno, precisamente que los permisos que entrega Carabineros han sido falsificado. En este contexto se da la situación de un delito que es el uso malicioso de instrumento público, asociado además – como las personas no cuentan con el permiso – con el artículo 318. De tal manera que existe un concurso de delitos que los afecta con una punibilidad importante ya que existe una sanción probable que excede a los tres años y un día de presidio. Por ello hemos dado las instrucciones en torno al levantamiento de esta información, fundamentalmente de los medios de prueba y así accionar en contra los responsables de este delito.  Y como ha sido la tónica, todos deben responder de la responsabilidad penal que les cabe en atención a las conductas que realizan y en este caso de un delito de gravedad que es la falsificación de la fe pública que constituyen estos instrumentos. Indudablemente que es una conducta absolutamente deleznable y que nos tiene en esta condición actual. Personas que no cuenta  con los permisos respectivos incurren en este delito utilizando los instrumentos falsificados”.

En cada uno de los controles realizados por Carabineros tanto a automovilistas como a peatones, se ha intensificado el uso de los equipos digitales que permiten leer el código QR que se imprimen en los permisos diarios. Aquello ha permitido establecer aún con mayor claridad y exactitud si se porta un documento falsificado, correspondiendo entonces la detención del imputado

Fueron dos semanas de intenso juicio donde  gracias a las contundentes pruebas y evidencias  presentadas por la Fiscalía de Linares, se logró finalmente dictar sentencia en contra de Julio Araya Miranda de 38 años quien en noviembre del 2018 abuso sexualmente y asesinó a una mujer al interior del domicilio del sentenciado, en el sector de Semilleros de la comuna de Yerbas.

“El tribunal en lo Penal de Linares procedió a la dictación de la sentencia en donde se condena al imputado por los delitos de homicidio calificado con la agravante de ensañamiento  a una pena de 20 años de presidio.  Además, es condenado  también por el delito de abuso  sexual agravado a una pena de 10 años de presidio. Ambas penas – así lo determina  el tribunal – serán cumplidas de manera efectiva”, afirmó la fiscal Carmen Gloria Caamaño quien desde ocurrido el delito estuvo a cargo de dirigir cada uno de las diligencias y peritajes que se ordenaron a la Brigada de Homicidios de la PDI, con el propósito de reunir valiosa evidencia.

Araya Miranda al inicio y al finalizar el juicio prest{o declaraciones manteniendo siempre la postura de ser inocente en este crimen donde el Ministerio Público de Linares pudo desacreditar cada una de las tesis y argumento de su defensa, logrando de esta forma una sentencia de 30 años de cárcel efectiva para el imputado.

Un lamentable accidente doméstico terminó con la vida de un lactante de 1 año 2 meses en la madrugada del día lunes en la ciudad de Constitución.

Detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de Talca, tras instrucción del ministerio público se  dirigieron a la población Bicentenario de la ciudad de Constitución, donde un trágico hecho quedó al descubierto en un domicilio, donde cercana a la media noche por razones que se investigan los padres del menor se aprestaron a tomar una ducha en el baño del domicilio, el cual contaba con una precaria instalación del calefón, la que carecía totalmente de tubería de extracción de gases, al no percatarse y cercana la 01:00 de la madrugada los padres comienzan a sentir los síntomas que provoca la inhalación de los gases tóxicos,  perdiendo la conciencia en varias ocasiones, al racionar el padre de la víctima se da cuenta que su hijo menor de edad se encontraba sin signos vitales y que la madres aun no reaccionaba a la intoxicación. En el lugar se hace presente el servicio de urgencia SAMU de esa comuna, no pudiendo reanimar al menor , constatando el lamentable fallecimiento.

Los primeros antecedentes indican que no habría participación de terceras personas en el lamentable hecho, sino más bien a un accidente intradomiciliario por la inhalación de monóxido de carbono.

• A través de un seminario virtual, ambos organismos explicaron la manera en que la plataforma tecnológica china coopera con las investigaciones en curso, logrando respuestas eficientes que son de valiosa utilidad para las autoridades.

02 de diciembre de 2020.-  Con éxito se realizó se llevó a cabo el webinar “Oportunidades y desafíos de seguridad digital en aplicaciones de movilidad: El rol de las plataformas y las nuevas tecnologías en la seguridad de los usuarios”, una iniciativa conjunta entre el Ministerio Público y DiDi, orientada a brindar información sobre el aporte que otorgan las herramientas de seguridad desarrolladas por la plataforma de movilidad de origen chino.

En la ocasión participó Ignacio Pefaur, fiscal Jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur; Juan Caamaño, Subcomisario de la Policía de Investigaciones (PDI); y Victoria Ferrer, Gerente de Safety DiDi para Conosur, quienes ahondaron en los procedimientos y focos investigativos asociados a delitos perpetrados durante los trayectos.

“Estos no son temas atractivos y no seducen a todo el mundo, salvo cuando nos afecta. Pero tenemos que ir mirando al futuro. No esperar a que eso ocurra”, enfatizó Claudio Ramírez, Jefe de la Unidad Coordinadora Nacional de SACFI, quien, al abrir el seminario, hizo también hincapié en la importancia de la relación público privada y del contacto estrecho con la víctima.

La autoridad explicó que la cooperación entre ambas instituciones ha sido fundamental para fortalecer y aportar antecedentes a las investigaciones. “Este tipo de relación que tenemos con DiDi, hace casi un año, es importante en la línea de aportar información útil para la persecución penal. Nuestra relación es sencilla, clara y precisa. Ese ha sido todo un aprendizaje; que las cosas sean claras y se dé una sinergia en favor de las víctimas. Otro elemento a destacar es la persecución de los delitos, que tiene un interés público comprometido, porque avanzar en la persecución genera seguridad en todos los actores”, sentenció Ramírez sobre cómo funciona esta cadena de trabajo colaborativo.

La reinvención de la PDI 

Por su parte, el Subcomisario de la Policía de Investigaciones (PDI) y líder del grupo que investiga robos a conductores móviles en la Región del Biobío, Juan Caamaño, explicó los cambios y avances investigativos que han ocurrido desde la llegada de las aplicaciones de movilidad al país. El uniformado se remontó a 2017, cuando todavía se trataba de una experiencia nueva. “En ese entonces teníamos más de 30 causas y no sabíamos a quién recurrir. Todo era por correo y no existían instancias más directas; entonces, la información se tardaba meses y no teníamos retroalimentaciones”, recordó.

Sin embargo, la experiencia y el trabajo conjunto generó una base sustancial para crear estrategias en materia de seguridad, tanto para usuarios de aplicaciones como para los conductores de las mismas. Y  desde la llegada de DiDi al país, en junio del año pasado,  “la experiencia ha sido bastante buena. Los tiempos son óptimos, cuentan con una comunicación eficiente vía mail y teléfono, y entregan información adecuada al contexto, lo que nos permite acotar la búsqueda y tener resultados en cuestión de días”, expresó Caamaño.

Trabajo conjunto con Fiscalía

Por su parte, el fiscal jefe de SACFI de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, Ignacio Pefaur, ahondó en las fases de trabajo en las que se enfoca la entidad a la hora de resolver casos ligados a aplicaciones móviles, trabajo que comenzó en 2017, y que a la fecha ya cuenta con un método sistematizado, capaz de ser replicado en los distintos focos criminales.

“Nuestros analistas criminales determinan estadísticamente las concentraciones zonales de hechos, además de patrones delictuales. En este reporte se propone al fiscal regional un fenómeno importante para la zona geográfica. El fiscal dicta una resolución y se crea el foco investigativo. A partir de ese momento, quien asume la investigación es el fiscal de SACFI”, explicó Pefaur.

Según expuso el persecutor, posteriormente se realizan solicitudes a las distintas empresas de aplicaciones, buscando coincidencias e indicadores que puedan llevar a identificar a quienes cometen estos robos. Esta información es complementada con el aporte policial, quienes toman contacto con las víctimas para poder avanzar en la investigación.  El monitoreo final, en tanto, requiere de la declaración de las víctimas y el reconocimiento de los delincuentes.

“DiDi pasó a un siguiente nivel al incorporar variables inéditas. Por ejemplo, el rut de validación en la creación de cuentas, la selfie de seguridad, la detección del IMEI del equipo celular. Todas estas variables, sumadas a las básicas, van creando un universo de información que hacen más fácil el proceso investigativo”, resaltó el fiscal Pefaur durante su exposición, sentenciando que “conversar y coordinarse de manera expedita es la clave para tener éxito investigativo”.

DiDi aportando desde sus orígenes

Durante el seminario, Victoria Ferrer, Gerente de Safety de DiDi para el Cono Sur, se refirió a las medidas de seguridad con las que cuenta la app, las que han ido evolucionando permanentemente; no sólo desde la llegada de la plataforma a Chile, si no que desde su creación en 2012 en China.

“Contamos con múltiples herramientas de seguridad disponibles para usuarios y socios conductores, tales como el sistema de reconocimiento facial; botón de seguridad; asistencia telefónica 24/7; seguro de accidentes y de responsabilidad civil; privacidad de datos personales; compartir el trayecto del viaje con contactos de confianza en tiempo real, entre otros”, dijo Ferrer.

La Gerente de Safety de DiDi para el Cono Sur también recalcó que DiDi cuenta con el proceso de inscripción de socios conductores más robusto de la industria, ya que los documentos de cada persona son revisados por un equipo humano que los valida y contrasta con bases de datos de distintas fuentes, previo a su aprobación final.

Finalmente, la representante de la compañía tecnológica anunció que se está trabajando en perfeccionar el monitoreo en tiempo real. Se trata de “un acompañante virtual que verifica que el viaje se realice con total normalidad. Si el viaje dura más de lo estimado, el usuario o conductor recibirá mensajes pidiendo verificaciones sobre el viaje. Este es un piloto y planeamos que para el primer trimestre del próximo año esté totalmente operativo”, según adelantó Ferrer.

SOBRE DIDI:

DiDi es la plataforma de movilidad más grande del mundo. Fue creada en China en el año 2012 y actualmente cuenta con servicios pioneros en la industria. Asimismo, desarrolla constantemente tecnologías para integrar distintos sistemas de movilidad. Además, aporta al desarrollo de las ciudades a través de sistemas de monitoreo y análisis en tiempo real del comportamiento de las calles de las ciudades donde opera. Actualmente, DiDi colabora con la movilidad de más de 550 millones de usuarios en 14 países y se ha convertido en una alternativa real de emprendimiento para más de 31 millones de socios conductores. La plataforma está presente en Rusia, Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Japón, México, Chile, Perú, China, Argentina Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Panamá.  Sus principales inversionistas son SoftBank, Apple, Alibaba y Tencent.

Por el delito de homicidio consumado, tres hechos por homicidio frustrado, el porte y tenencia ilegal de armas de fuego y el delito de daños, fue reformalizado de cargos el imputado José Fuenzalida Calvo, que se encuentra en prisión y que el día 21 de octubre del año pasado y portando una pistola, desde su camioneta – cerca de las 22 horas – disparó en contra de personas que se encontraban en la Alameda de Curicó, hiriendo de gravedad a tres de ellas. Tan sólo minutos después se dirigió hasta la Ruta Cinco, donde un grupo de manifestantes mantenía bloqueada la Carretera y en ese lugar nuevamente disparó su arma e hirió de muerte a José Miguel Uribe Antipani y causó daños a un vehículo que estaba detenido en el lugar.

La fiscalía de Curicó ya cuenta con todos los antecedentes en torno a estos hechos y también en contra de la imputación de un soldado quien fue formalizado por el delito de disparos injustificados, razón por la cual este jueves el Tribunal de Garantía cerro la investigación por todos estos delitos, dando paso así a nuevas instancias procesales en contra de ambos imputados.

“Hoy se llevó a efecto la audiencia con la finalidad de reformalizar investigación en contra de José Fuenzalida Calvo sobre los hechos ocurridos en 21 de octubre del 2019 donde el imputado efectuó disparos con claras intenciones de dar muerte a transeúntes que estaban en la Alameda de Curicó, logrando herir a tres de ellos. Luego se traslada a la Carretera Cinco Sur donde efectúa disparos contra unas personas que ahí estaban, provocando la muerte de uno de ellos José Miguel Uribe Antipani y daños a un vehículo que ahí se encontraba. Luego de un año de investigación y una gran cantidad de acopio de antecedentes, además de declaraciones de testigos, informes policiales y otras pruebas, la fiscalía logra acreditar los hechos con claridad y precisión los que se dieron a conocer en la audiencia de hoy y se reformaliza cargos.

Además se apercibió al Ministerio Público para el cierre de la investigación”, afirmó el Fiscal jefe de la comuna Miguel Gajardo

De esta forma a partir de este jueves la fiscalía cuenta con un plazo de 10 días para presentar acusación en contra de ambos imputados y de esta forma dar paso a la audiencia de preparación de juicio oral y posteriormente al juicio en contra de estas dos personas donde el Ministerio Público solicitará se dicte veredicto condenatorio y altas penas por los hechos acaecidos.

Se trata del juicio en contra del llamado “huaso Monroy” sujeto que además al momento de ser detenido disparó en contra de Carabineros.

Son cuatro las víctimas que fueron atacadas por el acusado Isaac Esteban Monroy Fuentes de 51 años, quien está siendo juzgado ante el Tribunal Oral de la ciudad de Linares y donde la fiscal  especialista en delitos sexuales Mónica Cánepa, está presentando valiosa prueba que implica de manera directa al imputado en cada uno de estos ilícitos de connotación sexual, además del delito de homicidio tentado en contra de Carabineros y porte ilegal de arma de fuego.

Los hechos ocurrieron en septiembre, octubre y noviembre del 2018, al que se suma un cuarto ataque sexual ocurrido el 20 de enero del 2019, fecha en que logra ser detenido y quedando en aquel entonces bajo la medida cautelar de prisión hasta hoy en que debe enfrentar el juicio en su contra.

“Con fecha 28 de septiembre se inició el juicio oral en virtud del cual la fiscalía de Linares acusa al imputado por cuatro hechos de violencia sexual que afectaron a mujeres de la comunidad todas niñas jóvenes de 19 y 22 años que fueron ab usadas por el imputado en situación de violencia, amenazas y que además generaron una detención del imputado por parte de Carabineros donde éste huyendo del personal policial termina disparando en contra de los mismos.

EL imputado está acusado por delitos de violación amenazas, homicidio tentado a Carabineros de servicio y porte ilegal de armas de fuego.

En este instante se desarrolla el juicio el que debiera terminar el 08 de octubre.

Esperamos que con las pruebas que se van a rendir y los relatos de las afectados todas disponibles para declarar – una de ellas ya declaró – poder acreditar los hechos ante el tribunal y s e condene al imputado quien a nuestro juicio constituye un real peligro para la seguridad de todas las personas de nuestra comunidad”, afirmó la fiscal de Linares Mónica Cánepa.

En la acusación en contra de Monroy Fuentes, el Ministerio Público de Linares está solicitando una pena de presidio perpetuo calificado por todos los delitos cometidos