El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile entregó un nuevo informe sobre el desarrollo humano del país titulado: ¿Por qué nos cuesta cambiar?, el que se realizó en febrero de este año y que aborda las dificultades de la sociedad chilena para llevar a cabo las demandas de la ciudadanía. Desconfianza, temor y una visión pesimista del futuro están entre las causas.

Un primer dato, la principal debilidad de los liderazgos políticos chilenos para conducir los cambios que el país necesita, según los encuestados, es que anteponen sus intereses personales.

Sociedad impotente

Según los testimonios recogidos del informe, estos actores han incumplido importantes promesas en el pasado relacionadas al acceso a derechos y protección social, de hecho, son considerados por la ciudadanía como “villanos” del cambio.

Y respecto a este, los resultados aseguran que las personas están a favor de cambios profundos, pero graduales (57%), en este sentido, el 83% de las personas que estaban a favor de las demandas sociales que reflotaron debido al estallido social, siguen estándolo hoy.

En definitiva, la sociedad chilena conoce claramente sus problemas, desea soluciones, pero no encuentra las condiciones para realizar los cambios que quieren. Este fenómeno es catalogado como el de una “sociedad impotente”, que aunque es consciente y crítica de sus problemas de seguridad social y pública, y espera que las cosas cambien para mejor, es al mismo tiempo incapaz de alcanzar objetivos colectivos y problemas cruciales.

Los problemas parten del hecho de que las personas no están dispuestas a aceptar políticas solidarias si es que estas les significan costos personales. Según el informe, “la disposición a asumir costos se diluye a medida que se asocian a problemas menos directos o apuntan a beneficios para otros grupos sociales”. Es decir, el interés personal está sobre el colectivo, lo que debilita la capacidad de la sociedad para llegar a acuerdos y actuar en conjunto.

La política

Lo mismo se traspasa a los espacios institucionales, en los que reina el espíritu obstruccionista y de revancha política. Acá el informe asegura que esto es por igual en izquierda y derecha, y lo evidencia con los intentos fallidos de reforma previsional en los últimos tres gobiernos, y con los dos intentos de elaboración de una nueva constitución.

En el debate público estas posiciones contrarias solo sirven como trincheras, en las que cualquier argumento del que piensa distinto es invalidado, lo que trae como resultado el no llegar a soluciones y seguir acumulando deudas de mejoras.

“Pueden presentar un súper buen proyecto que va a ser bacán para Chile. Pero si lo presenta un blanco, todos los negros dicen que no. Y si lo presenta un negro, todos los blancos dicen que no. Sin ni siquiera leerlo. Sin ni siquiera pensar (…) en el bien común…” ejemplifica el informe con la respuesta de una mujer del grupo socioeconómico ABC1, de entre 35 y 55 años.

Sentimientos de la sociedad chilena

Por último, el informe destaca el aumento de emociones negativas como la preocupación y el miedo. Por ejemplo, desde el 2013 a la fecha aumentó el sentimiento de preocupación de un 21% a un 28%, el miedo en tanto se multiplicó por 5, pasando de un 2% a un 10%, mientras que la esperanza disminuyó de un 17% a un 10%.

Ahora, comparado con las emociones que reinaban en el contexto del estallido social de 2019, y la incapacidad del sistema político para hasta el día de hoy no poder materializar esas demandas, se pasó de emociones movilizadoras como la esperanza, a la decepción y preocupación.

Por ejemplo, se mantiene la percepción de que la sociedad no respeta la dignidad y los derechos de las personas, con un 56% que pensaba esto 2013, y un 53% que lo pensaba en 2023.

Las diferencias en respeto y dignidad, el hecho de que algunos accedan a mejor salud que otros, y el hecho de que algunos accedan a una mejor educación que otros, en ese orden, se mantienen como las desigualdades que más molestan a la sociedad chilena.

Oportunidades y conclusiones

Pese a las decepciones, la gran mayoría de las personas desea cambios (88%), y especialmente que las cosas sean de otro modo, ni como son ahora ni como eran antes (67%). En 2013 un 61% de la sociedad prefería cambios rápidos, mientras que en 2023 un 57% se inclina por cambios graduales. Además, un 70% está dispuesto a apoyar un liderazgo cuyas promesas tarden en hacerse realidad, si es capaz de ir en la dirección correcta.

El informe concluye que para reconstruir la confianza entre las personas y las instituciones, especialmente el sistema político, habrá que mostrar resultados visibles en el corto plazo en temas específicos como seguridad, salud, educación, pensiones, entre otros. Sin olvidar que para que esto se pueda hacer realidad el crecimiento económico tiene un papel fundamental.

“Este es el informe que los gobiernos no quieren que leas” es el lema del documento que este año entregó Amnistía Internacional, en el que analiza el estado de los Derechos Humanos en 155 países.

En el periodo evaluado, 2023-2024, se advierte el complicado panorama actual a nivel global sobre el respeto a los Derechos Humanos. En un contexto marcado por la crisis climática, guerras comerciales entre distintos países y conflictos armados en los que no se han respetado las normas humanitarias mínimas establecidas, es la población civil, y sobre todo aquella con menos recursos la que ha resultado más vulnerada.

Respecto a Chile

Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional, reconoce que el actual gobierno heredó del anterior un legado sombrío en cuanto a Derechos Humanos, y que si bien ha habido avances en algunos temas, ha habido retrocesos en otros, sumado a compromisos aún pendientes.

El Plan Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas en dictadura, la Política Nacional de Memoria y Patrimonio, y la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, fueron destacados por el Informe como las acciones positivas realizadas por el Estado chileno durante el periodo estudiado.

Sin embargo, aspectos negativos se mencionan aún más.

Respecto al uso excesivo de la fuerza, no se avanzó en la prometida modernización a Carabineros, y la aprobación de la Ley Naín-Retamal constituyó un retroceso en cuanto a la regulación del uso de la fuerza por parte de la policía.

En materia de medioambiente la posición  del gobierno se tornó ambigua. Se rechazó el mediático proyecto minero Dominga en la Región de Coquimbo por su negativo impacto ambiental, sin embargo, se aprobó el también proyecto minero Los Bronces Integrado en la Región Metropolitana, esto a pesar del rechazo de organizaciones ecologistas.

Las violaciones a derechos humanos luego del estallido social siguen sin condenas. Hasta diciembre del 2023, de las 10.142 denuncias realizadas, se presentaron cargos sólo en 127, las que tuvieron como resultado 38 sentencias condenatorias y 17 absolutorias.

Sobre los derechos de los pueblos indígenas, el gobierno dio a conocer los nombres de quienes conformarán la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento que espera encontrar una solución a las exigencias planteadas por el pueblo Mapuche. Además, se le otorgó reconocimiento legal al pueblo Selk´nam.

El Informe indica también que falta por mejorar en lo referido a derechos sexuales y reproductivos, como lo es la regulación del marco jurídico para avanzar en la despenalización del aborto, y la aún pendiente aprobación de un proyecto de ley que dé un enfoque integral para tratar la violencia contra las mujeres.

Puedes descargar el informe completo aquí.