Valentina San Martín explicó que la Fiscalía de Talca aún no adopta una decisión respecto a una posible formalización del diputado.

TALCA.- Su confianza en que la Fiscalía de Talca presentará cargos contra el diputado Francisco Pulgar, por violación y abuso sexual reiterado, manifestó la abogada de la mujer que aseguró haber sido ultrajada por el perito forense a los 14 años de edad. “Mucha gente cree que la querella no arrojó ningún resultado. Eso no es así. La Fiscalía prosigue con su trabajo y si bien el plazo de indagación venció en marzo, aún puede decretar una formalización de cargos. Que no se ilusione el señor Pulgar; la investigación continúa”, dijo Valentina San Martín, una de las juristas que se hizo cargo del caso en junio pasado.

“Confío en que el Ministerio Público efectuará todo lo que se encuentre a su alcance para llegar a la verdad y hacer justicia”, agregó.

La presunta víctima, ahora de 22 años, presentó su denuncia en la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI, el 19 de mayo de 2021. En su declaración, la joven sostuvo que Pulgar la violó y sometió a abusos sexuales reiterados cuando era menor de edad, aprovechando la amistad que mantenía con sus padres y las visitas que realizaba a su casa, en el sector cordillerano de San Clemente.

Según su relato, la primera violación ocurrió dentro del vehículo del ex panelista de televisión, quien la ató de manos y amenazó con “hacerle algo” a su familia, si alguna vez revelaba lo sucedido. Luego, expresó, Pulgar la esperaba a la salida del liceo donde estudiaba y la llevaba oculta en su auto a un motel.

Llamado a posibles testigos

San Martín volvió a emplazar a quienes dispongan de posibles antecedentes sobre el caso, a acercarse a la Fiscalía. “Una de las principales barreras en denuncias como éstas es el silencio de personas que pudieran tener información. Por lo general, las denunciantes son víctimas de mitos e incomprensión y eso afecta a veces a los testigos. Nuestro compromiso es tratar de manera responsable, reservada y comprometida a quien pueda aportar antecedentes”, precisó.

El otrora candidato a gobernador por el Maule, quien ingresó como independiente a la bancada del Partido de la Gente en la Cámara Baja, goza de fuero parlamentario, por lo que una eventual formalización debe ser precedida por un pronunciamiento de la Corte de Apelaciones de Talca.

Conocido militante del PARTIDO RADICAL de Curicó, Formalizado por fraude al Fisco y falsificación de instrumento privado mercantil

En el Juzgado de Garantía de San Fernando se realizó la formalización de diez personas en el marco de la investigación por el delito de fraude al fisco que afectó a la Corporación Municipal de San Fernando, investigación que tiene en prisión preventiva a Luis Berwart y arresto domiciliario a Juan Molina, ambos ex alcaldes de la comuna, mientras que se mantiene en prisión preventiva el ex administrador municipal, Pablo Bravo Cruz, quien también fue administrador municipal en la comuna de Sagrada Familia en el periodo del ex alcalde Francisco Meléndez, quien es investigado por el presunto fraude que supera los 3 mil millones de pesos.

Uno de los nuevo formalizados en este bullado caso de corrupción en San Fernando, es el curicano J.N.M, quien se encuentra privado de libertad en forma total en su domicilio de Curicó y resguardado por personal policial con rondas periódicas.

El ex director provincial de educación por Curicó. en el gobierno de Michelle Bachelet , ex funcionario de la municipalidad de Rauco y ex candidato a concejal y luego a Core y conocido militante del PARTIDO RADICAL , fue formalizado por encabezar la consultora profesional, “Dogma”, donde se firmaron contratos de asesoría técnica con la Corporación Municipal de San Fernando , asesoría educativa en la escuela Sergio Verdugo Herrera, por un costo de 5 millones mensuales, luego 7 millones de pesos mensuales.

“La empresa debía pagar un médico veterinario, inventario de animales en una granja educativa”

Desde la Fiscalía aseguran que se acuerda que emitiría facturas sin que debiese contratar personal o realizar dichas asesorías, cancelándole el IVA, quedado a disposición de los imputados como el ex alcalde Berwart el dinero restante.

Además fundo otra sociedad para atender requerimientos de papelería de la Corporación Municipal de San Fernando , pagándole facturas ordenadas por el ex alcalde Berwart, quien ordenó que se mantuvieran las compras a esta sociedad por la entrega de supuestos insumos por la suma de 59 millones de pesos.

Al curicano J.N.M. (Militante del partido Radical )Se imputan delitos de fraude al Fisco y el delito de falsificación de instrumento privado mercantil en carácter de reiterado, solicitando la Fiscalía la firma mensual, arraigo nacional y la imposibilidad de comunicarse con los co-imputados. En este caso puntual y por el carácter de los delitos, el Consejo de Defensa del Estado al ser delitos que afectaron área de salud y educación, solicitó una cautelar mayor de prisión preventiva.

El imputado formó parte de la Corporación, por lo que tenía un conocimiento de cómo funcionaba, así como poder desviar dinero, argumentaron. Al ser un mecanismo que según la jueza afectaron a la “sociedad toda”, se decretó la finalmente la medida cautelar de prohibición de comunicación con los co-imputado, arraigo nacional y arresto domiciliario total.

Ademas la formalización contempló a personas que se desempeñaron como ex trabajadores del municipio, prestadores de servicios y asesorías, proveedores, entre otros, los que en su mayoría entregaron facturas por trabajos que nunca realizaron.

Previo a la formalización, el tribunal determinó que los medios de comunicación por el principio de inocencia de los imputados, no podían compartir nombres ni rostros de los imputados, a lo que no se opuso la Fiscalía, petición que compartieron las defensas.

DIPUTADO ALEXIS SEPULVEDA

Crónica Noticias intento comunicarse con el diputado alexis Sepulveda , persona muy cercana a J.N.M . el cual manifestó que no  hablaría del tema por estar abocado solo a su trabajo como parlamentario independiente de su calidad de presidente del partido Radical en la región  del Maule .

El diputado de las provincias de Curicó y Talca, Hugo Rey Martínez, confirmó que fue notificado como contacto estrecho y debió retirarse del Congreso para iniciar una cuarentena preventiva.

«Me haré un PCR preventivo para descartar contagio. La pandemia sigue presente y tenemos que seguir cuidándonos entre todas y todos», recalcó Hugo Rey Martínez.

¿Qué pasó?
La tarde de ayer martes se confirmó que parlamentarios dieron positivo a coronavirus, por lo que un grupo de legisladores debió comenzar una cuarentena por contacto estrecho.

El diputado Hugo Rey Martínez, señalo, que espera la comprensión de la comunidad, ya que deberá naturalmente suspender su agenda planificada, en distintas comunas de la Región del Maule. Que esperará los resultados de su examen de PCR, cumpliendo su cuarentena según lo ordena la autoridad sanitaria.

Al finalizar, Hugo Rey, señalo “Es una obligación moral cuidar a los que nos rodean, cumplir con nuestra parte y proteger a nuestros cercanos y a la comunidad. Vacunarse es lo más sensato, es algo sencillo que puede marcar la diferencia, yo lo hice, tengo el esquema de vacunas completo, háganlo ustedes también”

Por instrucciones del Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, el diputado Marcos Ilabaca, se extendió, la invitación al diputado Hugo Rey Martínez, a participar a la sesión especial mixta, este miércoles 19 de enero, toda vez que se da inicio a la tramitación del proyecto de ley de reforma constitucional, que “Modifica la carta fundamental constitucional para incorporar como causal de cesación en los cargos públicos que indica, la dependencia de estupefacientes o sustancias psicotrópicas”.

El parlamentario Hugo Rey, es autor de este proyecto, que fue ingresado el 22 de noviembre de 2018 y que modifica el Artículo 60 de la Constitución Política-, señala que estarán sometidos a estos controles ministros, diputados y senadores, intendentes (hoy Delegados Presidenciales), gobernadores y autoridades de los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad pública, las autoridades municipales y las empresas públicas creadas por ley.

El documento del legislador Maulino, añade que la medida será extensiva también a quienes postulen a estos cargos, control que será realizado por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación de Drogas y Alcohol (Senda).

La idea del legislador de las provincias de Talca y Curicó, Hugo Rey, será defender en toda instancia este proyecto, con el fin de qué si alguna autoridad diera positivo al consumo de alguna sustancia ilícita, ésta sea una causal para la cesación de cargos, a menos que justifiquen su consumo por un tratamiento médico.

“Esta situación se debe a que hoy ha habido un acto de privilegio a los altos cargos públicos que solamente presentando un certificado de no consumo, lograban esquivar lo que muchos funcionarios públicos hoy en el país tienen que hacer, que es un examen de drogas”, señaló el diputado Rey.

En efecto, el Decreto Supremo 1.215 del 2016 establece que deberán someterse a un control de consumo de sustancias estupefacientes o drogas los funcionarios «hasta el grado de jefe de división o su equivalente. Los cargos superiores sólo deben presentar una declaración jurada que acredite que no se encuentran afectos a esa causal de inhabilidad».

Lo anterior, a juicio del parlamentario RN por la Región del Maule, es como si en el mundo privado una empresa testeara a todos los trabajadores y mandos medios, excluyendo a los gerentes. Así, a ojos de la ciudadanía los altos cargos son vistos como “intocables”.

La dea del legislador RN es que si la autoridad da positivo al consumo de alguna sustancia ilícita, ésta sea una causal para la cesación de cargos, a menos que justifiquen su consumo por un tratamiento médico.

El diputado de Renovación Nacional Hugo Rey celebró el hecho de que el Gobierno haya otorgado suma urgencia a su proyecto de ley que busca que todas las altas autoridades públicas del país se sometan a exámenes para detección de drogas anuales.

La idea del legislador es que si dichas pesquisas dan resultados positivos respecto de alguna sustancia ilícita, ésta sea una causal para la cesación del cargo, a menos que se justifique su consumo por un tratamiento médico.

El documento -ingresado el 22 de noviembre de 2018 y que modifica el Artículo 60 de la Constitución Política-, señala que estarán sometidos a estos controles ministros, diputados y senadores, intendentes (hoy Delegados Presidenciales), gobernadores y autoridades de los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad pública, las autoridades municipales y las empresas públicas creadas por ley.

“Esta situación se debe a que hoy ha habido un acto de privilegio a los altos cargos públicos que solamente presentando un certificado de no consumo, lograban esquivar lo que muchos funcionarios públicos hoy en el país tienen que hacer, que es un examen de drogas”, señaló el diputado Rey.

En efecto, el Decreto Supremo 1.215 del 2016 establece que deberán someterse a un control de consumo de sustancias estupefacientes o drogas los funcionarios «hasta el grado de jefe de división o su equivalente. Los cargos superiores sólo deben presentar una declaración jurada que acredite que no se encuentran afectos a esa causal de inhabilidad».

Lo anterior, a juicio del parlamentario RN por la Región del Maule, es como si en el mundo privado una empresa testeara a todos los trabajadores y mandos medios, excluyendo a los gerentes. Así, a ojos de la ciudadanía los altos cargos son vistos como “intocables”.

“Hoy con este proyecto de ley ya no van a haber privilegios y todos los funcionarios públicos independiente del rango van a tener que someterse a este examen al menos una vez al año”, precisó Rey.

Finalmente, el documento del legislador RN añade que la medida será extensiva también a quienes postulen a estos cargos, control que será realizado por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación de Drogas y Alcohol (Senda).

La iniciativa respaldada por la Sala establece un descanso reparatorio de 14 días hábiles, los que se considerarán trabajados para todos los efectos. Podrá hacerse uso de ellos dentro de un plazo de tres años y será compatible con el uso de feriados y permisos.

El Parlamentario Hugo Rey, señalo: «los beneficiarios podrán hacer uso de este beneficio quienes se encuentren desempeñándose continuamente desde el 30 de septiembre de 2020 a la publicación de la ley. Además, deberán contar con una jornada igual o superior a 11 horas semanales en el sistema público y ser planta, a contra, contratado u honorarios».

La norma establece que este beneficio no es exclusivo para el personal de salud, sino que se extiende también al personal administrativo y auxiliar. En el caso de quienes hayan desempeñado funciones en modalidad exclusiva de teletrabajo, se les concederá el descanso reparatorio por siete días hábiles.

En el proyecto también se establece el mecanismo para solicitar el uso de los días disponibles. Sin embargo, agrega que el jefe de servicio deberá garantizar que no afecte la continuidad del servicio ni una sobrecarga desproporcionada del trabajo.

Al finalizar Hugo Rey Martínez, destacó: «El esfuerzo de las y los trabajadores de la salud que no solo expusieron sus vidas, sino también a sus familias. Argumentó que no eran suficientes los aplausos, sino que era necesario un reconocimiento concreto a su trabajo».

En la Cámara de diputadas y diputados, se acaba de aprobar por unanimidad el proyecto de ley que busca garantizar a todas las personas una pensión sobre la línea de la pobreza.

Hugo Rey, Parlamentario Maulino, indico: «Lo aprobado y que de ser ley durante enero, que es la apuesta del Ejecutivo, se comenzaría a pagar en febrero, establece que si una persona hoy tiene una pensión base de $ 150 mil, se le suman $ 185 mil más. Si una pensión base es de $ 200 mil, se le agregan $ 185 mil y por consiguiente su nueva pensión, será de $ 385 mil.

Se llegará al 90% de los jubilados y por tanto se considerará a todas las personas que reciben pensión básica solidaria, renta vitalicia y que hayan cotizado en afp. En este último caso quienes tenga una pensión menor a $630 mil recibirán la PGU y entre $630 y $1 millón una cifra decreciente, puntualizó Hugo Rey Martínez.

La PGU beneficiará a los 2,3 millones de personas que hoy están en el pilar solidario y a 500 mil adultos mayores en otro sistema. Si su trámite legislativo finaliza en enero, se comienza a pagar en febrero.

Me comprometí, ayer hoy y siempre, con la gran batalla de las batallas, subir y mejorar las pensiones a los jubilados y es por esto que aprobaré el proyecto de Pensión Garantizada Universal.

Es nuestro trabajo en la Cámara de Diputadas y Diputados garantizar su financiamiento y no transformarse en un argumento para rechazar este aumento, sin duda este es un paso importante para mejorar las pensiones para aquellos que más lo necesitan. Hago un llamado al Congreso a aprobarla este lunes 3 de diciembre para que nuestros mayores pensionados la reciban ahora en febrero, sin retraso, sin más demora.
#SiempreConLaGente

Solo 660 docentes beneficiados con la resolución del tribunal internacional siguen con vida. El resto falleció esperando que Chile cumpliera fallos judiciales que ordenaban pagos adeudados por décadas. Corte ordenó diversas medidas de reparación al Estado de Chile, entre ellas, que deberá pagar directamente a las víctimas del caso o a sus derechohabientes, las sumas todavía debidas.

El parlamentario y Profesor Hugo Rey Martínez, señalo: «La corte concluyó que el Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial y a la propiedad de los docentes, así como del deber reforzado de garantizar la debida diligencia en el acceso a la justicia de las personas mayores».

Rey Martínez, puntualizó»  “Lamento profundamente que el Estado, nunca haya tenido la voluntad real de avanzar en un acuerdo. Es más, están en los antecedentes que en la parte final el Estado pidió prórroga para hacer un planteamiento a los docentes, lo que nunca ocurrió. Y cada día que pasó fallecieron varios de los profesores demandante, de los 846 solo están con vida 660 y a muy avanzada edad”.

Fueron varias las ocasiones que la sala de la cámara de diputados y diputadas, discutió la deuda histórica del profesorado. Fueron varios los parlamentarios que se sumaron con esta causa, apoyando, respaldando y aprobando estos proyectos de resolución, en este contexto se encuentra el diputado de la Región del Maule, Hugo Rey Martínez, quien como integrante de la comisión de educación en su debida oportunidad pidio en reiteradas instancias al Ejecutivo reconocer esta deuda por parte del Estado de Chile con el gremio.

Al finalizar el diputado Hugo Rey, señalo: «Pido al Estado de Chile, que cumpla de forma oportuna y sin retardo lo ordenado por la Corte Interamericana de DD.HH., el fallo a favor de los Profesores, las diversas medidas de reparación establecidas, entre ellas, pagar directamente a las víctimas del caso o a sus derechohabientes, las sumas todavía debidas en tres tractos anuales, empezando a contar el primer tracto en el plazo de un año de notificada la sentencia.

La Sala aprobó, por unanimidad, la iniciativa que cambia la figura de la “prostitución” por “explotación sexual” para personas menores de 18 años. El proyecto continuará ahora su segundo trámite constitucional en el Senado.

Cabe recordar que el proyecto inició su tramitación en junio de este año. Busca, entre otros puntos, diferenciar los delitos de estupro y abuso sexual propios e impropios. Además, cambia la figura de la “prostitución” por “explotación sexual” para personas menores de 18 años.

El parlamentario Hugo Rey, explico: “Se define como explotación sexual la utilización de un menor de 18 años para la realización de una acción sexual. Esto también se entenderá si dicha acción de significación sexual se realiza a cambio de cualquier tipo de retribución”.

Además, sanciona la comercialización o difusión de material pornográfico de menores de 18 años. Se entenderá como tal, toda representación de estos dedicados a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas. De igual modo, la representación de sus partes genitales, con fines primordialmente sexuales, o en aquella en que se emplee su voz o imagen.

Penas
La propuesta legal señalo el parlamentario Maulino Hugo Rey Martínez, son varias penas para los distintos delitos de explotación sexual comercial y pornografía de menores:
1) Promover o facilitar la explotación sexual de una persona menor de 18 años: Presidio mayor en su grado mínimo (5 años y un día a 10 años).

2) Si se perpetra el hecho explotando a la persona menor en razón de su dependencia personal o económica o si concurre habitualidad: Presidio mayor en cualquiera de sus grados (5 años y un día a 20 años). Además, aplica multa entre 31 y 35 UTM.

3) Comercializar, importar, exportar, distribuir, difundir o exhibir material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas menores de 18 años: Presidio menor en su grado máximo (3 años y un día a 5 años). Misma pena que se aplicará al que participe en la producción de dicho material pornográfico.

4) El que maliciosamente almacene o adquiera material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de 18 años: Presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años).

5) Usar dispositivos técnicos para transmitir la imagen o sonido de una situación o interacción que permita presenciar, observar o escuchar la realización de una acción sexual o de una acción de significación sexual, por parte de una persona menor de 18 años: Presidio menor en su grado máximo (3 años y un día a 5 años).