Buscarán en tribunales revertir desvinculación laboral por motivos políticos

Ante el Tribunal laboral de Curicó fue interpuesta la demanda contra el FOSIS (Fondo de Solidaridad e Inversión social), acción legal que fue presentada por un ex funcionario de este servicio, quien acusó haber sido desvinculado en forma arbitraria y a su juicio por motivaciones políticas.

El abogado curicano Carlos Rozas patrocina la demanda contra el servicio público, argumentando que su defendido, Max Ramírez Ferrer, fue desvinculado el 31 de diciembre pasado, sin habérsele entregado explicación alguna, ni considerando el apoyo que este significó para esta repartición pública.

«Con esta demanda se está pidiendo el reconocimiento de la relación laboral existe entre mi representado y el servicio público en cuestión; se le está pidiendo el pago de indemnización por año de servicio, que asciende a casi 4 años, más el incremento del 50 por ciento de la indemnización sustitutiva, y la indemnización por no aviso previo de este despido injustificado del cual fue víctima mi representado», explicó.

Sostuvo el profesional que actualmente las desvinculaciones desde servicios público no deben estar vinculados a la confianza de los gobiernos de turno, agregando que «hay jurisprudencia sobre el tema, que ha cambiado el escenario en comparación con lo que ocurría en años y décadas anteriores, en que la desvinculación y contratación se regía por la confianza de las nuevas autoridades en torno a sus funcionarios».

«La verdad es que a mi representado no le dieron explicación específica, ni técnica del despido, no hay fundamento legal para el despido y a mayor ahondamiento hay que señalar que la jurisprudencia en el tema laboral ha cambiado, ya que cuando existe más de dos contratos y más de dos años de trabajo, hay un reconocimiento de una relación laboral, como ocurre en este caso», insistió el abogado.

En tanto, el afectado por la desvinculación, Max Ramírez, contó que «no se le entregaron razones técnicas para su desvinculación, ni siquiera explicación de la jefatura que había asumido diez días antes que fui sacado de mis funciones, por lo que claramente apuntamos a que la desvinculación correspondió claramente a motivaciones políticas».

El ex funcionario de FOSIS sostuvo que la idea de esta acción legal es “marcar un precedente frente a lo que ocurre siempre en los cambios de gobierno en que son afectados funcionarios y sus familias, al dejarlos simplemente sin trabajo a causa de razones políticas y no técnicas, ni de desempeño, ni de calificación, porque supuestamente para eso son las calificaciones”, acotó Ramirez.

• La Municipalidad inició un proceso administrativo y judicial para exigir a la empresa el cumplimiento de sus obligaciones.

Debido a la respuesta poco satisfactoria que entregó la Compañía General de Electricidad Distribución (CGE) con respecto a las acciones de inversión para mejorar su servicio en la comuna de Curicó, el cual a lo largo de los años y sin mejoras, ha presentado grandes fallas que perjudican especialmente a personas electrodependientes y adultos mayores, pero también, a gran parte de los hogares de la ciudad por las pérdidas cuantiosas de electrodomésticos quemados, mercadería en descomposición y medicamentos que pierden la cadena de frío, la Municipalidad de Curicó junto a los vecinos inició un proceso administrativo y judicial para exigir a la empresa el cumplimiento de sus obligaciones.

Respecto a esta iniciativa que está promoviendo el alcalde de la comuna, Javier Muñoz Riquelme, la directora de Desarrollo Comunitario, Pilar Contardo, explicó que se ha determinado un conducto a partir del programa de asistencia judicial municipal, donde se invita a todas las personas que en el último tiempo hayan sido víctima de algún corte de energía que le ha generado dificultades.

“Nosotros vamos a seguir dos caminos y en un formulario se da opción a las personas de escoger si quieren los dos caminos o solo uno. Hay un camino de denuncia que es lo más administrativo donde nosotros vamos a interponer un reclamo formal en el Sernac a través de un convenio que tenemos nosotros como municipalidad con esta institución y que esperamos siga ahí el conducto asociado al daño y al detrimento que estas personas han sido víctima por la afectación de su servicio. Ahí también se hace la denuncia con la Superintendencia de Electricidad y Combustible”, comentó.

Respecto al segundo método, la directora dijo que se ha dispuesto el apoyo jurídico con el objetivo de solicitar un recurso de protección porque se entiende que sí se han visto vulnerados los derechos de las personas.

“Quienes quieran sumarse deben descargar un formulario que está en el sitio web de la Municipalidad de Curicó (www.curico.cl), pueden acercarse físicamente también a las oficinas municipales y la idea es que puedan completar allí la información. Son algunos datos personales como número de cliente y es poder describir la situación de la que han sido víctimas. Es muy importante que este formulario debe venir con la firma de las personas. Que haya una autorización explícita de esta ciudadana o de este ciudadano manifestando su reclamo y con esa información nosotros vamos a seguir los dos caminos de reclamos posibles hoy día, que es por la vía administrativa y que es también por la vía judicial”, explicó.

Esta iniciativa fue reforzada por el alcalde Javier Muñoz quien indicó que el municipio ha implementado un procedimiento para que la comunidad pueda manifestar su intención de sumarse a las acciones legales. “En Curicó decimos ¡Basta!, descarguen el formulario en curico.cl, envíenlo a reclamossec@curico.cl y hagamos valer nuestros derechos. El plazo vence el día lunes 6 de junio”.

Plazos

Cuando se trata de un derecho que ha sido vulnerado, para poder interponer un recurso de protección hay ciertos plazos normativos que no se pueden extender. Por lo mismo, y como los problemas de energía más fuertes en este año corresponden a las últimas dos semanas de mayo, la fecha límite para recibir los antecedentes es el próximo lunes 6 de junio a las 14:00 horas.

LIBERTAD DE PRENSA :
La candidata a alcaldesa por Curicó, Macarena Pons (IND/UDI), decidió interponer un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Talca, en contra de CCN Crónica Noticias, por audios publicados

La aacción judicial en contra de Crónica Noticias es tras la publicación del audio que la involucraba en un control sanitario en el cual se le cursó un sumario por no portar el permiso en cuarentena.

¿Qué busca este recurso de protección?

busca la eliminación de toda publicación que tenga relación al hecho ocurrido, la cual solicitó al tribunal que se proceda a retirar las publicaciones y audios referido en el presente recurso”.

Sumado a aquello, se nos solicita informar la fuente periodistica de la cual se obtuvo dicho audio.

ESCUCHAR EL AUDIO

Nuevo escándalo enfrenta el Municipio de Molina.

Esta vez dice relación con una acción judicial en contra de su Edil, Doña Priscilla Castillo Gerli, demandada por parte del Consejo de Defensa del Estado en representación de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), causa que se encuentra con Sentencia en el Primer Juzgado de Letras de Talca, donde se declara el abandono de larga data por parte de dicho Municipio de la construcción del un jardin infantil y sala cuna que tenía por objeto beneficiar a 46 niños y niñas de la Población Don Enrique de la comuna de Molina.

Todo se remonta al año 2012, cuando se suscribe el convenio entre las partes, (JUNJI y Municipio de Molina), sin embargo posterior al año 2012, y en el primer periodo de la actual edil, a través de tres pagos, la JUNJI traspasa la suma de $66.506.811, equivalente a la mitad del monto total del proyecto, para que se concretara su construcción.

Sin embargo, debido a que la demandada persistiera en sus incumplimientos, con fecha 30 de diciembre de 2013, mediante Ord. No152320, la Directora Regional de Junta Nacional de Jardines Infantiles comunicó a la I. Municipalidad de Molina, en el ejercicio del derecho que se le otorgó expresamente en la cláusula Novena del convenio, el término unilateral del mismo, lo anterior, debido al escaso avance del edificio, incuplimiento de contrato y abandono de la obra, que hoy está convertida en un inmueble a medio terminar, que es utilizado para el consumo de drogas y acumulación de basura, en desmedro del bienestar de los vecinos y de su anhelado proyecto de contar con un jardin infantil.

La sntencia dictada por el Primer Juzgado de Letras de Talca, establece categóricamente “QUE SE ACOGE LA DEMANDA PRINCIPAL DE FOLIO 1, de conformidad con lo expuesto en el considerando undécimo de autos, y en consecuencia, se declara que en virtud de los incumplimientos de la demandada al Convenio de Transferencia de Fondos para la Ejecución de Obras suscrito entre ambas partes del juicio, y habiendo la demandante puesto término al convenio, se condena a la demandada, ya individualizada, a pagar a JUNJI, la suma de $66.506.811.- (sesenta y seis millones pesos quinientos seis mil ochocientos once pesos), suma que deberá ser reajustada a contar de la época en que fue realizada la transferencia de fondos a la demandada, con costas.«

De esta manera, el Municipio debe restiuir esta vez más de $66 millones de pesos que deberán salir de las arcas fiscales, considerando los escasos recursos con los que se cuenta en plena pandemia, situación que se encuentra en absoluto desconocimiento de los vecinos de la comuna que por muchos años insistieron en saber qué ocurría con esta obra detenida, sin haber tenido nunca una respuesta clara por parte de la Administracion Municipal

La acción judicial del CDE señala que Funcionario de alto cargo y además pareja de la actual alcaldesa de Molina Don SANTIAGO CORREA CORREA es “Demandado por el CONCEJO DE DEFENSA DEL ESTADO con mandamiento de ejecución y EMBARGO”, junto a otros cuatro funcionarios por el recordado caso NELSON TAPIA  y supuestas boletas ideológicamente falsas.

Todo se remonta a una denuncia realizada a Contraloria en el año 2012-2013  por la contratación del aquel entonces encargado de Deportes de Molina, Don NELSON TAPIA RIOS,  a quien le habrían pagado varios millones de pesos y que según se comentaba en ese entonces, no habrían  respaldos de sus labores deportivas en la Municipalidad  de Molina, denuncia de la cual se pensó que una vez más quedaría EN NADA.

Posteriormente, a través de investigación especial Nº 549 del año 2015 de la Contraloría Regional del Maule, determinó NO ha lugar el pago de honorarios de don NELSON TAPIA RIOS, de más de $18.000.000 (dieciocho millones de pesos), porque las labores no estaban acreditadas del connotado Arquero, como encargado de actividades extraescolares y deportivas de los colegios municipales de Molina. Involucrados en la irregularidad el en ese entonces Administrador Municipal  SANTIAGO CORREA CORREA y otros cuatro funcionarios más.

Así las cosas, y luego de no cumplir mandato de la Contraloría General de la República del año 2015, y luego de CUATRO AÑOS de juicios administrativos, ésta interpuso dos DEMANDAS CIVILES CON ROLES C-3788 Y C-38789 DE 2019 en el PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE TALCA.

Las actuales demandas se encuentran en la CORTE DE APELACIONES, y a pesar de haber usado ya el resquicio de apelar el demandado Sr. CORREA CORREA al TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, para detener el proceso judicial y dejarlo sin efecto, este Tribunal, recientemente y con fecha 30 de Agosto de 2020,  no acogió su solicitud de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, continuando su curso la actual demanda en el Juzgado de Talca.

Al respecto, quien demanda es EL CONCEJO DE DEFENSA DEL ESTADO, representando a LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, siendo Don Santiago Correa el PRIMER DEMANDADO de cuatro funcionarios más de alto mando en esos años. Lo que el Concejo de Defensa del estado pide es MANDAMIENTO DE EJECUCION Y EMBARGO de las propiedades del demandado, en las que se individualizan y llama tremendamente la atención una Propiedad tipo parcela de 5.000 metros cuadrados ubicada en San Jorge de Romeral de Molina y a nombre de Santiago Correa Correa (pareja de la actual Edil) y de Vanessa Castillo Gerli (hermana de la actual edil), además de un automóvil a nombre del demandado.

Así las cosas, se puede desprender, que efectivamente se han encontrado serias irregularidades al interior de esta administración y que luego de años, comienzan a salir a flote, no olvidemos que en dicho periodo las máximas autoridades de la comuna eran la actual alcaldesa Priscilla Castillo Gerli y su conviviente en ese entones Administrador Municipal, situación que fue denunciada anteriormente a  Contraloría regional del Maule, previendo situaciones como esta.

Estrategía electoral

La alcaldesa de Molina, Priscila Castillo, dijo a Cooperativa Regiones que «estamos a seis meses de las elecciones municipales y como soy candidata a la reelección esta es claramente una estrategia para perjudicar el trabajo que hacemos como equipo municipal».

La jefa comunal agregó que «somos permanentemente fiscalizados por la Contraloría y por el CDE y en siete años no hemos tenido problemas. Esta denuncia es del 2014 cuando Nelson Tapia trabajó con nosotros y se hizo porque él es figura pública. El proceso judicial aún no termina y tengo la confianza de que lo vamos a ganar».

Sobre estos dichos, el CDE remarcó que cumplen «con el imperativo legal de representarla judicialmente en el ejercicio de las acciones que procedan, en resguardo del interés público comprometido. (…) La demanda se funda en una sentencia del Tribunal de Cuentas del Órgano Contralor, fallo que goza del mérito jurídico suficiente para que este Consejo demande lo adeudado».

Desde el Concejo Municipal de Molina dijeron que la acción a seguir como cuerpo colegiado, es la acusación al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) en contra la alcaldesa por notable abandono de deberes.

(VIDEO TVN)