Tras un año de juicio, el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago finalmente absolvió al ex general en jefe del Ejército, Juan Manuel Fuente-Alba, y a su esposa Ana María Pinochet.

Al matrimonio se le acusaba de lavado de activos y malversación de caudales públicos con carácter reiterado entre los años 2010 y 2014 por 2.980 millones de pesos. Sin embargo, el tribunal no pudo acreditar los cargos formulados por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado contra el matrimonio.

Según la investigación, los acusados hicieron 635 movimientos en 1.265 días bancarios, lo que da el inusual resultado de una ida al banco cada dos días. El dinero, proveniente de la cuenta de “Gastos Reservados” del Ejército, fue utilizado en el pago de pies para departamentos, tarjetas de crédito, viajes, vehículos y depósitos en cuentas bancarias.

“Tengo la convicción que no he cometido ningún delito y, en consecuencia, vengo con toda tranquilidad a escuchar el veredicto del tribunal” dijo Fuente-Alba al llegar al tribunal esta mañana en Santiago. Sin embargo, momentos después  tuvo un encontrón con un periodista que lo increpó sobre cómo iba a justificar 3 mil millones en su cuenta personal.

Lo cierto es que Fuente-Alba y Pinochet, para los que la Fiscalía pedía 15 y 10 años de presidio respectivamente, recibieron esta mañana un veredicto absolutorio y el alzamiento de toda medida cautelar.

El próximo 5 de agosto se dará a conocer la sentencia.

Conocido militante del PARTIDO RADICAL de Curicó, Formalizado por fraude al Fisco y falsificación de instrumento privado mercantil

En el Juzgado de Garantía de San Fernando se realizó la formalización de diez personas en el marco de la investigación por el delito de fraude al fisco que afectó a la Corporación Municipal de San Fernando, investigación que tiene en prisión preventiva a Luis Berwart y arresto domiciliario a Juan Molina, ambos ex alcaldes de la comuna, mientras que se mantiene en prisión preventiva el ex administrador municipal, Pablo Bravo Cruz, quien también fue administrador municipal en la comuna de Sagrada Familia en el periodo del ex alcalde Francisco Meléndez, quien es investigado por el presunto fraude que supera los 3 mil millones de pesos.

Uno de los nuevo formalizados en este bullado caso de corrupción en San Fernando, es el curicano J.N.M, quien se encuentra privado de libertad en forma total en su domicilio de Curicó y resguardado por personal policial con rondas periódicas.

El ex director provincial de educación por Curicó. en el gobierno de Michelle Bachelet , ex funcionario de la municipalidad de Rauco y ex candidato a concejal y luego a Core y conocido militante del PARTIDO RADICAL , fue formalizado por encabezar la consultora profesional, “Dogma”, donde se firmaron contratos de asesoría técnica con la Corporación Municipal de San Fernando , asesoría educativa en la escuela Sergio Verdugo Herrera, por un costo de 5 millones mensuales, luego 7 millones de pesos mensuales.

“La empresa debía pagar un médico veterinario, inventario de animales en una granja educativa”

Desde la Fiscalía aseguran que se acuerda que emitiría facturas sin que debiese contratar personal o realizar dichas asesorías, cancelándole el IVA, quedado a disposición de los imputados como el ex alcalde Berwart el dinero restante.

Además fundo otra sociedad para atender requerimientos de papelería de la Corporación Municipal de San Fernando , pagándole facturas ordenadas por el ex alcalde Berwart, quien ordenó que se mantuvieran las compras a esta sociedad por la entrega de supuestos insumos por la suma de 59 millones de pesos.

Al curicano J.N.M. (Militante del partido Radical )Se imputan delitos de fraude al Fisco y el delito de falsificación de instrumento privado mercantil en carácter de reiterado, solicitando la Fiscalía la firma mensual, arraigo nacional y la imposibilidad de comunicarse con los co-imputados. En este caso puntual y por el carácter de los delitos, el Consejo de Defensa del Estado al ser delitos que afectaron área de salud y educación, solicitó una cautelar mayor de prisión preventiva.

El imputado formó parte de la Corporación, por lo que tenía un conocimiento de cómo funcionaba, así como poder desviar dinero, argumentaron. Al ser un mecanismo que según la jueza afectaron a la “sociedad toda”, se decretó la finalmente la medida cautelar de prohibición de comunicación con los co-imputado, arraigo nacional y arresto domiciliario total.

Ademas la formalización contempló a personas que se desempeñaron como ex trabajadores del municipio, prestadores de servicios y asesorías, proveedores, entre otros, los que en su mayoría entregaron facturas por trabajos que nunca realizaron.

Previo a la formalización, el tribunal determinó que los medios de comunicación por el principio de inocencia de los imputados, no podían compartir nombres ni rostros de los imputados, a lo que no se opuso la Fiscalía, petición que compartieron las defensas.

DIPUTADO ALEXIS SEPULVEDA

Crónica Noticias intento comunicarse con el diputado alexis Sepulveda , persona muy cercana a J.N.M . el cual manifestó que no  hablaría del tema por estar abocado solo a su trabajo como parlamentario independiente de su calidad de presidente del partido Radical en la región  del Maule .

El 52% de los municipios del país se encuentra vinculado a alguna investigación penal .

Esto según datos del consejo de defensa del estado

A través de un seminario, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) explicó que más de la mitad de las municipalidades del país es investigada por corrupción.

«Vemos con preocupación el aumento sostenible de causas relacionadas con infracciones penales en el ámbito municipal, y por supuesto que nos parece de la mayor importancia detenernos y hacer un análisis, y ver si es una tendencia o si es una situación temporal, y qué medidas podemos adoptar», explicó Juan Peribonio, presidente del CDE.

Según datos recabados por El Mercurio, el Consejo informó que en 2010 ingresaron 166 procesos, en 2015 se triplicaron y en noviembre del 2021 se llegó a 1.119 casos, repartidas en 260 municipalidades de las 345 existentes en el país.

De ellas, 489 causas son de materias penales que investigan delitos por cohecho, fraude al fisco, malversación de caudales públicos, negociación incompatible y tráfico de influencias, asociadas a 180 alcaldías.

Claudia Perivancich, fiscal nacional (s), también participó del seminario exponiendo sobre una de las complejidades para investigar este tipo de hechos, la cual tiene relación con los «sistemas de registro, en los distintos mecanismos de soporte de la información de la municipalidad, de su contabilidad y movimientos. Sus ingresos y gastos no son uniformes entre una municipalidad y otra, sino que no hay directriz nacional para ajustar esos criterios».