En su informe final N°916 de 2023, el ente contralor cuestionó la forma en que se iniciaron las labores de ejecución de algunos trabajos saltándose diversos procesos. El municipio realizó sus descargos en un medio local, por intermedio del jefe de gabinete de la alcaldesa, quien autodenominó a la actual administración, como “la más exitosa de todas”.

La Contraloría General de la Repúblico en su informe final 916-23 “Municipalidad de Cauquenes auditoría a las obras de construcción de infraestructura en ejecución – diciembre 2023”, pone en tela de juicio la “Construcción Centro de la Mujer” y “Construcción Infraestructura Social Multipropósito, Población Loyola”, al iniciar su ejecución sin contar con el respectivo permiso de edificación otorgado por el Director de Obras.

Esto incumple lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Por lo que procede que el municipio cauquenino implemente medidas correctivas, sobre todo que las obras al iniciar su construcción deben contar con el permiso de edificación otorgada por la Dirección de Obras Municipal.

A esto se suma que los trabajos presentan falencias de control técnico, las que no fueron advertidas por la ITO respectiva. Se agrega que la Municipalidad de Cauquenes autorizó y solventó el estado de pagos N°1 y las facturas electrónicas 169 y 133, omitiendo el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en las bases administrativas, además de otros montos no precisados.

Descargo municipal

El jefe de gabinete de la Municipalidad de Cauquenes, Terán Valenzuela, se refiere a los cuestionamientos del ente contralor en una radioemisora local, asegurando que la transparencia de esta administración es absoluta en todo ámbito, que están disponibles para cualquier consulta y que los errores que se podrían cometer son fáciles de ser subsanados.

Instancia en que calificó a la administración de la alcaldesa Nery Rodríguez, como “la más exitosa de la historia”, realizando con fondos propios una gran cantidad de proyectos e iniciativas, dejando de lado a otros alcaldes y sus administraciones.

Constituiría vulneración de derechos de los niños

Parlamentarios piden al Contralor que solicite información tanto a la directora nacional de la JUNAEB como al Ministro de Educación.

Los diputados de RN integrantes de la Comisión de Educación, Hugo Rey y Marcia Raphael, junto a Carla Morales y Diego Schalper, solicitaron a la Contraloría General que instruya un sumario administrativo en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) luego del retraso en el proceso de licitaciones vinculadas al Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el Programa de Alimentación Párvulos (PAP), así como también, del proceso de licitación de los denominados vales de colación correspondiente a la Beca de Alimentación de Educación Superior (BAES).

Para los diputados de RN esta situación “podría significar un complejo escenario de cobertura en el otorgamiento de las raciones alimenticias en los establecimientos educacionales, lo que constituiría una seria vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes”, indica el diputado Hugo Rey.

Respecto de los programas PAE y PAP, se establecen que han existido tres licitaciones y que con la llegada de la nueva directora, Camila Rubio, en agosto, se han introducido cambios para hacer frente al alza de los alimentos y que sería uno de los problemas para proceder a la adjudicación y que ahora se intenta controlar el precio, generar más competencia e incorporar a compañías pequeñas.

Producto además de las condiciones de postulación de las empresas, se presentó ante el Tribunal de Contratación Pública, basado en un supuesto actuar “ilegal y arbitrario” por parte de JUNAEB al excluir deliberadamente a empresas de mayor tamaño y que habían sido parte de licitaciones anteriores. Así se estableció un plazo de postulación hasta el 19 de enero, lo que implicaría -para los parlamentarios- que sea difícil que se cumpla con los plazos para dar cumplimiento a la compra y distribución de las raciones.

Respecto de la beca BAES que aumentó en $5.000, su licitación fue declarada desierta y no se ha vuelto a efectuar una nueva convocatoria.

Para el diputado Hugo Rey, lo que está sucediendo con la JUNAEB, “es alarmante y merece profundos cuestionamientos que el Estado, contando con los recursos suficientes para llevar adelante los procesos de licitación, llegue al punto de precarizar las condiciones alimenticias de millones de niños, niñas y adolescentes -en especial de aquellos con menores recursos- que esperan que dicha prestación sea proveída por el Estado en el marco del programa educacional”.

Además de desplegar campañas publicitarias sin estar habilitado el servicio

El parlamentario gremialista sostuvo que desplegar publicidad de las redes 5G en localidades que no existe esa tecnología, pero que la comercializan como si contaran con ella, “a mi juicio resulta muy grave y se deben aplicar las sanciones correspondientes”.

Un oficio dirigido a la Contraloría General de la República y subsecretaría de Telecomunicaciones  envió el diputado de la UDI, Felipe Donoso, con el fin de que las entidades le hagan llegar información respecto al Concurso 5G cuyas etapas se encuentran vencidas, además desplegar campañas publicitarias que comercializan el servicio en localidades donde no hay disponibilidad de la tecnología 5G por parte de las comunidades, especialmente en zonas rurales de la región del Maule.

En esa línea, el parlamentario gremialista solicitó conocer las etapas consideradas por cada concesionario y los elementos que serán verificados en cada uno de ellos, así como los plazos establecidos para que se presentarán las respectivas solicitudes de recepción de obras.

Asimismo dijo el diputado por El Maule, “requiero información del estado actual de recepciones de obras de los concesionarios adjudicatarios de concesiones, denominadas de 5G, para las bandas de frecuencias 700 MHz, 2100 MHz, 3500 MHz y 26 GHz”.

El legislador por el Distrito 17 busca además que se le informe acerca de la procedencia del cobro íntegro de las boletas de garantía, y los criterios establecidos para aceptar o rechazar las obras, así como referirse al caso particular de la necesidad de disponer de una frecuencia con tecnología 4G para permitir la operación de la nueva tecnología 5G, y si esta señal 4G se encontraba autorizada en todos los casos.

A lo anterior, Donoso pidió un informe para cada concurso el porcentaje de recepciones de obras realizadas en las Centrales o NOC de los operadores v/s aquellas efectivamente realizadas en terreno por el equipo de fiscalización de Subtel, remitiendo copia de los informes técnicos y oficios respectivos que respaldan las Recepciones de Obra de cada sitio comprometido en los decretos que otorgaron las concesiones, acerca del cumplimiento de los anexos relativos a cada una de las bandas a que hace referencia.

Finalmente, el diputado Felipe Donoso solicitó conocer copia de los Informes de la División de Fiscalización de SUBTEL sobre la publicidad que realizan los concesionarios adjudicados para desplegar publicidad de las redes 5G en localidades que no existe esa tecnología, pero que la comercializan como si contaran con ella, “a mi juicio resulta muy grave y se deben aplicar las sanciones correspondientes”.

Hugo Rey Martínez: «Defendimos ante la Contraloría General de la República, el derecho que concede la Ley de un descanso reparatorio por 14 días para las trabajadoras y los trabajadores de la salud».

Hoy durante la mañana, el Diputado Hugo Rey junto a Américo Guajardo Oyarce   Alcalde de Río Claro sostuvieron reunión con el Contralor General de la República, luego de que El órgano fiscalizador de la región de Atacama, estableció, que los funcionarios de salud no podrían hacer uso del beneficio quienes hayan hecho uso de licencia médica por enfermedad.

En virtud de lo anterior, Hugo Rey, señaló: «Concurrimos Junto a Américo Guajardo Alcalde de Rio Claro Claro, ante el Contralor General de la República, a quien solicitamos un pronunciamiento positivo para los funcionarios de la salud».

En este contexto, «Contraloría nos indica que esto se resolverá positivamente, para los funcionarios, siendo esta una buen noticia, que reafirma el reconocimiento que el País hizo a todos los funcionarios de la salud, por la tremenda labor desplegada al cuidando de todos los chilenos y chilenas”, finalizó el parlamentario Hugo Rey Martínez.

Tras la reunión de cerca de 100 alcaldes en la comuna de Chiguayante, donde abordaron los lineamentos para vender gras a precio justo a los vecinos, fueron muchos los chilenos que se mostraron expectantes para que esta iniciativa se concretara a la brevedad

Sueño que podría verse truncado, luego que este lunes la Contralaría, expresara que la ley no permite que los municipios vendan gas a precio de distribución a los vecinos.

De acuerdo con el ente regulador el «marco normativo vigente no contempla autorización para que las municipalidades puedan vender gas».

Ante este pronunciamiento el alcalde de Pelarco, Bernardo Vásquez, manifestó a Radio Cooperativa «con esto se nos cierra la puerta y llamamos a los convencionales y parlamentarios a modificar la Ley».

Hay que recordar que la Asociación de Municipios Libres presentó la iniciativa «Gas Popular», la que busca lograr un acuerdo con la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), para distribuirlo a precios más bajos que los que hoy ofrece el mercado, concentrado en las grandes empresas.

La denuncia había sido realizada el pasado mes de febrero a Contraloría por el ex Alcalde de Sagrada Familia Francisco Meléndez Rojas, por servicios que Felipe Méndez, concejal y actual candidato a alcalde por la comuna de Molina, supuestamente no había realizado y por los cuales había recibido pagos injustificados.

Los hechos fueron respondidos por el municipio, así como dicha información fue ratificada por el órgano contralor, señalando que los servicios si fueron prestados por el Concejal Mendez en su calidad de funcionario a honorarios de la Dirección de Desarrollo Comunitario de Sagrada Familia; donde además, según la legislación vigente, se le deben prestar las facilidades para la realización de la labor edil.

El documento afirma un cumplimiento contractual y de las labores administrativas correspondientes a la gestión de los proyectos de viviendas sociales, y que por consecuencia, no existe ningún tipo de pago irregular por parte del Municipio de Sagrada Familia, en tanto la labor desempeñada por el señor Méndez Guzmán, puesto que dicha función fue realizada y comprobada mediante los respectivos informes y boletas de honorarios correspondientes.

A lo anterior, el edil de Molina y Candidato a Alcalde de Molina Felipe Méndez señaló que lamenta que este tipo de denuncias injustificadas se presten como intento de objetar ciertas candidaturas en épocas electorales; pero que evidentemente la contraloría iba a desestimar una denuncia absurda, puesto que el trabajo que ha realizado en el Municipio de Sagrada Familia en el área de vivienda ha sido muy beneficioso para mas de 400 familias a las que ha podido gestionar sus viviendas a través del municipio.

 Documento completo.

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Durante el debate de la reforma al Código de Aguas, que comenzó el pasado 17 de agosto en la comisión de Constitución del Senado, el senador RN Rodrigo Galilea pidió la palabra para responder al presidente de la instancia, el PS Alfonso de Urresti, quien en su introducción deslizó que esta discusión estaría cruzada por intereses particulares, cuestión que Galilea lo entendió como una ofensa. “Señor presidente, usted partió sus palabras diciendo que nosotros estaríamos procurando más plazo para los derechos de agua y que ese sería el interés en esta discusión. Y debo decirle que yo encontré un poquito ofensivas esas palabras. Porque aquí nadie está defendiendo intereses particulares de ningún tipo”. Lo que el senador por El Maule omitió, sin embargo, es que través de múltiples entidades que integra, declara poseer una treintena de derechos de aprovechamiento de aguas, principalmente asociados a Inversiones Inmobiliarias Limitada. Pero el vínculo de Rodrigo Galilea con el mercado del agua no queda ahí. Sus hermanos Felipe y Pablo controlan Aguas San Pedro S.A, una sanitaria familiar, cuyo directorio fue integrado por Galilea hasta el 2016.

El pasado 17 de agosto se dio inicio al debate en la comisión de Constitución del Senado de la reforma al Código de Aguas. Ese día, uno de los integrantes, el senador RN Rodrigo Galilea le respondió al presidente de la instancia, el PS Alfonso de Urresti: “Señor presidente, usted partió sus palabras diciendo que nosotros estaríamos procurando más plazo para los derechos de agua y que ese sería el interés en esta discusión. Y debo decirle que yo encontré un poquito ofensivas esas palabras. Porque aquí nadie está defendiendo intereses particulares de ningún tipo”.

Tras 9 años de tramitación y haber sido aprobada por la Cámara de Diputados y las comisiones de Recursos Hídricos y Agricultura del Senado, la iniciativa pasa por un complejo escenario.  Galilea junto a Luz Eliana Ebensperger (UDI), además del Ejecutivo, intentan abrir la discusión a materias que según un informe preparado por los ex senadores Andrés Allamand y Víctor Pérez no tienen controversias de constitucionalidad. Posibilidad que podría desvirtuar el proyecto que tiene como objetivo priorizar el agua para consumo humano, la preservación de la naturaleza, las actividades de subsistencia.  En el fondo, dar un giro a una institucionalidad basada en la transacción económica.

El punto que no se discute o el dato relevante que se omite al fragor de este debate son  los intereses concretos que tanto empresas en las que el senador por El Maule participa directamente como su familia, tienen con el mercado del agua.  De acuerdo al portal Infoprobidad (www.infoprobidad.cl) de la Contraloría General de la República y el Consejo para la Transparencia, su nombre aparece vinculado en 13 sociedades y empresas en Chile, tres de las cuales tienen en total 29 derechos de agua: Inversiones Inmobiliarias Limitada (Filial de Inversiones Frutillar Limitada), Agrícola y Comercial El Volcán S.A. y Galilea S.A. de Ingeniería y Construcción (filial de Inversiones Inmobiliarias Limitada). En ellas concentra la mayoría de sus derechos consuntivos, entre subterráneos y superficiales.

Aunque en su declaración de patrimonio no se consignan caudales, el sistema online de la Dirección General de Aguas, para el caso de Galilea S.A. de Ingeniería y Construcción registra derechos de agua por sobre los 80 litros por segundo de derechos consuntivos (que se consumen y no se devuelven a la fuente). Es decir, casi 7 millones de litros al día si hiciera uso pleno de los derechos adjudicados. En paralelo, la empresa mantiene 29 autorizaciones de proyectos aprobados en el marco de la aplicación del Código de Aguas y 7 aún por resolver.

Pero el vínculo de Rodrigo Galilea con el mercado del agua no queda ahí.  Es su familia, mejor dicho sus hermanos, la que lo liga con mayor fuerza al negocio hídrico.

Negocio familiar

Un párrafo al final de la declaración de intereses de Galilea da cuenta de uno de los principales negocios de la familia: “Respecto de participación en sociedades cuyo objeto social se encuentra relacionado con explotación de mercados regulados por la autoridad, correspondientes a las sociedades Aguas y Riles S.A. y Aguas San Pedro S.A. (una sanitaria) y sus filiales, éstas fueron totalmente enajenadas con anterioridad a la presente declaración”.

Galilea participaba de esas sociedades, pero las dejó en el año 2016, según las memorias de Aguas San Pedro del año 2017, una vez comenzó su carrera en el Congreso. Efectivamente, hasta ese año Rodrigo Galilea Vial integró el directorio de Aguas San Pedro S.A, sanitaria que, según datos de su última memoria, al año 2019 contaba con 33 mil clientes distribuidos en concesiones en San Pedro de la Paz y Coronel (Región del BioBio), Buin, Pudahuel y Colina (Región Metropolitana), Chillán (Región del Ñuble), Puerto Montt (Región de Los Lagos) y Curicó (Región del Maule.

Pero aunque dejó la compañía, su familia sigue manteniendo el control.  Sus hermanos Felipe y Pablo son presidente y director de la compañía, respectivamente. La misma que en 2019 alcanzó una facturación neta superior a los 6.350 millones de pesos.

El control de estas empresas en la actualidad es a través de Inversiones y Asesorías Oriente Ltda. (63,96%) e Inversiones San Agustín Ltda. (36,04%).

Un informe de 2016 de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) reconoce a la familia Galilea como controladora de estas empresas. Por ejemplo, Felipe Galilea aparece como representante de Inversiones San Agustín Ltda. Y en una junta extraordinaria de 2013 de Aguas San Pedro, queda establecida la representación de Pablo Galilea Vial en Inversiones y Asesorías Oriente Ltda.

En Equifax, Rodrigo Galilea todavía aparece como socio de Aguas San Pedro, junto a su hermano Felipe. En cambio, en Inversiones San Agustín Ltda, sólo aparece Felipe.

De acuerdo al sitio de la DGA, aparecen derechos de agua consuntivos en las zonas donde opera que llegan a cerca de los 270 litros por segundo (poco más de 23 millones de litros al día).

Y según la Resolución Exenta 2820 de la DGA del 30 de diciembre de 2019, a Aguas San Pedro le correspondió pagar un total de 198,4 UTM de patente por no uso de aguas en dos afluentes de las provincias de Chacabuco y Maipo, en la Región Metropolitana.

Es decir, Galilea no podría votar ni ser parte de estas discusiones debido al artículo 5b de la Ley 18.918 Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la que establece reglas para participar en las discusiones y votaciones:

“Los miembros de cada una de las Cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive, o a las personas ligadas a ellos por adopción. Con todo, podrán participar en el debate advirtiendo previamente el interés que ellas, o las personas mencionadas, tengan en el asunto”.

El sistema de mercado por el cual se rige el agua en Chile ha llamado la atención a nivel internacional.  Recientemente el Relator Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, Léo Heller, señaló que “el gobierno chileno no cumple sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos si da prioridad a proyectos de desarrollo económico sobre los derechos humanos al agua y a la salud”.

El senador Galilea, antes de entrar a sesión de este jueves, dijo a El Mostrador escuetamente que «me salí de aguas San Pedro antes de asumir como Senador, en cumplimiento a lo que establece la ley. Yo no puedo tener participación en empresas que tengan tarifas reguladas por el Estado».

Conflictos de interés no declarados

Esta no es la primera vez que Galilea es sometido a escrutinio por sus posibles conflictos de interés en su labor legislativa.

En agosto del año pasado El Desconcierto publicó un artículo dando cuenta de cómo en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, donde se discutía el proyecto de protección de humedales urbanos, “el parlamentario de Renovación Nacional insistió infructuosamente en incorporar al ministerio de Vivienda entre los organismos responsables de establecer los criterios mínimos para la sustentabilidad de estos ecosistemas. Los objetivos de dicha cartera, en pro de disminuir el déficit habitacional y la urbanización, son algunas de las amenazas a los humedales al interior y en la periferia de las ciudades”.

“Previo a asumir en la Cámara Alta, el representante por el Maule fue presidente de la Constructora Galilea, de propiedad de su familia, la cual tiene múltiples negocios en el sur del país y en el extranjero, y a los cuales sigue vinculado… Es entre sus múltiples proyectos que se incluye uno relacionado con lo discutido y aprobado por la Comisión de Medio Ambiente en la que Galilea participó: la construcción de 704 viviendas en la zona aledaña al humedal de Angachilla, en Valdivia.  Este reservorio es uno de los 40 incluidos en la primera etapa del ‘Plan Nacional de Protección de Humedales’, impulsado por el Gobierno” consignó el artículo, revelando los intereses de Galilea y su familia.

Organismo exigió millonaria devolución al verificar desorden financiero y falta de control en recursos traspasados a la administración del alcalde Roberto Rivera.

Concejales Natalia Ramírez y Matías Fuenzalida advirtieron en 2018 la existencia de problemas de gestión, asegurando no haber sido escuchados por el edil vichuquenino.

El director del Servicio de Salud del Maule, doctor Luis Jaime, informó al alcalde Roberto Rivera que la Municipalidad de Vichuquén debe reintegrar el 35 por ciento de los recursos transferidos durante los años 2018 y 2019, y que tenían como destino el reforzamiento de la Atención Primaria en Salud.

La decisión de la autoridad se fundamenta en una auditoría financiera realizada al departamento comunal de Salud, a raíz de una denuncia efectuada por los concejales Natalia Ramírez y Matías Fuenzalida, en uso de sus facultades fiscalizadoras.

El Documento Reservado número 723 que remitió el doctor Luis Jaime exclusivamente a Roberto Rivera determina que “la Ilustre Municipalidad de Vichuquén debe efectuar un reintegro de recursos por un monto que asciende a $106.321.203, correspondientes a la suma de los saldos por rendir al 31.12.2018 y 31.12.2019” de los programas Desarrollo Biosicosocial, Fondo de Farmacia, Imágenes Diagnósticas, Atención Odontológica, Odontología Integral, Resolutividad, Servicio de Urgencia Rural y Vida Sana.

“Me parece totalmente impresentable lo que está ocurriendo. Desde abril de 2018 empezamos a pedirle al alcalde los estados financieros, se demoraron meses en entregar la información con la que pudimos realizar la denuncia en Fiscalía, Servicio de Salud y Contraloría. Es una situación que no puede ocurrir con dineros públicos, que son de todos los vichuqueninos, en programas que buscan mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Por eso, no puede ser que un mal manejo, una mala administración, el desorden financiero que tiene el alcalde Rivera en el departamento de Salud, finalmente repercuta en los vecinos de nuestra comuna”, manifestó la concejala Natalia Ramírez.

“No somos nosotros quienes decimos que, en la municipalidad, en el departamento de Salud, tienen una crisis financiera, a pesar de que nosotros lo advertimos en varios concejos municipales. Es el alcalde el que tiene que ver la solución para poder cubrir y devolver esos 106 millones de pesos. La comunidad tiene que saber que esto es un mal manejo del tema financiero por una tozudez del alcalde. Roberto Rivera es un tozudo, no escucha a nadie, es una persona que no le interesa la comuna de Vichuquén porque si le interesara, habría aceptado las críticas, las inquietudes que como concejales le hemos presentado en estos tres años. Él ha hecho oídos sordos a nuestras ideas y apoyos”, afirmó el concejal Matías Fuenzalida.

La auditoría del Servicio de Salud del Maule observó “debilidades concretas”, como la ausencia de conciliaciones bancarias, inexistencia de comprobantes de ingreso, incumplimiento de los plazos para rendir cuentas, rendiciones sin respaldar con Decretos de Pago Municipal, inexistencia de cartolas bancarias, gastos rechazados, además del extravío de 19 rendiciones de cuentas.

“No es un caso aislado, esto viene ocurriendo desde hace tiempo no solo en Salud. Estamos constatando que en Educación también están ocurriendo problemas financieros y desórdenes administrativos súper complicados, sobre los que hay una investigación en curso a través de Contraloría y la Superintendencia de Educación. Obviamente el responsable es el alcalde Roberto Rivera, él conoce la situación de su municipio y por lo tanto no puede ser que no se haya percatado de esto antes porque él es quien firma todos los documentos. El alcalde no tiene administrador municipal hace años. Entonces, la situación es grave porque no estamos hablando de un poquito de plata que faltó en un programa y que no se pudo rendir. Son temas graves que repercuten en la gente más vulnerable de nuestra comuna”, agregó la concejala Ramírez.

“La responsabilidad es del alcalde, él lleva a cabo la administración de la municipalidad, Salud y Educación. Él es el único responsable de lo que está sucediendo. Es una pena porque nosotros somos vichuqueninos y los que se ven afectados con esto es la comunidad, los funcionarios, la administración pública por un mal manejo, por una tozudez del alcalde por hacer lo que se le da la gana. Nunca nos ha escuchado, nunca ha aceptado una crítica constructiva, le hemos prestado apoyo. Han pasado 3 años, se van a cumplir cuatro años de su administración. Han sido años en que el departamento de Salud está muy al debe y en un peligro financiero absoluto. Es una pena tremenda para nuestra comuna, para nuestros usuarios y para el departamento de Salud de la comuna de Vichuquén”, argumentó el concejal Fuenzalida.

Natalia Ramírez y Matías Fuenzalida manifestaron su plena disposición para apoyar una solución a los problemas generados: proveedores de medicamentos con facturas impagas, reducción de las atenciones médicas y falta de elementos de protección personal para enfrentar la pandemia, tal como han denunciado los funcionarios de Salud en la comuna de Vichuquén.