Desde lo jurídico y policial el accionar de los inspectores municipales se ajusta a toda legalidad al momento de fiscalizar y decomisar especies o productos.

CURICO.-  Una enérgica respuesta a un grupo de comerciantes que en forma ilegal utilizan los espacios públicos del área céntrica de la ciudad y quienes en los últimos días realizaron una protesta acusando ser víctimas de “quitadas fantasmas”, dio a conocer el municipio local a través de su dirección jurídica.

Basado en los hechos y tras las declaraciones dadas a conocer en su momento, las que apuntan a que la municipalidad de Curicó, se niega a otorgarle una autorización para ejercer la venda de sus productos y donde también reclaman por el decomiso de especies de manera ilegal por parte de funcionarios municipales que cumplen la labor de inspectores, el director jurídico del municipio local, Juan Barrera, fue enfático en señalar que aquí los únicos ilegales, son quienes ocupan estos espacios públicos sin ningún tipo de permiso, calificando las aseveraciones de los comerciantes como de muy desafortunadas.

“Lamentablemente las declaraciones que han realizado los comerciantes ambulantes que están ejerciendo la actividad comercial de manera ilegal, son desafortunadas todas vez que sus afirmaciones acrecen de toda veracidad, por una parte y por otra parte  no se ajustan en nada a la legalidad vigente. La verdad es que los inspectores municipales que realizan la labor de fiscalización, lo hacen por mandato legal y además por un mandado legal que nace de la ley municipal amparado en la ley de rentas municipales, que es el decreto número 3.063 y su actuación se enmarca dentro del cumplimiento que establecen las ordenanzas municipales actualmente vigente y en particular y en este caso concreto la municipalidad de Curicó el años 2018 dictó el decreto exento Nro.2242 que reglamente el uso de los espacios públicos y en tal sentido la ordenanza establece explícitamente que la sanción para el ejercicio ilegal del comercio ambulante consiste en la aplicación de una multa que va de 1 a 5 UTM y que es aplicada por el juzgado de policía local y además el comiso de las mercaderías que tienen los comerciantes que ejercen ilegalmente esta actividad comercial, por lo tanto los inspectores municipales al realizar el decomiso de las especies están dando cumplimiento única y exclusivamente al imperativo legal que la reglamentación vigente dispone para tal efecto”, señaló el director Jurídico Juan Barrera.

Sobre el actuar de los inspectores municipales en las fiscalizaciones al comercio ilegal y el decomiso de especies o productos, se refirió el subcomisario de los servicios de la primera comisaria de carabineros de Curicó, capitán Erick Foster, quien fue claro en señalar que cada uno de los procedimientos son ajustados a la ley y que en la gran mayoría de los casos los funcionarios municipales son acompañados por personal policial, como una forma de brindar apoyo y seguridad dado a que en muchas oportunidades los comerciantes ambulantes ilegales reaccionan en forma violenta, contra los inspectores y contra los propios carabineros.

“Nosotros como carabineros apoyamos a los inspectores municipales en la fiscalización del comercio ilegal en el centro de Curicó, ya que la mayoría de las veces se hacen procedimientos en conjunto y de forma sorpresiva con la finalidad de cursarle las infracciones a estas personas y es así, que la mayoría de las veces carabineros acompaña a los inspectores municipales y ellos están facultados tal cual carabineros para cursar las infracciones realizando el procedimiento de rigor, se quitan las especies y éstas se remiten al juzgado de policía local correspondiente. Por lo tanto la labor de los inspectores municipales está ajustada a la ley y nosotros le prestamos la colaboración en la cobertura porque mayoritariamente  en las acciones que se realizan, estos comerciantes ilegales se ponen violentos con personal policial y con el personal municipal, entonces nosotros le realizamos la cobertura en caso de que se el procedimiento pase a un delito fragante, como lo es la agresión a uno de ellos”, indicó el capitan Erick Foster.

Por su parte, el presidente de la cámara de Comercio de Curicó, Víctor Dacaret, coincidió con la postura de la municipalidad a través de la dirección jurídica, señalando que la actitud de quienes ejercen la venta ilegal de productos en el sector céntrico de la ciudad ya no les causa asombro alguno, agregando que lo que hacen solo es presentar un reclamo que bajo todas  luces no corresponde y que lo que en verdad deben hacer es simplemente legalizarse y buscar un espacio donde puedan trabajar sin mayores problemas, tal cual lo hizo en su momento la FELICUR.

“Prácticamente ya hemos perdido la capacidad de asombro, porque el hecho que los ilegales estén reclamando una cosa que no les corresponde, eso ya es lo último. Ellos tienen que buscar la manera de legalizarse, no se trata de llegar e instalarse con un trapito en un par de metros en la calle y considerarse que ya tienen comprado sus derechos. No, lo que tienen que hacer es ver la manera de legalizarse y como yo lo he estado planteando hace muchos años que no solamente los comerciantes ilegales, sino que también los establecidos con permiso deben buscar un sector donde se instalen, así como lo hicieron después de muchos años los comerciantes de la FELICUR que estaba en la calle O´higgins y quienes se trasladaron a otro lugar y ahora están felices porque están en un recinto donde tienen luz, agua, servicios higiénicos. Entonces eso es lo que corresponde a ellos y no reclamar por algo que no les corresponde”, enfatizó Víctor Dacaret.

De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, cada una de las especies que son producto de decomisos por fiscalizaciones al comercio ilegal, son puestas en manos del juzgado de policía local correspondiente y no quedan en poder la de la municipalidad, por lo que las personas afectadas una vez que logran regularizar su situación, tienen el legítimo derecho a recuperarlas.

No es desconocido que la venta de vehículos a aumentado en los últimos dos años, realidad que vivimos diariamente en la región del maule y la palpamos a diario con la congestión que existe en la ciudad.

El año 2021, solo en la región del Maule se vendieron 17.341 vehículos, de los cuales 4.473 fueron vehículos de pasajeros y 12.868 livianos y medianos (suv, autos, camionetas), lo que configuró una variación de un 66,5% de vehículos adquiridos comparándolo con el año 2020.

El presente año 2022, no es muy diferente nuestra realidad, toda vez que en la región del Maule, se han vendido solo en el mes de Marzo del año 2022 un total de 1.769 vehículos livianos y medianos, acumulándose solo en el Maule, entre el mes de Enero y Marzo 2022, un total de 4.692 vehículos, todo esto según lo informa el mercado automotor por medio de ANAC A.G. en marzo de 2022.

Esto se explica, por la preferencia del consumidor de preferir un medio de transporte individual, considerando que este es más seguro.

Si ya sabemos que existen hoy en la Región un total de 4.692 nuevos vehículos, solo entre enero y marzo de 2022, diariamente se vendieron más de 50 vehículos, si los quisiéramos estacionar uno detrás de otro ocuparían 250 metros lineales aproximadamente, ósea diariamente necesitaríamos una cuadra nueva para estos nuevos autos, ahora bien hoy solo en la región del Maule, necesitamos 23,3 kilómetros lineales aproximadamente, para estacionar todos los autos comprados en el presente trimestre del 2023. Ósea la distancia que existe entre la plaza de armas de Curicó y la Plaza de Armas de Sagrada Familia.

En definitiva, cada auto nuevo congestiona la ciudad, se hace un uso ineficiente del espacio público, contamina y perjudica, por lo que cada uno de nosotros, que hacemos el esfuerzo de adquirir un vehículo, también hoy debemos aceptar el costo de la congestión, la demora, el tiempo y en definitiva la congestión vial.

Entonces, que hacemos con este tema?. Cuando tenemos un transporte público urbano deficiente, en cuanto a calidad, cantidad de servicios y frecuencias, los que no tienen capacidad económica de mejorar, por los actuales altos costos de combustible y repuestos, falta de recurso humano y falta de pasajeros, en donde operan de mejor forma los servicios rurales, quienes quitan pasajeros a los urbanos, servicios rurales que no resuelven el problema interno en la ciudad, por lo que termina produciéndose el efecto de hacerse más necesario usar el vehículo particular.

Hoy se anuncia un congelamiento de la tarifa del transporte público con letra chica, ya que esto, es solo para servicios regulados por el Ministerio de Transportes, afectando en la Región del Maule, solo a los servicios urbanos de la comuna de Linares, quienes tienen una zona de servicios especial y reguladas desde enero de 2021 y que pronto podría comenzar en la comuna de Curicó, siempre que el Ministerio de Transportes de el vamos a este proyecto aprobado el 2021 y siempre y cuando los empresarios de las cuatro línea de locomoción colectiva urbana de la ciudad de Curicó, firmen los acuerdos finales con el Estado. Recién ahí y solo ahí podría congelarse el precio de la tarifa en la ciudad de Curicó y no antes. Mientras tanto, la tarifa sigue siendo regulada por el mercado y los empresarios de transporte público tienen la libertad de subirla o bajarla previo aviso a la seremi de transportes.

El abogado Vinko Fodich, en representación de Nicold Orellana, solicitó a la fiscalía revisar las imágenes del video del condominio que registró el momento previo al accidente, en el que el cabo segundo Brayan Castillo Salgado, debido al impacto, sufrió la amputación de sus piernas.

Imágenes de la cámara de seguridad del condominio El Remanso, en el Camino Alto de Zapallar de Curicó, serían clave para establecer que los militares miembros de una patrulla de fiscalización y que estuvieron involucrados en el accidente donde uno de ellos perdió sus piernas, habrían incumplido protocolos de seguridad, poniendo en riesgo su vida y la de terceros.

Así lo aseguró el abogado defensor Vinko Fodich, en representación de Nicold Orellana, quien fue formalizada por su presunta responsabilidad en el atropello al cabo segundo Brayan Castillo Salgado, ocurrido la noche del viernes 8 de enero.

De acuerdo a Fodich –quien junto a los exfiscales Alejandro Peña y José Antonio Villalobos asumieron la defensa de la mujer- los dos miembros del Ejército, previo al accidente, “apagaron las luces del vehículo militar y se estacionaron en mitad del camino para abordar y controlar a dos ciclistas que circulaban en la zona, en pleno toque de queda”.

“Existen imágenes que pueden corroborar nuestra teoría respecto a la negligencia en la que incurrieron ambos soldados, lo que generó que nuestra representada no pudiera percatarse de la presencia de un vehículo militar estacionado en mitad del camino, y ocurriera –en consecuencia- este lamentable accidente”, agregó Fodich, recalcando que “ya solicitamos a la fiscalía que se pericien todas las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar y al mismo tiempo, se nos entreguen copias de las mismas”.

Asimismo, detalló que paralelamente “encargamos un peritaje privado tendiente a establecer que nuestra defendida conducía atenta a las condiciones del tránsito, siendo la causa basal del accidente, la maniobra imprudente del vehículo militar, ya sea del conductor o del oficial a cargo de la patrulla”.

Por último, lamentó la situación de la víctima, reiterando que “nuestra representada se encuentra muy afectada por lo ocurrido y dispuesta a colaborar en la investigación y todo lo que sea necesario para el esclarecimiento de los hechos”

Junto a Nicold Castillo, también fue formalizado por cuasidelito de lesiones graves gravísimas, el conductor del auto militar, Luis Ahumada, pues –según estableció el Ministerio Público- el camión del Ejército habría estado estacionado en un lugar no habilitado y sin elementos reflectantes o luminosos al momento de ser embestido por la mujer.

Mientras, Orellana continuará con arraigo nacional luego que la Corte de Apelaciones de Talca rechazara la prisión preventiva solicitada por los abogados de Brayan Castillo y ratificara la resolución del Juzgado de Garantía de Curicó.

Los hechos

Según relató el fiscal Enrique Fernández durante la audiencia de formalización de cargos “personal de la SIAT que trabajó en el lugar, pudo concluir que la responsabilidad en este accidente era tanto del conductor del vehículo militar, como también del conductor del vehículo particular».

“El primero se detiene en la calzada a efectuar un control a personas que estaba en la vía pública en horario de toque de queda, sin embargo, el vehículo queda en medio de la calzada, mientras que por su parte la conductora, no estaba atenta a las condiciones del tránsito, procediendo a colisionar y atropellar al funcionario militar, aprisionándolo contra el vehículo militar y a raíz de esto, este resulta con sus extremidades amputadas. En virtud de todo esto, en que existen responsabilidades de ambos conductores”, detalló el persecutor.

La Magistrado Titular del Juzgado de Licantén ordenó enviar antecedentes al Ministerio Público para que se investigue la eventual responsabilidad del  abogado Jorge  Yáber   Abusleme , quien habría asumido como abogado de la parte demandante y demandada en un mismo juicio.   La  jueza señala en su resolución que se busca “evitar que el abogado perjudique dolosamente a su cliente”.

Mediante resolución de 16 de septiembre de este año, la Jueza Titular del Juzgado de Letras de Licantén, Constanza Naranjo Alé, denunció al Ministerio Público de esa ciudad al abogado curicano Jorge Yáber Abusleme por el presunto delito de prevaricación.

Los hechos se suscitaron en una causa que se tramita en dicho tribunal, en la que el abogado Yáber, en representación de unos clientes, pidió el nombramiento de un juez partidor para terminar una comunidad existente sobre un sitio ubicado en el balneario de  Iloca.

Habiendo transcurrido menos de dos meses de que Yáber entablara la demanda, el mismo letrado presenta un escrito en el que comparece defendiendo a una de las personas que antes había demandado, lo que a juicio de la Magistrado Naranjo es constitutivo de delito.

Luego de esta decisión, el abogado denunciado presentó una reconsideración, la que fue desechada, señalando el tribunal que “pudiendo lo actuado por la parte demandante, en representación de la demandada, ser constitutivo del delito de prevaricación, previsto y sancionado en el artículo 232 del Código Penal, el cual propende a evitar que el abogado perjudique dolosamente a su cliente y los fundamentos vertidos en la resolución de fecha 16 de septiembre de 2019, no ha lugar al recurso de reposición interpuesto”.

El artículo 232 del Código Penal, citado en la resolución, sanciona al abogado que, teniendo la defensa actual de un pleito, patrocina a la vez a la parte contraria en el mismo negocio, arriesgando una pena de inhabilitación perpetua para ejercer la profesión.

Nota de actualización. Luego que la Corte de Apelaciones de Talca acogiera un recurso de protección interpuesto por el abogado Jorge Yáber en contra de la jueza denunciante, la Fiscalía de Licantén, con fecha 5 de diciembre de 2019, archivó provisionalmente la investigación dirigida en contra del profesional antes mencionado.