183 están en prisión preventiva

Se trata de hechos graves y de connotación que han afectado a personas y a locales comerciales principalmente en las comunas de Curicó, Talca, Constitución, Linares y Colbún, donde grupos organizados protagonizaron diversos hechos delictuales de forma violenta y portando armas de fuego.

Son en total 428 personas las que el Ministerio Público llevó ante la justicia formalizando cargos en su contra y obteniendo un total de 183 prisiones preventivas por parte de los tribunales de Garantía y para el resto medidas cautelares que aseguren la presencia del imputado en cada una de las actuaciones de investigación en su contra.

En torno a esta materia el Fiscal Regional Julio Contardo, señaló que  “del total de formalizados, 143 lo fueron por delitos de robos en lugar habitado y no habitado, 99 por robos con violencia o intimidación, 13 personas por homicidios, 04 por robo con homicidio, 114 fueron  por delitos de microtráfico de droga, y 54 por tráfico ilícito de drogas, más otros casos por tráfico de especies vegetales de la ley de drogas. Gracias al trabajo profesional y objetivo desarrollado en estas investigaciones, los imputados, en los casos graves y con  alto grado de compromiso criminógeno, permanecen hoy privados de libertad, decretándose la prisión preventiva de 183 personas por los Jueces de nuestra región; en tanto, el resto de los imputados se mantiene con medidas cautelares impuestas a fin de asegurar la comparecencia en todas las etapas del procedimiento seguido en su contra.

La máxima autoridad del Ministerio Público en el Maule al referirse a casos puntuales con personas detenidas, destacó el trabajo investigativo y policial de los hechos ocurridos durante las últimas dos semanas como el lamentable femicidio en Constitución que fue aclarado en solo horas de haberse perpetrado y los robos, violación y un homicidio en Villa Alegre, donde por estos delitos tres personas fueron formalizadas y enviadas a prisión. Otras investigaciones de más largo aliento a cargo de la Unidad de Análisis Criminal Sacfi desembocaron en la detención de 02 sujetos por tráfico de armas en Linares y otros por robos en la comuna de Colbún. Mientras que en Talca, mediante una eficiente investigación, se logra la detención y formalización de 4 sujetos que formaban parte de una peligrosa banda que operaba en esa comuna, cometiendo robos con intimidación haciéndose pasar por policías, quienes hoy se encuentran en prisión preventiva. En  Constitución, también, 4 imputados fueron formalizados por delitos de  tenencia de armas y municiones, siendo puestos, además, ante la justicia por delitos de homicidios en otras zonas del país. A todo lo anterior se suman los procedimientos derivados del trabajo sostenido por la Unidad Sacfi de la Fiscalía Regional,  como la fase final del  foco investigativo oxicorte, que culminó con la detención, formalización y prisión preventiva de 05  sujetos, que se unen a la banda criminal de un total de 34 formalizados en esta causa, permitiendo el esclarecimiento de 31 delitos de robos de cajas de seguridad en locales comerciales en la provincia de Talca…

A lo anterior se suma hace sólo unos días el procedimiento en Curicó donde se allanaron 17 domicilios con efectivos de la PDI y deteniendo a 12 personas, por los delitos de robos con intimidación, tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, tráfico de droga y receptación de autos robados, acogiéndose la petición de  prisión preventiva para 10 sujetos que formaban parte de este  grupo organizado.

Contardo finalmente destacó que aún queda mucho por hacer, pero – dijo – vamos por buen camino porque los  fiscales y funcionarios que forman parte del Ministerio Público en el Maule, están dado lo mejor de sí para desarrollar las investigaciones, llevar a los autores de ilícitos a que enfrenten la justicia y poder brindar protección a nuestra víctimas y testigos.

En un operativo desarrollado en el sector Parque Industrial de esta ciudad, detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de Talca, en coordinación con el Ministerio Público, lograron la incautación 604 litros de alcohol gel que no contaba con la autorización sanitaria correspondiente.

En este procedimiento policial se detuvo a un sujeto de 44 años de edad, sin antecedentes policiales, quien era el dueño del local comercial donde se ofrecían estos envases.

Los productos, que estaban listos para ser comercializados, mantenían un sello atribuido a otro tipo de resolución emitida por la Seremi de Salud. Es más las especies incautadas no mantenían sellos del Instituto de Salud Pública, único organismo habilitado para autorizar la elaboración de alcohol gel.

De acuerdo a la PDI, muchos de los envases incautados durante la jornada de ayer no tenían su rotulado y se desconoce si el contenido efectivamente corresponde a alcohol gel. Dada tal situación, la mercadería incautada será enviada al Laboratorio del Instituto de Salud Pública de la Región Metropolitana a fin de establecer su real contenido y si éste puede o no ocasionar un daño o deterioro a la salud de las personas.

En ese sentido, el jefe de la Bridec Talca, subprefecto Luis García señaló que a través de indagaciones realizadas por información sobre la comercialización de este tipo de productos en la vía pública y pequeños locatario, “se logró establecer un punto de venta al por mayor y al detalle en el sector Parque Industrial de Talca, donde se ofrecía botellas de 900 ml y 500 ml que contenían, según el comerciante, alcohol gel al 70%. Sin embargo, a la revisión del rotulado, no contaba con la autorización del Instituto de Salud Pública para su comercialización”, dijo.

El jefe policial aseguró que en el recinto intervenido por la PDI, además había envases que ni siquiera contaban con sellos, rótulo o inscripción que indicará su contenido real. “Esto, no sólo puede producir engaño en quienes quieran adquirir alcohol gel, sino que también más relevante es el peligro que puede provocar a la salud pública”, dijo el subprefecto García.

Desde la PDI se hizo un llamado a la comunidad para adquirir este tipo de productos que cuenten con la autorización sanitaria emitida por el Instituto de Salud Pública, y ante cualquier duda el número de resolución registrado en el envase puede ser consultado en el sitio web del mismo organismo sanitario.

El detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Talca para la respectiva audiencia de control de detención y posterior formalización por el delito de estafa.

Conforme al valor ofrecido en la vía pública, la PDI estimó en 3 millones 500 mil pesos los productos sacados de circulación durante la tarde de ayer.

Comunicador social pasa duro momento personal al ser víctima de fraude informático.

El domingo 3 de mayo, previo a su cumpleaños, el locutor de Radio, Sergio “Keko” Aguirre advirtió que su cuenta corriente del Banco Scotiabank había sido intervenida por terceros, quienes –suplantando su identidad– contrajeron dos créditos que en total superan los 20 millones de pesos, entre otros movimientos en la tarjeta de crédito.

A primera hora del día siguiente, Aguirre se comunicó con su ejecutiva de Santiago, quien –incrédula– no pudo explicar lo sucedido, limitándose a sugerirle que hiciera la denuncia respectiva.

Fue así como se dirigió a la Prefectura de Carabineros de Curicó, lugar donde dio cuenta a la autoridad policial del fraude informático del que acababa de ser víctima.

La denuncia fue derivada a la Fiscalía de Curicó, donde “Keko” Aguirre agradeció el buen trato y preocupación por parte de los funcionarios encabezados por el Fiscal Jefe, Miguel Gajardo.

A continuación de ello, se puso en contacto con el abogado Nelson Díaz Gálvez, quien asumirá su representación en tribunales. El profesional sostuvo que “estamos a la espera de la respuesta formal que debe entregar Scotiabank.  La situación es grave y nuestra prioridad será el aspecto patrimonial. Luego de ello, nos enfocaremos en la arista penal donde, evidentemente, concurren delitos como el uso fraudulento de tarjetas. Pero por ahora lo más importante es evitar que Sergio tenga que pagar una deuda millonaria que nunca contrajo”.

Por su parte, Keko manifestó  que tras un mes de haber vivido este desafortunado  episodio -el que sin duda ha generado momentos de angustia y preocupación para todo el grupo familiar, a causa  de la  vulneración de los sistemas de seguridad del banco y hackeo a la cuenta bancaria- pueda finalmente llegar a buen puerto  «deseo que este hecho pueda ser aclarado lo más pronto posible, ya que aún no tengo una respuesta concreta por parte del banco y así evitar el pago del cobro de cuotas por elevados montos que son imposibles de cubrir, y especialmente poder devolver la tranquilidad a la familia, precisamente  ahora, que la humanidad estamos viviendo momentos terribles debido a la pandemia, y donde cada vez estamos más sensibles y emocionales. Como también exponer esta vulneración de los sistemas de seguridad del banco, para que la comunidad esté alerta y no tengan que pasar por este difícil proceso» sentenció.

El llamado es a extremar los cuidados en tarjetas y cuentas bancarias, ya que los fraudes y estafas cada vez se están haciendo más comunes, sobre todo en estos tiempos de emergencia sanitaria.

En el contexto de una investigación por homicidio frustrado, realizada por detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de Talca, que data de fines del año pasado, el dia de ayer, lograron la detención de R.I.B.R., de 18 años, quien se encontraba prófugo desde el 16 de noviembre de 2019, fecha en la cual participó junto a C.V.A., de 18 años, en el delito de homicidio frustrado que afectó a un joven de 17 años de edad, ocasión en que le propinaron varias heridas cortopunzantes y golpes de pie y puño, las cuales lo dejaron moribundo en la vía pública, de la población Carlos Trupp, de esta ciudad.  La víctima resultó con lesiones graves, siendo intervenido en el Hospital Regional de Talca, donde se recuperó de sus lesiones.

Con la detención de este imputado, el caso queda policialmente resuelto y esclarecido, por cuanto el otro autor de las lesiones, fue detenido en los días posteriores de la ocurrencia de este hecho, encontrándose actualmente en prisión preventiva.

El día de hoy, el Ministerio Público formalizó al detenido, ante el Juzgado de Garantía de Talca, instancia que decretó la medida cautelar de prisión preventiva.

La Magistrado Titular del Juzgado de Licantén ordenó enviar antecedentes al Ministerio Público para que se investigue la eventual responsabilidad del  abogado Jorge  Yáber   Abusleme , quien habría asumido como abogado de la parte demandante y demandada en un mismo juicio.   La  jueza señala en su resolución que se busca “evitar que el abogado perjudique dolosamente a su cliente”.

Mediante resolución de 16 de septiembre de este año, la Jueza Titular del Juzgado de Letras de Licantén, Constanza Naranjo Alé, denunció al Ministerio Público de esa ciudad al abogado curicano Jorge Yáber Abusleme por el presunto delito de prevaricación.

Los hechos se suscitaron en una causa que se tramita en dicho tribunal, en la que el abogado Yáber, en representación de unos clientes, pidió el nombramiento de un juez partidor para terminar una comunidad existente sobre un sitio ubicado en el balneario de  Iloca.

Habiendo transcurrido menos de dos meses de que Yáber entablara la demanda, el mismo letrado presenta un escrito en el que comparece defendiendo a una de las personas que antes había demandado, lo que a juicio de la Magistrado Naranjo es constitutivo de delito.

Luego de esta decisión, el abogado denunciado presentó una reconsideración, la que fue desechada, señalando el tribunal que “pudiendo lo actuado por la parte demandante, en representación de la demandada, ser constitutivo del delito de prevaricación, previsto y sancionado en el artículo 232 del Código Penal, el cual propende a evitar que el abogado perjudique dolosamente a su cliente y los fundamentos vertidos en la resolución de fecha 16 de septiembre de 2019, no ha lugar al recurso de reposición interpuesto”.

El artículo 232 del Código Penal, citado en la resolución, sanciona al abogado que, teniendo la defensa actual de un pleito, patrocina a la vez a la parte contraria en el mismo negocio, arriesgando una pena de inhabilitación perpetua para ejercer la profesión.

Nota de actualización. Luego que la Corte de Apelaciones de Talca acogiera un recurso de protección interpuesto por el abogado Jorge Yáber en contra de la jueza denunciante, la Fiscalía de Licantén, con fecha 5 de diciembre de 2019, archivó provisionalmente la investigación dirigida en contra del profesional antes mencionado.

Profesional ya había sido formalizado el año 2015 por apropiarse indebidamente de un vale vista de un cliente por $28 millones. En dicha oportunidad, para evitar ir a juicio oral, llegó a un acuerdo con la víctima.

Por segunda vez en su carrera el abogado del Banco de Chile, Ricardo Rojas Menares, será formalizado por el Ministerio Público. En esta ocasión, la fiscalía le comunicará que está desarrollando una investigación en su contra por el presunto delito de prevaricación del abogado.

En la audiencia, que tendrá lugar el martes 16 de abril a las 9:50 horas en el Juzgado de Garantía de Curicó, el imputado Rojas Menares escuchará los cargos que le formulará el ente persecutor.

Según solicitud del Fiscal de Curicó, Francisco Bravo López, el imputado –en el marco de una supuesta asesoría legal– perjudicó a la víctima en cerca de $200 millones.

El modus operandi consistía en engañar a la clienta afirmándole que sus bienes estarían próximos a ser embargados. Producto de la desesperación, Victoria Rubio, oriunda de Litueche, le transfirió prácticamente todo su patrimonio a Rojas Menares, quien nunca se lo restituyó, perdiendo su casa, su vehículo y hasta los juguetes de sus hijos.

Recordemos que el mismo abogado, durante el año 2015, ya había sido formalizado por apropiación indebida de un vale vista por $28 millones de Saturnino Muñoz. En esa oportunidad, Rojas Menares prefirió evitar el juicio oral y devolvió parte del dinero a la víctima, quien también habría sido engañada de un modo similar a Victoria Rubio.

En esta ocasión, el delito que se le atribuye es el de prevaricación del abogado contemplado en el artículo 231 del Código Penal, que sanciona al abogado que “con abuso malicioso de su oficio, perjudicare al cliente”, arriesgando ser suspendido del ejercicio de su profesión.