Así que el Gobierno decidió poner urgencia a la famosa Ley Alberto, esa que obliga a los conductores del transporte público y privado a hacerse test de drogas cada seis meses. Perfecto, necesario, urgente… ¡pero esperen! Surge la pregunta que nadie quiere responder: ¿y los fiscalizadores también se harán el examen?
Porque, seamos honestos, si vamos a elevar los estándares de seguridad, que sea para todos, no solo para los que se sientan frente al volante.
Imaginemos la escena:
El micrero mostrando su test negativo, impecable, mientras el fiscalizador—que no pasó por ningún examen—lo revisa con voz pastosa y lentes oscuros a las 9 de la mañana. ¿Coherencia? Brilla por su ausencia.
La diputada Carolina Marzán dice que el caso de Valparaíso evidencia la necesidad de mejorar la seguridad en el transporte. Totalmente cierto. Pero mejorar la seguridad también implica que quienes supervisan, controlan y multan estén igual de limpios que los que manejan. Porque si no, es como poner un guardia dormido frente a una caja fuerte: se ve bonito, pero no sirve de mucho.
Si la idea es proteger vidas, prevenir tragedias y garantizar profesionalismo, entonces que la regla sea pareja.
Test para todos. Incluidos los que “fiscalizan”, “supervisan” y se hacen los importantes con un chaleco reflectante.
En fin… veremos si la Ley Alberto termina siendo una herramienta de seguridad o solo otro caso clásico de “haz lo que digo, no lo que hago”.
¿Y tú? ¿Crees que los fiscalizadores deberían entrar a la fila del examen también?
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