Molina – En una decisión contundente, el Tribunal Electoral Regional del Maule ha rechazado la solicitud de la exalcaldesa Priscilla Castillo Gerli de prescribir su caso, en el que enfrenta graves acusaciones por corrupción, abandono de deberes y uso indebido de recursos públicos para fines políticos.
El tribunal había declarado previamente admisible el requerimiento para inhabilitar a Castillo, quien es señalada por haber orquestado un esquema sistemático de malas prácticas durante su gestión en la Municipalidad de Molina. La información presentada revela que Castillo convirtió la municipalidad en una plataforma de propaganda política, utilizando de manera ilícita fondos públicos y recursos destinados a programas sociales.
**Manipulación de Recursos Públicos**
Según los testigos, Castillo obligó a funcionarios y trabajadores sociales, bajo el programa “Habilidades para la Vida”, a crear materiales publicitarios para su protegido político Gabriel Silva González. Detalles desgarradores emergen, incluyendo la utilización de recursos destinados a escolares vulnerables para financiamiento de campañas, mientras el equipo de Castillo realizaba actividades que atentaban contra la ética y la legalidad.
Los denunciantes han compartido relatos sobre cómo se desvían fondos destinados a niños, que en lugar de cumplir su propósito social, acababan en la promoción de candidaturas. Estos mismos trabajadores expresaron haber recibido presiones para participar en actos proselitistas, con amenazas sobre su futura contratación si no cumplían con estas tareas.
**Irregularidades Administrativas Aterradoras**
La Contraloría ha puesto de manifiesto una serie de irregularidades en la gestión de Castillo, que incluyen concursos públicos no realizados, sueldo pagados sin justificación y la falta de respaldo para sumas millonarias gastadas. Todo esto señala una administración plagada de desorganización y falta de transparencia, afectando gravemente el patrimonio municipal.
Con el rechazo de la petición de prescripción, Castillo Gerli enfrenta la posibilidad de ser inhabilitada por cinco años de cualquier cargo público. Esta decisión refuerza el mensaje de que el uso indebido de recursos públicos tiene serias consecuencias.
La ciudadanía de Molina ha dejado claro que no tolerará más el desvío de fondos destinados a mejorar la calidad de vida de las personas. Para más detalles sobre el caso, los interesados pueden acceder al sitio web www.termaule.cl con la causa 43-2025.
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