Tenemos que ser capaces y firmes para defender el sentido común.Aquí hay una desconexión brutal entre el Estado y las regiones.Ha llegado el momento de poner a nuestras provincias en el centro de la conversación.
Por: Carolina Torres P.
Ex seremi de agricultura
En el corazón de Chile, en las provincias de Curicó y Talca, le damos forma a una de las regiones más productivas del país como lo es la región del Maule. Aquí no solo se cultivan alimentos, también se cultiva trabajo, comunidad y familia. Sin embargo, hemos sido castigados una y otra vez con decisiones centralistas y alejadas de la realidad rural. Una de las más injustas, el pago de contribuciones a los predios agrícolas.
No hay sentido común ni justicia en que un pequeño o mediano agricultor tenga que endeudarse o dejar de invertir en su producción para pagar una carga tributaria diseñada para propiedades urbanas o de especulación. Estamos hablando de personas que producen riqueza real para el país, que generan empleos, que mantienen vivas nuestras tradiciones y que, pese a todas las dificultades, siguen apostando por el campo.
Cobrar contribuciones al mundo agrícola es un castigo al esfuerzo, a la resiliencia y al trabajo honesto. Es una medida que desconoce la estacionalidad del ingreso rural, los riesgos climáticos y la variabilidad del mercado, por eso es tiempo de terminar con esta lógica perversa que ahoga al productor y termina encareciendo los alimentos que todos los chilenos consumen.
Se debe impulsar una modificación profunda al sistema de contribuciones que permita eximir del pago a los predios agrícolas productivos, ya que, no puede ser que un viñatero en Curicó o un productor de cerezas en Sagrada Familia pague lo mismo que una empresa inmobiliaria en Vitacura. ¡Eso no es equidad tributaria, eso es una injusticia estructural!
Pero esta discusión también nos obliga a mirar más allá del campo. El Maule es, además, una región generadora de energía para todo Chile. Centrales hidroeléctricas, iniciativas en torno a parques solares y otros se han instalado o quieren instalarse en nuestros valles, cerros y ríos. ¿Y qué beneficio real reciben nuestras comunas? Ninguno.
Mientras las torres de alta tensión cruzan nuestros campos, nuestros hospitales siguen sin especialistas, nuestras escuelas siguen con techos con filtraciones, y nuestros caminos rurales se llenan de hoyos dificultando la conectividad vial. ¿Qué lógica puede justificar que una región que entrega electricidad al país entero tenga que seguir rogando por inversión pública básica?
Aquí hay una desconexión brutal entre el Estado y las regiones. Un centralismo que administra los recursos desde Santiago, pero que se olvida de dónde viene y quien produce esa riqueza, por lo que, es hora de establecer un mecanismo que, por ejemplo, entregue beneficios energéticos para quienes vivimos en regiones generadoras de energía, en esta caso para la región del Maule. Un mecanismo que asegure que parte de los ingresos que hoy van al nivel central se queden en el territorio, mejorando la calidad de vida de quienes convivimos, además, con los impactos de estas mega obras.
La descentralización no puede ser solo un discurso. Tiene que traducirse en beneficios concretos. ¿Queremos fomentar la inversión en energía limpia? Perfecto. Pero eso debe hacerse con respeto al territorio, y con un compromiso claro de retribución. No más sacrificios invisibles, no más desarrollo a costa de los de siempre.
Tenemos que ser capaces y firmes para defender el sentido común. No más contribuciones para el agricultor que produce, no más energía que se va sin dejar nada. No más decisiones tomadas entre cuatro paredes en Santiago que afectan la vida de quienes se levantan a sembrar, a cosechar y producir.
Ha llegado el momento de poner a nuestras provincias en el centro de la conversación, pero no como una región que pide, sino como una región que exige lo justo, porque si somos los que alimentamos y damos energía al país, merecemos algo más que promesas. Merecemos dignidad, inversión y respeto.
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