Graves irregularidades marcan la gestión de PRISCILLA CASTILLO En Molina : Contraloría y concejales denuncian uso político de recursos municipales y notable abandono de deberes
La figura de Priscilla Castillo Gerli, exalcaldesa de Molina, enfrenta uno de los momentos más críticos tras su salida del cargo. Dos contundentes documentos oficiales revelan una gestión marcada por irregularidades administrativas, uso indebido de recursos públicos y una alarmante confusión entre el rol institucional y el proselitismo político.
Por un lado, el Informe Final N° 13 de 2025 de la Contraloría Regional del Maule detecta graves faltas a la legalidad en compras, licitaciones y transferencias, incluyendo gastos improcedentes, adjudicaciones irregulares y la utilización de dependencias municipales para fines electorales. El informe detalla cómo se destinaron fondos públicos para financiar actividades que no cumplían ningún propósito municipal claro, beneficiando a proveedores seleccionados sin el debido proceso. Particularmente escandaloso fue el hallazgo de material propagandístico de campaña en oficinas municipales, con la imagen de la propia alcaldesa junto al candidato oficialista, Gabriel Silva González.
A la par, un grupo de concejales presentó un requerimiento ante el Tribunal Electoral Regional del Maule, solicitando la inhabilitación por cinco años de Castillo para ejercer cargos públicos, por notable abandono de deberes y faltas reiteradas a la probidad administrativa. En dicho documento se expone, con declaraciones de testigos, cómo funcionarios municipales fueron obligados a participar en actividades de campaña política durante su jornada laboral, utilizando insumos y recursos del programa “Habilidades para la Vida” —financiado por JUNAEB— para favorecer al candidato impulsado por la exalcaldesa.
Ambos informes coinciden en retratar una administración que instrumentalizó al municipio como plataforma política personal, vulnerando principios fundamentales del servicio público. El daño a la fe pública, la manipulación de programas sociales con fines electorales y el despilfarro de recursos fiscales ponen en tela de juicio no solo la gestión de Castillo, sino también los controles internos del municipio durante su mandato.
De prosperar las acciones legales, Priscilla Castillo podría quedar formalmente inhabilitada para ejercer funciones públicas, sellando así el oscuro legado de una gestión que dejó a Molina con más preguntas que respuestas.